Brecha Digital

¿Cómo reaccionarán los narcotraficantes?

Legalización del comercio de marihuana

Se trata de quitarles el mercado a los narcotraficantes”, dijo el presidente José Mujica a la cadena estadounidense cnn explicando el alcance de la iniciativa que legaliza la comercialización de la marihuana. El proyecto de ley, que comenzará a ser analizado en diputados y que el gobierno espera que se apruebe antes de fin de año, propone tres modelos de producción y consumo de marihuana: cultivo individual de hasta seis plantas; participación en una especie de cooperativa de producción y consumo; compra directa de la droga en estancos debidamente autorizados. En cualquiera de los casos, el consumidor deberá estar registrado. Se estima que la reglamentación limitará el consumo individual a 40 gramos mensuales. Cualquier actividad fuera de estos parámetros (tenencia de más de seis plantas, venta del producto a terceros, tenencia de semillas) tendrá sanción penal. El Estado importará las semillas y las distribuirá.
Aplaudido fuera de fronteras, el gobierno enfrenta críticas diversas en lo interno, y resulta particularmente llamativo que cierto sector de la oposición discrepe más con el procedimiento parlamentario, cuestionando que el oficialismo se haya reservado la exclusiva de la elaboración del proyecto, que con el contenido, aunque existen dudas –por otro lado legítimas– sobre los mecanismos propuestos para un efectivo control del Estado. Hay quienes discrepan apoyados en el fundamentalismo de que todo control estatal atenta contra la libertad y que hay que dejar que el mercado (aun el de la droga) se autorregule; y hay quienes pronostican que a pesar de la legalización habrá un mercado clandestino y por tanto persistirá el narcotráfico para la marihuana.
De todas las justificaciones puestas en circulación desde que Presidencia dejó trascender la idea a Subrayado de Canal 10, la más creíble es la que Mujica describió a cnn. El argumento inicial, de que la legalización de la marihuana permitiría reducir el consumo de pasta base, ha sido fuertemente rebatido porque, aun cuando es posible admitir que el consumo de la primera es eventualmente un trampolín para el consumo de la segunda, no hay elementos objetivos para presumir que el adicto a la pasta base utilizaría el consumo –ahora legal y más barato– de la marihuana para desprenderse de esa adicción letal, que el presidente calificó de asesinato y, por tanto, de asesino a quien la trafica.
Puesto que, a pesar de algunas opiniones insidiosas y sospechosas, el gobierno no tiene intención de sustituir al narcotráfico, en la propuesta de legalización opera otro objetivo, el control sanitario, por más que muchos, marihuaneros o no, sostienen que otras drogas, éstas legales, son notoriamente más perniciosas y adictivas que la marihuana, como por ejemplo el alcohol, que es por lejos la droga más consumida por adolescentes y menores de edad.
El gobierno, por tanto, se propone a través de la legalización de la marihuana dar un salto cualitativo en la lucha contra el narcotráfico, ese poder global que asienta su negocio en la violencia y en la corrupción y que disuelve, por más imperfectos que sean, los valores de convivencia en que se asientan los lazos sociales. Por otra parte, el narcotráfico, asociado al tráfico de armas y a la trata de blancas, históricamente ha sido un instrumento de la reacción, de la ultraderecha política y de las dictaduras.
Ahora bien: si la comercialización de la marihuana en Uruguay es un negocio que mueve, como se sostiene, unos 40 millones de dólares anuales, que no pagan iva, ni aranceles de importación, ni impuesto a la renta, entonces es de presumir que la legalización, de resultar efectiva, implicará un duro golpe para aquel poder global que no desdeña ningún mercado, por más chiquito que sea, como el nuestro.
Y puesto que una legalización efectiva que le quite el mercado a los traficantes será además un ejemplo que puede cundir en otros mercados, resulta inevitable preguntarse cómo van a reaccionar los narcotraficantes. ¿Cómo reac­cionan habitualmente? Con corrupción y con violencia.
No se trata de alarmismo, pero es necesario plantear que una legalización efectiva del comercio de la marihuana (que según los entendidos es parte indisoluble del negocio general de la cocaína y de la heroína, vienen juntos, no hay especialización) eventualmente disparará niveles de violencia hasta hoy desconocidos en Uruguay. Según acaba de informar el Ministerio del Interior, de los 150 homicidios ocurridos en el correr del año, 65 han sido ajustes de cuentas y en su mayoría tienen relación con el narcotráfico. Tales asesinatos revelan cómo resuelven los narcotraficantes sus contradicciones internas; la legalización les aportará otros “objetivos” y, presumiblemente, los cohesionará.
Nada de esto es desconocido por el gobierno, y algunos elementos indican que, desde hace tiempo, los organismos especializados de la represión se preparan para dar la “guerra al narcotráfico”. Si es así, si está previsto, se imponen dos puntualizaciones: una, que constituye un deber alertar a la ciudadanía sobre estas consecuencias de la iniciativa, de lo contrario la gente queda con la idea de que los problemas de la legalización de la marihuana quedan en el ámbito de la venta ilegal de algunos porros o del cultivo de algunas plantas de más.
Dos: que el gobierno deberá ser inflexible con todo tipo de corrupción que pretenda debilitar las estructuras institucionales, administrativas, políticas, judiciales. Habrá que adelantarse, y golpear firme, empezando por identificar a los verdaderos capos, en el país o en el exterior, que controlan el mercado uruguayo de las drogas.
Existe la posibilidad de que un gobierno progresista encare una guerra contra el narcotráfico, una guerra de signo distinto a la que ha tenido hasta ahora a México, Colombia, Perú como escenarios de una política encubierta de penetración de las estrategias estadounidenses. Esa guerra, que ha insumido y sigue insumiendo gigantescos recursos, ha fracasado, lo que no quiere decir que hayan fracasado las verdaderas intenciones de quienes la impulsan, aun al costo de sumergir a un país, como México, en la violencia extrema, la corrupción imparable y la disolución social.