Otra vez un individuo, supuestamente con un trastorno mental. Otra vez armas semiautomáticas, cargadores largos. Y otra vez una matanza en Estados Unidos. La única diferencia esta vez es que la mayoría de las víctimas fueron niños y niñas de 6 y 7 años de edad. Todo lo demás, más de lo mismo.

Una encuesta del diario The Washington Post y la cadena abc de televisión notó esta semana, por primera vez, que más de la mitad de las personas en Estados Unidos cree que estas matanzas a balazos son más un problema social que un problema de individuos sueltos y locos.
Desde 1994 ha habido en Estados Unidos por lo menos 70 incidentes en los cuales un individuo o un grupo pequeño de individuos, con arsenal abundante y misión suicida, ha atacado escuelas, centros comerciales, templos o cines dejando atrás decenas de muertos y heridos antes de volarse el seso con su exceso de balas.
Cada año las armas de fuego dejan unas 30 mil personas muertas y otras 70 mil heridas y, aunque los incidentes en los que hay más de una decena de víctimas son los que saltan a la atención mundial, de acuerdo con la definición de “matanza” que usa la Oficina Federal de Investigaciones (fbi) –cuatro o más muertos– ocurre en el país en promedio una matanza cada dos semanas.
Las cifras, aisladas, impresionan mucho. Puestas en contexto, no tanto. Éste es un país con unos 315 millones de habitantes, entre los cuales hay distribuidas más de 250 millones de armas de fuego. En el vecino México, con 114 millones de habitantes, más de 50 mil personas han muerto por la violencia de la droga en seis años, y cada día hay historias de secuestrados, degollados y desaparecidos. A casi tres décadas de concluida la guerra civil en El Salvador y Guatemala, cientos de personas siguen “desapareciendo”, y la violencia en Colombia ha cobrado cientos de miles de vidas en décadas de una guerra que no tiene fin.
Pero algo peculiar de Estados Unidos es este tipo de incidentes, en los cuales el atacante, en general, es un hombre joven, aunque en la balacera de 1999 en la escuela secundaria Columbine, de Colorado, fueron dos los que apretaron los gatillos. Los ataques ocurren en sitios donde habitualmente no hay mucha vigilancia policial, lugares que la policía califica como “blancos fáciles”. Y las víctimas, también en general, caen al azar, sin relación alguna con el homicida suicida que las balea.
Casi 85 por ciento de estas matanzas ocurridas en las últimas tres décadas en todo el mundo, han sucedido en Estados Unidos.
Y la reacción de los estadounidenses sigue un guión ya bien conocido: congoja, horror, denuncias acerca de la abundancia de armas y el acceso fácil a ellas, defensas airadas de la segunda enmienda de la Constitución que consagra el derecho al porte de armas. Y luego las acusaciones y recusaciones de los políticos acerca de las leyes que proponen pero no aprueban, y si las aprueban no las reglamentan, y si las reglamentan no se aplican.
Y todo queda en los registros de los periodistas… hasta la próxima matanza, cuando todas las salas de redacción se apuran a sacar la cuenta a ver si ésta es “la peor” de todas o sólo “la peor en una institución educativa”, o “la peor de las últimas dos décadas”.

LA PEOR. La matanza de la semana pasada en la escuela Sandy Hook, de Newtown, Connecticut, añadió otro grado de “peor”: las víctimas fueron 20 niños y niñas de 6 y 7 años de edad, junto con la directora, cuatro maestras y la psicóloga escolar. El individuo había matado a su madre antes de perpetrar su carnicería, que sólo terminó con su suicidio.
Las imágenes, repetidas hasta la saciedad, de niños y niñas que empezaban a florecer, que ya mostraban un carácter, preferencias, futuros posibles que quedaron truncados, han dolido al país. El presidente Barack Obama concurrió a Newtown para dar consuelo y la congoja le interrumpió la breve alocución. Alcaldes, gobernadores, jefes de policía, miembros del clero y hasta políticos profesionales –de esos que uno cree que ya no les queda corazón– se han atragantado estos días al hablar de la tragedia. Y recién ahora una encuesta encuentra, por primera vez, que una mayoría leve de personas en Estados Unidos cree que hay algún contexto social, algo en la sociedad y la cultura del país que germina estos yuyos venenosos.
El debate en torno a las armas de fuego, en cambio, transcurre de acuerdo con el mismo guión.
Los adversarios de la venta y posesión de armas de fuego repiten todos los sermones acerca de la solución pacífica de los conflictos, y que “no podemos volver al Viejo Oeste donde la gente hacía justicia por mano propia”, y las muchas interpretaciones psicosociales de la violencia. Hasta ahora, eso no ha detenido a un solo atacante suicida.
Los defensores de la segunda enmienda sostienen que si hubiese más ciudadanos responsables pertrechados, instruidos y duchos en el uso de armas, no ocurrirían estas matanzas. Hasta ahora no ha habido un solo caso conocido en el cual la presencia y acción de uno de tales beneméritos ciudadanos armados haya interrumpido la balacera de un atacante suicida.

Ejemplo. Mientras los políticos de toda cepa siguen discutiendo qué hacer respecto a las armas y la violencia, hay quienes toman medidas prácticas.
Este pasado fin de semana, tal como ha ocurrido puntualmente después de cada matanza, subió notablemente el número de personas que inician los trámites para la compra de un arma de fuego. El fbi, que lleva a cabo la revisión de antecedentes de los potenciales compradores, realizó entre enero y noviembre más de 16 millones de esos trámites, y espera terminar el año con la cifra, sin precedentes, de unos 18 millones de pedidos gestionados.
Visto desde otros países, quizá la reac­ción natural tras una de estas matanzas es el horror a cualquier cosa que tenga un gatillo y un cargador. No lo es aquí: cada persona piensa que, si se viese en una situación en la cual un delirante empieza a los balazos, uno quisiera tener su pistolita calibre nueve milímetros para dejarlo frito.
David Thweatt, director de escuelas públicas en el pueblito de Harrold, al noroeste de Fort Worth, en Texas, decidió en 2006 que había llegado el momento de pertrechar al personal de la única escuela del pueblo, que sirve a un centenar de alumnos desde jardín de infantes a la secundaria.
Antes de 2006 ya había habido otras matanzas en escuelas y Thweatt había ordenado la instalación de cámaras para la vigilancia de su escuelita. Y en octubre de ese año diez niñas de entre 6 y 10 años fueron baleadas a muerte en una escuela de los amish en Pennsylvania. Pocos meses después un joven, también con problemas mentales, mató a 32 personas e hirió a otras 17 en la Universidad Tecnológica de Virginia, donde se suicidó.
“Nuestro plan para una emergencia era el mismo que tenían en Virginia Tech: se trancan las puertas de las aulas, y que los alumnos se echen bajo los escritorios o tan lejos como sea posible de la trayectoria de las balas perdidas –explicó Thweatt–. Y eso es exactamente lo que hicieron en Virginia Tech. Vea el resultado.”
Harrold queda a 20 minutos de la comisaría policial más cercana. En Newtown pasaron unos cuatro minutos entre la primera llamada de emergencia desde la escuela Sandy Hook y el fin de la balacera.
Thweatt no quiere darle esa oportunidad a un eventual chiflado: algunos miembros del personal escolar –él no dice quiénes ni cuántos– han recibido instrucción en el manejo de armas y las tienen en la escuela. “El viernes, después del incidente en Connecticut, tuvimos aquí una demostración de emociones de los padres y las madres de nuestros alumnos –dijo Thweatt–. Y también una demostración de gratitud porque nosotros tenemos aquí cómo proteger a sus niños.”