Brecha Digital

De terror en terror

El 16 de octubre de 2002, en horas de la madrugada y tras un largo trabajo de inteligencia, fuerzas combinadas del Ejército y la Policía colombianos lanzaron una operación de guerra urbana en la Comuna 13 de Medellín. Eran los días en que la administración de George W Bush posicionaba mediáticamente su guerra al terrorismo pos 11 de setiembre, y Álvaro Uribe, quien dos meses antes había asumido la presidencia de Colombia, buscaba labrarse un lugar.

El objetivo declarado del accionar contrainsurgente fue “recuperar territorio y el monopolio de la fuerza” en un área controlada, presuntamente, por grupos ligados a las guerrillas de las farc y el eln, definidos en la jerga castrense como el “enemigo interno terrorista”.
En el operativo participaron francotiradores y comandos de elite especializados en guerra urbana. Un millar de militares, incluyendo agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, guiados por civiles camuflados o encapuchados (informantes) irrumpieron en viviendas y procedieron a la captura de personas. En principio, según consignan en su informe preliminar los seis comisionados de una Comisión Internacional de Esclarecimiento que investiga los hechos, se hizo un uso desproporcionado de la fuerza y se afectó gravemente a la población civil. Además de un “detalle”: la operación contó con la participación de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Metro, de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Tras las primeras 72 horas de escaramuzas esporádicas la zona quedó militarizada. En una segunda fase que se extendió hasta entrado 2003, fuerzas gubernamentales y paramilitares llevaron a cabo acciones de “limpieza social”. De acuerdo con los datos recopilados por el Proyecto Nunca Más, el saldo de la guerra urbana en la Comuna 13 –considerada un nuevo modelo de control militar, político, social, territorial, económico y cultural exportado luego a Afganistán y México– fue de 92 desapariciones forzadas, 17 homicidios, 71 casos de ejecución de civiles (11 atribuidos a la fuerza pública y 46 a facciones paramilitares), 370 detenciones arbitrarias, 12 casos de tortura y ocho de desplazamiento forzado, cifras parciales que no se corresponden con las oficiales o mediáticas.
Diez años después los 23 barrios que conforman la Comuna 13 se encuentran bajo control de las fuerzas de seguridad del Estado, de grupos paramilitares reciclados (en particular Los Urabeños y la Oficina de Envigado) y bandas delictivas vinculadas a la economía criminal que nutren de sicarios al paramilitarismo. Y los crímenes siguen sin ser investigados, juzgados ni sancionados.
En un recorrido por distintos barrios de la Comuna –desde la llamada Casa Orión (que sirvió como improvisado centro de la operación) hasta La Escombrera (lugar utilizado como cementerio clandestino), pasando por Belencito, El Corazón, Villa Laura, El Salado, Eduardo Santos y Las Independencias−, Brecha pudo constatar en la zona un amplio despliegue territorial policial-militar, incrustado incluso en viviendas particulares.
Durante audiencias públicas realizadas los días 16, 17 y 18 de octubre, la comisión recibió testimonios, documentales y denuncias sobre la aparición de cuerpos mutilados y decapitados; la existencia de fosas comunes clandestinas; acciones de escarmiento contra familias de presuntos “subversivos”; así como el reclutamiento forzoso, principalmente de jóvenes. Todas esas actividades tuvieron el efecto de destruir el tejido social comunitario autogestionario preexistente en la Comuna.
La comisión extendió un reconocimiento al proceso de organización de las víctimas y expresó su preocupación por las graves infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos derivadas de la Operación Orión y la posterior asunción del control del territorio y la comunidad por paramilitares. Los actos de desaparición forzada, ejecuciones, tortura, hostigamiento y detenciones arbitrarias cuestionan seriamente la argumentación oficial sobre el planeamiento y conducción de la operación, que incluyó un ataque armado indiscriminado contra un centro de vida comunitaria, con un alto saldo de víctimas civiles no combatientes.
La impunidad de quienes llevaron a cabo estos hechos sigue siendo total. Aunque hay información de que puede haber fosas comunes con personas desaparecidas en lugares como La Arenera y La Escombrera (donde en los últimos diez años se han vertido 5 mil toneladas de escombros), no sólo no han sido objeto de medidas de protección o preservación para la búsqueda y recuperación de los restos, sino que tampoco se han tomado medidas para suspender el depósito sistemático y creciente de desechos y la construcción de viviendas de clase media alta. Testimonios de paramilitares presos indican que son al menos 300 los cuerpos allí mutilados y enterrados.
Otro hecho constatado es la estigmatización de las víctimas para justificar la violencia oficial-paramilitar. El efecto coercitivo de la violencia es palpable. Y el terror sigue.