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Déficit fiscal e inflación: ¿quién paga el pato?

Los economistas sostienen que “no existen almuerzos gratis”, lo que implica que cualquier decisión de política afecta a algunos y beneficia a otros.  El déficit fiscal ronda el 3 por ciento del pbi (2,8 por ciento se adelanta), los analistas que evalúan el presente comparándolo con el pasado remoto dirán que este guarismo era común y mayor entonces; lo cierto es que el funcionamiento globalizado de las economías lo hace inmanejable mucho antes. El déficit tiene componentes de gastos muy necesarios dado el sistema económico altamente excluyente (el gasto público social: educación, salud, vivienda u otras transferencias siempre insuficientes si no se modifica la estructura económica que margina), otros producto de las políticas equivocadas (esterilización constante ante la apertura irrestricta a los flujos de capitales que genera impacto en el tipo de cambio y en los precios).
Los gobernantes siempre se afilian a hipótesis que sostienen causas exógenas abstractas e inmanejables que los exoneran de responsabilidades: el mundo, el mercado, el clima, otras políticas irresponsables del pasado o de terceros países, etcétera. Actualmente, el gasto público creciente y alguna emergencia climática están disputándose las explicaciones, pero no dejan indemne una política macroeconómica reactiva y no propositiva que siempre se encuentra un paso atrás de las dificultades (mejor dicho, es en sí misma una dificultad).

¿CÓMO SE ENFRENTA UN DÉFICIT? Cualquier ama de casa lo sabe, se gasta menos o se elevan los ingresos. Claro, en cada una de las opciones se abre también un abanico de otras que aluden a qué gastos se recortan o cuáles formas se prefieren para obtener más ingresos. En el hogar se difiere el consumo que no es prioritario, se trabaja más para obtener otros ingresos si fuera posible, o simplemente se contraen deudas para no bajar el nivel de vida. De lo contrario, ni modo, se come más arroz y menos carne. El lector dirá, y con razón, que el hogar de un trabajador no tiene las posibilidades de un Estado que puede crear o aumentar impuestos, emitir moneda o bajar gastos innecesarios (¿militar?).
Las reformas económicas de los noventa heredaron el consenso sobre los equilibrios fiscales restrictivos y el “cuco” de la inflación ­–el peor de los males, que “perjudicaría a todos”–, cuestión que además redujo sustancialmente las opciones de política para enfrentar tales males. El gobierno uruguayo (los responsables de la política económica propiamente dicha) comparte tales preceptos, y sostiene que la forma por excelencia de enfrentar el déficit es “el ajuste del cinturón”, o “la miseria patriótica” que se le pide a la población. La disquisición sobre si ajuste sí o no, o sobre qué denota el concepto de “ajuste” o si es mejor el de “recortes”, es anecdótica. Los recortes ya comenzaron y afectan sin duda al eslabón más endeble de la cadena: los trabajadores y jubilados.
Los trabajadores públicos, en particular, vieron ya disminuido el poder de compra de su salario con dos medidas que se definen como “ajuste fiscal”. Primero, la intervención de “política heterodoxa”, el acuerdo de precios por el mes de diciembre y la rebaja en servicios básicos (plan ute Premia) que, lejos de enfrentar la inflación, manipularon directamente el indicador que refleja los precios (el ipc). Según cálculo de los trabajadores, el ajuste salarial de enero se vio disminuido artificialmente en 2,5 por ciento.** Tal afirmación fue confirmada los primeros días de febrero cuando se conoció la inflación de enero de 2013 (1,9 por ciento). Los trabajadores públicos (incisos del 2 al 15) ajustan anualmente sus salarios por lo dispuesto en el artículo 4 de la ley de presupuesto que dispone el criterio de la inflación futura (fijada por la meta objetivo del Comité de Coordinación Macroeconómica, que en caso de ser una banda se toma el centro de la misma) más un correctivo que ajusta las discrepancias entre el ipc y la inflación proyectada en caso de existir. Dada la distancia sistemática de los objetivos inflacionarios y el movimiento real de los precios (53 por ciento en promedio entre 2008-2012), no sólo la política pierde credibilidad sino que los trabajadores y jubilados en general se ven perjudicados afectando directamente su poder de compra. El ipc “manipulado” se utiliza para ajustar el valor de las bases de prestaciones y contribuciones (bpc), que a su vez fija jubilaciones, mientras la inflación real ya al mes siguiente corroe el supuesto “ajuste” salarial, dando paso a un “ahorro” de las cuentas públicas a cambio de la “miseria patriótica”.
El segundo escalón del ajuste consiste en los dos puntos de iva comprometidos por el gobierno, cuestión que impactaría positivamente en aquellos que “gastan todo lo que ganan” (los trabajadores, jubilados, perceptores de ingreso que no ahorran y consumidores en general) y que dado el déficit fiscal no tendrá lugar.
Tercer paso del ajuste, los trabajadores en general ya vienen resintiendo la decisión gubernamental de no aumentar de siete a ocho las bpc para el mínimo no imponible y el corrimiento respectivo a todos los tramos del irpf.
Cuarto peldaño del ajuste, la disposición pasada a cada uno de los ministerios de “recortar gastos” para la próxima rendición de cuentas, que dicho sea de paso impactará en los sectores más necesitados (inversión en infraestructura, carreteras, transporte ferroviario, salud, educación –salvo la nueva Utec–, vivienda, etcétera). Señalemos que es la última posibilidad en el período de incorporar gastos, y por lo visto dejará inconclusos varios puntos del programa establecido.
El déficit es producto de un enfoque ortodoxo del gasto (focalizado) en sectores que, dado las decisiones que no se toman respecto al funcionamiento macroeconómico, cada vez son más vulnerables (a pesar de los pobres indicadores que no lo reflejan). Pero también de una errónea política cambiaria, utilizando la vieja ancla tan costosa como ineficaz para sostener niveles inflacionarios irreales para una economía que está transitando transformaciones. La inflación no es un fenómeno monetario sino estructural, no sólo es un tema de costos. La inflación resulta un mecanismo de ajuste del sistema productivo, y por lo tanto, también un mecanismo de lucha por la apropiación del excedente, ergo, la política económica de ajuste de gastos no la elimina. Sí lo haría una política de intervención directa, por ejemplo en la estructura de los mercados, en la excesiva libertad de las decisiones mercantiles, en la regulación de las formas de apropiación del excedente, entre otras.
Los países vecinos, también preocupados por problemas parecidos, actúan de forma diametralmente opuesta a los instrumentos que usan los decisores domésticos. Argentina, por su parte, asumió una política de control de precios que en principio congela la canasta básica por tres meses, pero además tiene más captación impositiva sobre los grupos de mayor poder económico y menor renuncia fiscal que Uruguay. Brasil, en tanto, acaba de quitarle el iva a los bienes de la canasta básica pero presenta una política monetaria y cambiaria opuesta. El vecino del norte baja la tasa de interés para alentar menores costos monetarios, un tipo de cambio que mejora la competitividad y una economía doméstica protegida por un arancel externo mayor (política compartida con Argentina) por lo menos para productos estratégicos ante los embates de la competencia asiática.
La coyuntura de déficit fiscal en aumento e inflación expone la pata coja de la política macroeconómica del gobierno y la incapacidad del “ajuste” por el lado del gasto, a la vez que el control monetario o el atraso cambiario para mantener los niveles de precios. No obstante, tales políticas sí logran hacer caer el nivel de vida de los trabajadores y jubilados, poniendo al descubierto las decisiones gubernamentales, que además de ser ineficaces para los objetivos que se proponen, son profundamente impopulares.
La conformación de un nuevo pacto fiscal que redistribuya de forma diferente las cargas y los beneficios del sistema económico se hace imprescindible; por ejemplo, aumentar los impuestos al capital, disminuir las correspondientes al trabajo y al consumo básico. Claramente, ya no sólo es posible sino necesario aumentar los ingresos, intervenir decididamente donde se genera la riqueza aspirando a democratizar el sistema económico. Medidas para el debate: quitar el iva a los productos básicos y aumentar gravámenes progresivos a las sobreganancias (irae), a la propiedad de los recursos (impuesto al patrimonio improductivo y volver a implementar el impuesto de Primaria a los padrones rurales), gravar las exportaciones de bienes sin valor agregado (detracciones u otros) y la importación de bienes suntuarios (Imesi), limitar la salida de capitales, intervenir en la regulación de los mercados, o quitar definitivamente los subsidios a los grandes inversores (revisar el sistema de zonas francas y la promoción indiscriminada de inversiones, entre otros).
A los 42 años ya es tiempo de que la izquierda se ponga los pantalones largos y de hacer que el pato lo paguen los que realmente vienen embolsando los beneficios de los últimos 183.n

*     Sociólogo, economista, doctor en estudios del desarrollo, profesor universitario.
**     Antonio Elías, “Análisis de la variación del ipc en diciembre y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores”. Informe al Departamento de Estado y Presupuesto, cofe, 2013.