Brecha Digital

Tragedia de enredos

Hace 40 años la subversión militar se estrenaba en un episodio que, en la lectura de hoy, disputa su lugar en el estatus de “verdadero golpe de Estado” al ocurrido el 27 de junio del mismo año. El reciente libro de Alfonso Lessa El pecado original. La izquierda y el golpe militar de febrero de 1973 vuelve sobre aquellos días, además de repasar en boca de varios de los protagonistas ese “pecado original”, el apoyo tácito o explícito de buena parte de la izquierda a la rebelión militar, apostando a sus supuestos acentos “peruanistas”.

Qué escenario. La institucionalidad, lo que se supone representaba “la democracia”, se encarnaba en un presidente, Bordaberry, al que no tardarían en caérsele las pocas plumas institucionales que le quedaban. Cuántas serían, como heredero del pachecato y después del terrible 1972, cuando la campaña para derrotar a la subversión guerrillera ya había apañado todos los “excesos”, torturas, asesinatos, desapariciones. Con esos laureles libertarios, el presidente convocó al pueblo a la plaza Independencia para defender las instituciones. Algunos fueron, pero quienes contaron aseguran que no llegaban a 33 esos orientales. El Parlamento no llegó a reunirse. Era Carnaval, claro, y a esa murga nadie la entendía. Los uniformados quedaron a sus anchas, con la sola excepción de la Armada –no toda ella–, bajo el mando del vicealmirante Zorrilla. Un caso extraño, Zorrilla, un principista que se quedó solo, sin el apoyo siquiera, en no muchas horas, de aquel cuya legitimidad defendió arriesgando incluso una confrontación intramilitar. El único institucionalista en acción –había otros, naturalmente, pero sin poderes suficientes más que para opinar– fue también el único, entre tanto rataplán, que perdió en toda su ley –o sin ella– en aquel febrero. Derrota simbólica, si las hay: un militar constitucionalista no tenía ya lugar, porque la Constitución había dejado de tenerlo.
Pero la Constitución no parecía, entonces, el problema principal; ya estaba tan vapuleada que costaba reconocerla. Luego se lamentaría el error, y buena parte de las entrevistas publicadas por Lessa contienen autocríticas al respecto. Pero en ese tiempo el problema principal para muchos –no sólo de la izquierda– era Bordaberry. Y las “lecturas” de todo ese entrevero fueron para otro lado. Como ya se sabe –y como explica abundantemente El pecado original…– buena parte de la izquierda, el Partido Comunista en primer lugar, apostó sus fichas al supuesto espíritu u orientación “peruanista” que estaría expresado en los comunicados 4 y 7.
¿Y qué era eso del “peruanismo”? Las fuerzas armadas de Perú bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado habían destituido en octubre de 1968 al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry cuando el gobierno de éste negociaba con la International Petroleum Company en términos que los militares –entre otros– consideraron lesivos para los intereses nacionales, e incluso con escándalos relacionados al nuevo contrato. Una de las primeras medidas del llamado “gobierno revolucionario” encabezado por Velasco fue, justamente, la nacionalización del petróleo. Con diversas tensiones, fracciones y fricciones internas, apoyos variados y matizados de la población y de parte de la intelectualidad, la cerril oposición o el entrismo –según conviniera– de las clases altas, el gobierno velasquista instrumentó en unos pocos años una apabullante serie de medidas tendientes por un lado a la justicia social y por otro al fortalecimiento de un Estado nacional hasta entonces muy débil. Así por un lado se multiplicaron las empresas del Estado –en la pesca, la minería, los hidrocarburos, los servicios eléctricos y telefónicos, los ferrocarriles, cemento, papel, siderurgia, construcción naval, etcétera– y por otro se hizo la reforma agraria, se instauraron las comunidades laborales y la participación de los trabajadores en las empresas (ley de industrias y comunidad industrial), se impulsó a las cooperativas y diversas formas de asociación de trabajadores. Pero sucedió, sobre todo, que “La cancelación del Estado oligárquico es un hecho a partir del proceso iniciado en 1968. El 3 de octubre la oligarquía perdió sus representantes políticos en el gobierno. Intentó inicialmente rodearlo de manera tradicional, sin conseguirlo. No volvió al seno del poder y poco después perdió su base económica: los latifundios agroindustriales, el control del comercio exterior, la banca, etcétera” (Henry Pease en El ocaso del poder oligárquico. Desco, 1977). Otros poderosos tomarían años después su lugar, pero aquella vieja oligarquía terrateniente que ponía y deponía gobiernos a su antojo fue entonces clausurada.
Nació, así, un nuevo culto hispanoamericano. Los militares “progresistas”.
Volviendo a leer esos famosos comunicados 4 y 7 que encendieron en nuestra izquierda, o parte de ella, esperanzas de la existencia de un peruanismo militar, y a la luz del muy apretado y conciso resumen precedente de lo que con todos sus claroscuros implicó el régimen de Velasco Alvarado, la verdad que cuesta encontrar en los manifiestos militares uruguayos mucha coincidencia entre ambos. En el comunicado número 4, el punto 5 contiene varios incisos que delinean un plan de prolijidad y fomento del desarrollo que no dista de cualquier propuesta electoral medianamente sensata. Sólo el punto e toca un matiz urticante en aquellos tiempos: “Atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre (…)”. En cuanto el punto g (“Redistribución de la tierra buscando la máxima producción por hectárea, mediante regímenes impositivos justos y técnicos, y una tenencia más racional, de manera de asegurar el acceso a la propiedad a quien la trabaje”), hay que hacer mucha fuerza para entrever allí algún parecido, similitud o semejanza al tajante espíritu que animó la reforma agraria velasquista: “Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza” (frase de Tupac Amaru con la que culminó Velasco la presentación de la ley de reforma agraria, en junio de 1969).
En el comunicado número 7 vuelve a abundarse en generalidades de eficiencia, modernización, desarrollo y etcétera, y se agrega la “mística de la orientalidad” que atribuye las mayores virtudes a quienes “forjaron nuestra nacionalidad”, por supuesto proponiendo recuperarlas. Y se acabó el peruanismo, eso fue todo.
“Perú está lejos del Plata”, tituló Julio Castro una nota suya en Marcha, explicando las evidentes diferencias entre una y otra situación. Él, Quijano, Vasconcellos, fueron algunas de las escasas voces que se alzaron alertando sobre el espejismo de una progresía militar a la uruguaya. No es nada difícil darles la razón y asombrarse por aquel “pecado original” de las confusiones de entonces.
Cuánto habrán pesado en esas confusiones lo dislocado del escenario en que se desarrollaron, el caos de años, el cansancio, la lejanía en que se veía cualquier idea de justicia, la degradación del Estado de bienestar, lo siniestro de aquellos a quienes tocaba representar la sagrada institucionalidad. No justificación, pero sí intento de comprensión: si a un escolar que detesta a su maestro por mandón y arbitrario le dicen que para defender su escuela debe ir a defender a ese maestro, al que quieren sacar, no sería tan raro que dijera: que lo saquen, desgraciado.
Fue la peor escenografía para el drama uruguayo, con suficientes enredos como para que alguien muy, muy políticamente incorrecto, lo transformara en comedia. Muy pocos sabían algo sobre Perú, y menos sobre militares, como lo señala el coronel Aguerre, que sí sabía. Una de las medidas tomadas por Velasco –no enseguida, un año y poco después de llegar al poder– fue la amnistía para todos los presos políticos, entre los que revistaban no pocos guerrilleros. Entre los más entusiastas de los que creían en la unidad pueblo-fuerzas armadas, en ese febrero uruguayo de hace 40 años, ¿alguien pudo imaginarse acá algo así, a partir del 4 y el 7, y todos los números que siguieran?