Brecha Digital

La muerte de un reo

Madrid, Barcelona, Paris, Roma y Ciudad de México vieron pasar las primeras pancartas con su nombre en señal de denuncia, reclamo y protesta en 1977: “Abajo la dictadura de Videla”.

Jorge Rafael Videla, teniente general, asumió el gobierno con sus socios de la junta militar, el marino Emilio Massera y el aviador Orlando Agosti, el 24 de marzo de 1976 y se convirtió en presidente por ser el ejército el arma más influyente. Pero en la interna de la junta también dio su batalla y venció al carnicero Luciano Menéndez, apodado el Cachorro, jefe del tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba y con fama de asesino despiadado. El sector moderado del ejército había pactado con la Armada y la Fuerza Aérea para imponer a Videla por sobre el sector más duro encabezado por Menéndez. Videla contaba con el apoyo de los civiles enrolados en el golpe, encabezados entre otros, por el futuro ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Los civiles ya habían sondeado a sus contactos en Washington para consensuar al hombre del golpe en esa primera etapa.

Por su delgada figura lo apodaron la Pantera Rosa y con ese sobrenombre convivió sus cinco años de mandato, entre el golpe y su reemplazo por el general Roberto Viola en 1981. El Mundial de fútbol de 1978 organizado en Argentina fue hecho a la medida de la dictadura. Videla lució sonriente en cada partido del equipo local, mientras la prensa extranjera aprovechaba para levantar denuncias de familiares de desaparecidos y en España aumentaban las denuncias de los exiliados. Johan Cruyff, la estrella del equipo holandés se negó a jugar el campeonato: “No puedo ir a un país donde la gente es perseguida y asesinada, tal como todos sabemos que ocurre en Argentina”. La frase fue tomada por Videla como “parte de la campaña antiargentina que la subversión difunde en el mundo”.

En 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos miembros se entrevistaron durante dos semanas con familiares de víctimas, funcionarios y recorrieron el país verificando la situación de los presos en las cárceles del régimen. El gobierno norteamericano, encabezado entonces por James Carter, empezaba a poner el dedo en la llaga y se amplificaron los reclamos en todo el mundo contra la dictadura. Durante una recordada conferencia de prensa Videla habló sobre los desaparecidos. “El desaparecido es una incógnita. No está ni vivo, ni muerto. No tiene entidad. Frente a eso no podemos hacer nada”, fue la simple y sarcástica respuesta.

Con 87 años, el viernes 17 Videla se llevó puestas tres condenas por delitos de lesa humanidad, aunque solo la primera, del juicio a las juntas militares celebradas en 1985, quedó firme. Las otras dos condenas estaban apeladas y pendientes de confirmación por la Corte Suprema. Una, a cadena perpetua, llegó el 22 de agosto de 2010 por el fusilamiento clandestino de presos en la unidad penal de Córdoba. La segunda fue en julio de 2012 y le caían cincuenta años por apropiación de menores durante su gobierno. “Quienes me están juzgando son los enemigos de ayer que hoy están en el poder en busca de instaurar una dictadura marxista a la manera de Gramsci”, dijo en su descargo entonces.

Nunca se arrepintió de nada. Este año, ya enfermo, decidió que no iba a pasar desapercibido. Dio entrevistas en las que llamó a alzarse en armas contra el kirchnerismo para salvar la República y se hizo cargo de todo lo actuado por sus subordinados. “Me pongo al frente de todos estos hombres juzgados injustamente hasta que todos recuperen su ansiada libertad”, dijo el martes pasado como últimas palabras públicas.

Lo esperaba un fixture de cuatro nuevos procesos judiciales. Hace dos meses comenzó el juicio oral por el Operativo Cóndor ,donde durante la última semana habló brevemente para desconocer los cargos en su contra. Le faltaba asistir al juicio por los crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército, por el Operativo Independencia en Tucumán y en La Rioja por el asesinato del obispo Enrique Angelelli en agosto de 1976.

En 1990 fue beneficiado por los indultos de Carlos Menem y regresó a su casa del barrio de Belgrano y recién ocho años más tarde volvió brevemente al penal de Caseros por su responsabilidad en el plan sistemático de apropiación de menores. Pero su edad avanzada lo devolvió a  su casa con arresto domiciliario. Recién en 2010, con la primera condena firme, fue recluido en el penal de Marcos Paz donde murió el viernes como cualquier reo, cumpliendo su condena. Tati Almeyda, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo, subrayó la importancia de que el genocida haya muerto estando preso.