Brecha Digital

Por pura oposición

La erizada reacción de blancos y colorados

Dijo el senador Pedro Bordaberry en la interpelación del miércoles 3 al ministro de Economía, Fernando Lorenzo: “Es lo único que faltaba, decir que se van a gastar 40 millones de dólares en una cancha de básquetbol”. Al reducir a una “cancha de básquetbol” el proyecto de complejo polifuncional, deportivo y cultural que Antel construirá en el predio del Cilindro Municipal, el líder de Vamos Uruguay (vu) cometió un serio error político táctico, quizás seducido por esa inclinación a descalificar con admoniciones olímpicas. Si el megaproyecto va a constituirse en piedra angular de la estrategia en la batalla por Montevideo, las apreciaciones de Bordaberry debilitan las posturas del ejército de opositores –senadores, diputados, ediles, politólogos, asesores– que despliegan todo tipo de argumentos para encubrir lo que a todas luces es un adiestrado reflejo en una campaña electoral que comenzó demasiado tempranamente.
No bien llegó el proyecto a la Junta Departamental –24 horas después de que la presidenta de Antel, Carolina Cosse, y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, dieran a conocer la iniciativa, el martes pasado–, dos ediles, uno blanco, Juan Curbelo, y otro colorado, Tulio Tartaglia, se apresuraron a reclamar la presencia en sala de la intendenta, “para que dé explicaciones”. Y el diputado de vu Fitzgerald Cantero les ganó de mano a sus colegas de la oposición rosada, reclamando que el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y la presidenta de Antel concurrieran a la Comisión de Industria de Diputados.
La fulminante y agresiva reacción de blancos y colorados a la instalación de Antel Arena induce a pensar que la iniciativa desmonta uno de los ejes de la campaña por la Intendencia capitalina, esto es, el fracaso hasta ahora de los planes de reconstrucción del Cilindro mediante licitaciones a privados; nada mejor que un montón de escombros para hincar el diente de la crítica. Pero, además, puede convertirse en una palanca de proyección de Antel con un signo completamente distinto al despilfarro de 100 millones de dólares en la Torre de las Telecomunicaciones.
El argumento principal, compartido por la oposición bicolor, es la inconstitucionalidad del proyecto: Antel está incapacitada de invertir 40 millones de dólares y de gestionar durante 30 años un complejo polifuncional porque se lo prohíbe el artículo 190 de la Constitución, referido a los cometidos de los entes autónomos, y la propia ley orgánica de Antel. Menudo detalle que al parecer el directorio de la telefónica habría pasado por alto, o lo que es peor, habría ignorado. De otra manera no se entiende cómo pudo el directorio embarcarse en una afrenta a la Carta Magna.
La seguridad con que los opositores denuncian la inconstitucionalidad del emprendimiento deberá enfrentar los argumentos de la sala de abogados de Antel, que realizó un pormenorizado estudio de todos los alcances legales, incluidas consultas a constitucionalistas. El artículo 190 establece: “Los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. Para algunos especialistas, como el experto en derecho constitucional Martín Risso, “no existen dos bibliotecas” para interpretar el texto constitucional, por lo que “si el directorio de Antel sigue adelante seguramente el Tribunal de Cuentas observará todos los gastos”, declaró a El País. Por su parte el colorado Ruben Correa Freitas, catedrático en derecho constitucional, advirtió a los directores del ente que si se concreta el Antel Arena “la violación flagrante de la Constitución” los convertirá en “responsables a nivel político, civil y, eventualmente, penal”. Por alguna razón, quienes agitaron las banderas de la inconstitucionalidad deslizaron la certeza de que la Suprema Corte de Justicia no tendría otro camino que abortar el asunto, “como ocurrió con el icir”, en un intento de reclutar a la scj para esta campaña opositora.
Una segunda batería de cuestionamientos se centró en el despilfarro de 40 millones de dólares; si le sobran, ¿por qué Antel no compra ambulancias o construye escuelas?, argumentaron Bordaberry y su colega blanco Jorge Gandini, sin advertir el traspié de una notoria contradicción que desnuda el excluyente móvil político de tanta resistencia: si Antel no puede invertir en una cosa, tampoco lo puede hacer en la otra. Al respecto, argumentando la relación directa entre Antel Arena y la gestión en telecomunicaciones, la presidenta de la empresa pública, Carolina Cosse, reveló que los estudios preliminares aseguraban un retorno de la inversión de 10 millones de dólares anuales. “Además es un formidable negocio”, dijo la ingeniera Cosse en una entrevista concedida a El Espectador.
Y el tercer paquete de argumentos que la oposición levanta para intentar frenar el proyecto se refiere a ocultas intenciones políticas. Según Gandini, Antel aceptó impulsar el proyecto como forma de salvar la “desastrosa” gestión de Ana Olivera en la Intendencia de Montevideo a un costo de 40 millones de dólares, nada menos. Otros analistas sugirieron que Cosse alimenta la esperanza de que el Frente Amplio la designe como candidata a intendenta de Montevideo.
Como se ve, los argumentos han sido variopintos en un esquema de reacción inmediata y concertada, donde todo, en la gestión de la administración oficial, debe ser cuestionado per se, una estrategia que cobra cada día mayor fuerza y que, en los hechos, debilita aquello que realmente merece ser cuestionado.
En este caso, Antel Arena le puso los pelos de punta a la oposición.