Brecha Digital

El discurso de la inseguridad

Decir que la inseguridad es un discurso, tal como afirmó en una entrevista con Brecha (30-XI-12) el investigador brasileño José Vicente Tavares, implica sostener que no es un sentimiento natural, respuesta subjetiva espontánea e inmediata al hecho delictivo objetivo. A diferencia de los animales, que identifican instintivamente a su alimento, su pareja sexual y las amenazas a la supervivencia, los seres humanos nos relacionamos con esas realidades, con los placeres y sufrimientos que nos ocasionan, por intermedio del lenguaje.

Es por eso que hay comida china o mexicana, perversiones o inhibiciones sexuales, valentía ante el peligro, miedo a la oscuridad o fobia a los insectos. Quienes hablan sobre el sentimiento de inseguridad confirman esto, ya que lo identifican –o lo confunden–con discursos ideológicos, posiciones políticas de derecha, manifestaciones psicopatológicas (fobias, obsesiones, delirios), estadísticas criminológicas o con un discurso de sentido común en relación con el riesgo. Lo único que le da unidad a esta diversidad fenomenológica es la demanda de seguridad dirigida al Estado.
En Uruguay, la inseguridad siempre está referida al delito, especialmente al asalto o al homicidio. Esos delitos le permiten construir, al discurso de la inseguridad, un conjunto, un nosotros, a partir de un rasgo que identifica: “Todos podemos ser víctimas”. Todos padecemos una amenaza que nos es ajena, exterior y referida al futuro probable y no al delito ya ocurrido. El discurso refiere siempre al riesgo de ser víctima y a la impotencia de acotar ese riesgo o, lo que es lo mismo, a la impotencia de acotar el poder del delincuente. Las personas que se sienten en riesgo tienen la certeza de que tarde o temprano, sin necesidad de estudiar la probabilidad, serán víctimas. “Éste es el principal logro del discurso de la inseguridad; nos convenció de que estamos en riesgo sin ninguna valoración de las probabilidades”, explicaba Tavares en la mencionada entrevista. Ellos, los otros, los victimarios, son los que transgreden la ley y pisotean el bien común, el orden, la paz, el progreso y hasta la vida misma. De este otro lado, nosotros. Ya lo dijo Pedro Bordaberry en plena campaña para bajar la edad de imputabilidad: todo aquel que disienta con su propuesta se pone “del lado de los delincuentes”.
El problema es que ellos, los delincuentes, no son sólo los declarados culpables por la justicia, sino también los sospechosos de haber cometido algún delito y los que por cualquier motivo nos intimidan. A decir verdad, no les tenemos miedo porque son delincuentes, sino que es más bien al revés: porque les tenemos miedo, creemos que son delincuentes. De ahí la importancia de las contravenciones. De ahí que en todo este discurso sobre la inseguridad, una parte importante tenga que ver con los estigmas. Ellos nos permiten identificar y perseguir preventivamente a la amenaza. A ellos, los que tienen costumbres, hábitos o estilos que no se corresponden con los estándares estéticos y morales que impone el sentido común, es a quienes hay que identificar y encarcelar. Al que usa championes y gorrito, al que se remanga los pantalones, al que se tiñe de rubio y al que escucha cumbia villera a todo trapo en la calle. Delitos como la violencia doméstica, el gatillo fácil, la trata de personas y la venta de armas robadas no son considerados porque no contribuyen a la construcción de esa oposición nosotros/ellos. Lo mismo vale para los accidentes de tránsito o el trabajo en negro. “¡Ya no se puede salir a la calle!”, se dramatiza. El discurso de la inseguridad destaca lo que falta y denuncia la impotencia de la ley, de la ley escrita y de la fuerza de la ley, la materializada en jueces, Policía y sistema penitenciario.
Desde la izquierda o el progresismo se han ensayado distintas respuestas, hasta ahora infructuosas. Bajo el supuesto de que la inseguridad es un fenómeno subjetivo, reacción al delito en tanto hecho objetivo, el gobierno intenta combatirla con la difusión de verdades estadísticas que indican que la tasa de los delitos ocurridos en nuestro país es igual o menor a las de otros países. Pues bien: es inútil, totalmente inútil. Alcanza con que un par de ricos y famosos exhiban impúdicamente su miedo en las pantallas de televisión para que las estadísticas se disuelvan como una lágrima en el mar: la eficacia política del sentimiento de inseguridad es inmune a la incongruencia o la irracionalidad. Son legión quienes dicen que la causa de la delincuencia y por consiguiente de la inseguridad es la exclusión social, la pobreza, el de-
sempleo. Para confirmar esta tesis nos recuerdan que los pobres son los habitantes preferenciales de las cárceles. Esto es verdad, pero ¿acaso no se debe a que ellos cuentan con menos recursos simbólicos y económicos para defenderse, no sólo de la Policía y la justicia, sino también de una sociedad que está dispuesta a sacrificar una parte de sí misma para apaciguar al lumpenaje?
Los delincuentes no son necesariamente pobres ni los pobres están condenados a ser delincuentes. El delito es una creación de la ley. Ya pudimos ser testigos de esto: el aborto o la eutanasia pueden ser un delito o un derecho, según lo que establezca la voluntad del legislador. Esta teoría clasista del delito nos impide reconocer que las víctimas no son sólo los burgueses. Los trabajadores y los desempleados también son poseedores de riquezas y víctimas de robos, violaciones y asesinatos. Son poseedores de un cuerpo, de fuerza de trabajo, de hijos amenazados, de bicicletas, de motos, de esperanzas de una vida mejor. Esa es la riqueza que ellos quieren asegurar.
Con sólo abrir las orejas se podrá verificar que el discurso de la inseguridad está diseminado en todas las clases sociales y no, como a algunos les gusta creer, exclusivamente en la clase media. El discurso de la inseguridad es un problema político del cual el gobierno debe hacerse cargo sin confundirlo con las estadísticas sobre criminalidad, que antes no existían ni daban las garantías que por suerte hoy dan, aunque Bordaberry diga lo contrario. Es cierto: todos los gobiernos tienen la obligación de definir y ejecutar una política en relación con el delito, pero a un discurso se lo combate con otro discurso. El gobierno todavía no parece haberlo encontrado.