No era una medida que tuviera precisamente demasiado apoyo: en los días en que comenzaba el debate legislativo, un sondeo publicado por el diario Le Figaro –una de esas encuestas oportunas que suelen sacarse de la galera en el momento justo para mostrar que lo que siempre fue debe seguir siéndolo– daba cuenta de que 63 por ciento de los franceses estaban a favor de mantener la guillotina. Incluido el propio Chevalier, salido del anonimato para dar en tanto “experto” algunas pocas entrevistas que la prensa “popular” se encargaría de divulgar. Decía el verdugo que nunca había sentido conmiseración alguna por los asesinos cuando le había tocado accionar la guillotina. Y decía aquella prensa que precisamente ese era “el verdadero sentimiento de la gente”, que vox populi vox dei y que no hay mejor imagen, mejor transcripción, del dios gente que un sondeo, que una encuesta. Algunos políticos también lo decían. Valéry Giscard d’Estaing clamaba que “como liberal” “aborrecía de la pena de muerte”, pero que contra el “sentimiento popular” no se podía ir. Ahí estaban los sondeos –había habido unos cuantos sobre el mismo tema por aquellos años, todos coincidentes– para demostrarlo, decía. Y decía finalmente que mientras las cosas no cambiaran en la cabeza de la gente, la guillotina debía seguir funcionando. Y así fue. Giscard se negó a otorgar la gracia a tres condenados, y Chevalier se encargó de que sus cabezas rodaran bajo la presidencia del liberal.
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Pocos años antes, Giscard d’Estaing sí había ido contra los sondeos cuando había sostenido la cruzada de la ministra Simone Veil en favor de la legalización del aborto. Cuestión de derechos, había dicho el hombre, oponiéndose incluso a que el tema fuera plebiscitado. Los derechos básicos no se plebiscitan, decía Veil.
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Y menos se sondean, decía Mitterrand. En el 81, cuando la épica acompañaba todavía a la izquierda gobernante en Francia, el presidente socialista repetía: la izquierda no puede gobernar por sondeos. Y una medida que figuraba justo en la mitad de la larga lista de 110 del programa común de gobierno de socialistas y comunistas –capaz que precisamente por aquello de vox populi etcétera– pasó a ser de las primeras en concretarse. “Quien gobierna pensando en satisfacer las supuestas demandas de la opinión pública auscultada a través de la lectura de sondeos, está condenado a la demagogia a repetición y a renunciar a cualquier pretensión de cambio”, comentaba por entonces el ministro de Justicia de Mitterrand, Robert Badinter.
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En caso de haberse necesitado el 60 por ciento de aprobación de “la gente” para abolirla (o el 55, o el 50, o el 45), la pena de muerte seguiría vigente hoy en Francia. Las encuestas la hubieran mantenido.
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No hay instrumento potencialmente más “estatuquístico” que un sondeo, una encuesta que congela un estado de “opinión pública”, cuando se los quiere utilizar para el no-cambio o para validar el no-hacer, máxime en una época como la actual en que los medios cuentan con un poder paroxístico de construcción de opinión y en temas que movilizan fantasmas o miedos de todo tipo. Como el de la inseguridad, el de la “violencia ciudadana”. O el de las drogas. No hay que ser Giovanni Sartori* para sostenerlo.
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De seguir a rajatabla lo dicho la semana pasada por el presidente José Mujica (véase página 17), poco se podrá hacer para cambiar nada. No ya regular la venta de marihuana. Nada. O por lo menos nada que vaya en sentido de modificar el sentido común de “la gente”. Habría que contar con 60 por ciento de apoyo de la “opinión pública” para intentar algo en algún tema. Y si no, “irse al mazo”. Para colmo, los apoyos o rechazos ni siquiera se medirían en un plebiscito –¿todo es plebiscitable?– sino por lo que dictaminara algún sondeo previo. (¿De todas las encuestadoras? ¿De una sola? ¿De la más “calificada”?)
Bastó que el presidente lo dijera para que los sondeos aparecieran. Tres en menos de una semana, todos en el mismo sentido. Uno de la empresa Cifra establece que 66 por ciento de los uruguayos estarían en contra de regular la venta de marihuana. Otro, de Interconsult, llega justo, justo a la barra canónica del 60, y un tercero, realizado telefónicamente a pedido del Ministerio del Interior y volanteado en el Consejo de Ministros del lunes pasado (Unoticias, 16-VII-12), dice no sólo que la regularización de la marihuana es la medida más rechazada del “paquete de seguridad” propuesto en junio sino que la internación compulsiva de los adictos es de lejos la más aceptada: por 95 por ciento de los consultados. Era de prever. Lo que en principio no lo era (¿o sí?), era que el gobierno se fuera al mazo en la más defendible (¿la única?) de las medidas de su paquete y cantara retruco en la más derechosa, la que más va en el sentido del statu quo. Y que lo hiciera amparándose nada menos que en sondeos.
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Foquistas eran los de antes.** n
* Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeos.
** Guillermo Lamolle, en La diaria, 16-VII-12.