Brecha Digital

El precio de la ambigüedad

El FA y la embestida de las derechas

La embestida baguala a partir de los corcoveos de la Suprema Corte agarró descolocado al oficialismo, que paga el precio de su ambigüedad en materia de derechos humanos y vacilaciones en su relacionamiento con la oposición, que no perdona. Hay una fórmula del Código Penal que define los “actos preparatorios” de un delito: “El acto preparatorio se perfila cuando el designio criminal se concreta por actos externos, previos a la ejecución del delito” (capítulo 1, artículo 7). Y tales actos preparatorios habitualmente vienen precedidos de la proposición (el convite para delinquir) y la conspiración (el pacto para actuar). La proposición, la conspiración y la preparación pueden o no culminar en la consumación del delito. Y puede ocurrir también que el acto preparatorio coincida con el deseo criminal de otros sin que exista conspiración.
Si eliminamos el concepto “delito”, resulta tentador explicar las decisiones de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (algunas incomprensibles, otras descaradas), la reacción indignada y proactiva de la derecha y el coro en falsete de analistas (que quieren, claro, que Macarena encuentre los restos de su madre pero aplauden la reinstalación de la caducidad) como “actos preparatorios” de una gran ofensiva político electoral, con el objetivo estratégico de golpear al gobierno por los cuatro costados, agudizar las contradicciones internas del Frente Amplio (es magistral cómo la oposición apoya a Danilo Astori en la controversia Economía-opp mientras se prepara para crucificarlo por el escándalo Pluna), revertir los cambios y, por supuesto, congraciarse con el poder militar robusteciendo la impunidad.
En esta conspiración de actos preparatorios de las derechas (la golpista, la fascista, la moderada) no intervienen los principios, sólo los oportunismos y el revanchismo: tres ex presidentes, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle firmaron una declaración conjunta en la que manifiestan la “preocupante situación institucional que ha provocado el partido de gobierno (…), levantamos nuestra voz de alerta cívica ante el retorno de actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya. De no superarse inmediatamente, arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse”.
Agitar el fantasma de la desestabilización y alimentar el temor del “retorno a otros tiempos” ha sido el recurso sistemático de estos tres personajes que en última instancia condicionan y definen la postura de sus respectivos partidos; si la razón es un mero recurso político electoral, entonces es deleznable; si se trata de un compromiso inalterable con la impunidad, entonces habrá que descifrar si ese compromiso es resultado de una complicidad en algún caso concreto de los tantos que se benefician de un secreto inexpugnable; o si, por el contrario, resulta de la convicción de que mañana deberán apelar nuevamente al “brazo armado” para detener eventuales cambios profundos.
Que en la conducta de la scj hubo actos preparatorios, no cabe duda. La contradicción esencial de declarar la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad que la misma Corte había declarado inconstitucional, es en realidad coherente con el traslado de la jueza Mariana Mota y con la creación del Tribunal de Apelaciones de Penal 4º, concebido para frenar la tendencia a conciliar los actos internos de justicia con los principios internacionales. Indisimuladamente, la Corte operó en sintonía con algunos abogados estrechamente vinculados a los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales. Y en otro plano, acentúa la estrategia de desmontar ciertos cambios políticos: la inconstitucionalidad del impuesto a la concentración de la tierra tiene su antecedente en la inconstitucionalidad del irpf aplicado a las jubilaciones y probablemente serán a la vez antecedentes para desmontar el sistema de patente única de rodados y la ley de liquidación de Pluna. No sería de extrañar que ahora se declare inconstitucional el impuesto a la asistencia a la seguridad social (iass), que sustituyó al derogado irpf para las jubilaciones.
Esa sospechosa coincidencia de actitudes entre el órgano máximo de justicia, la oposición política y los militares impunes tiene su contrapartida en las vacilaciones y ambigüedades del gobierno y su partido político, una concepción del relacionamiento con la oposición que no supo reivindicar el formidable respaldo popular. Hay quienes lo atribuyen a cierta ingenuidad e impericia; hay otros que lo explican por el vasto espacio de matices políticos e ideológicos en el fa, alimentado por una cada vez más feroz lucha intestina, matices que muchas veces traspasan fronteras.
Para la oposición política (donde a esta altura debe ser ubicada la scj), la inexplicable política oficial en materia judicial le hizo el campo orégano. El gobierno negoció demasiado, y mal, todas las designaciones y los traslados, algunas de las primeras “en paquetes”, como la designación del actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, uno de cuyos méritos fue “dorrmir” durante más de un año el expediente que involucraba al ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en un episodio de conjunción de interés público y privado. Esa fue una señal. El nuevo fiscal de Corte desplazó a Ricardo Perciballe, que reclamaba el procesamiento de Fernández; y esa fue otra señal. Las idas y venidas con los proyectos de anulación de la caducidad, que terminaron en la rebeldía facilonga del diputado Víctor Semproni, fue otra señal. La intempestiva visita del presidente Mujica al general Miguel Dalmao por el asesinato de Nibia Zabalzagaray fue una señal inequívoca de desautorización a los magistrados. Y por si fuera poco, la dilatada negociación por la designación de los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), permitiendo el manoseo de la fiscal Mirtha Guianze (centro, junto con la jueza Mota, de los ataques militares), fue otra señal de debilidad encubierta en una supuesta política de conciliación.
Ahora que la inconstitucionalidad del icir –y la muy probable de la ley de patentes– explota en el rostro del gobierno, el fa trata de revertir la situación. Algunas propuestas iniciales, como un inviable juicio político a la Corte, al influjo de la indignación, no tuvieron acogida, a estar por el análisis realizado en la bancada de gobierno. La idea de volver a la anulación lisa y llana de la ley de caducidad, por votación de mayorías simples en las cámaras, sería inoperante porque es casi un hecho que la Corte, con su actual composición, declararía su inconstitucionalidad. Sería, no obstante, una señal firme del oficialismo, pero los legisladores no se pronunciaron al respecto.
De hecho, ha sido la inddhh la que ofreció algunas vías de escape. Al definir en un comunicado su posición respecto de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa y el desplazamiento de Mota, la inddhh propuso tres medidas a su juicio necesarias para asegurar la transparencia en la designación de promociones y traslados de jueces, defender su independencia y agilitar los procesos judiciales. La  creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional y la reforma del Código General del Proceso serían medidas que el fa considera como posibles de ser impulsadas en el Parlamento. Ninguna de ellas es una novedad (en especial el proyecto de trasladar a los fiscales la responsabilidad de investigar los delitos) y podrían ser impulsadas con los votos exclusivos del oficialismo.
Podrán, sin dudas, modernizar el sistema de justicia y reducir la capacidad de manipulación de una Corte que no rinde cuentas a nadie, pero no podrán revertir, en el corto plazo, los actos preparatorios de una embestida baguala para una campaña electoral que promete ser sangrienta.