Brecha Digital

Faltan debates y consensos

Protección del patrimonio arquitectónico moderno

La reciente polémica en torno al proyecto inmobiliario que altera la casa Crespi, declarada de interés departamental por su valor patrimonial, muestra la falta de criterios comunes entre los técnicos a la hora de resolver la intervención de un bien de este tipo, al tiempo que pone en cuestión la eficacia de los instrumentos de los que se valen tanto la academia como la comuna, para promover la reflexión y la búsqueda de consensos en estos temas.

El viernes 7 de diciembre Brecha publicó una carta del Instituto de Historia (iha) de la Facultad de Arquitectura en la que cuestiona la decisión de la Intendencia de Montevideo (im) de habilitar un proyecto inmobiliario para construir un edificio de 31 metros en la esquina de Julio María Sosa y Patria, frente al Club de Golf, en un área de tres padrones, dos de los cuales están ocupados por la vivienda que construyó en 1938 para su familia el arquitecto Luis Crespi, autor además del edificio de la Biblioteca Nacional y del Yacht Club (este último junto a Jorge Herrán). 

La residencia, uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura moderna unifamiliar construida en el país en los años treinta, forma una trilogía con las viviendas vecinas de los arquitectos Julio Vilamajó y Mauricio Cravotto (ambas en bulevar Artigas y Sarmiento, y construidas en 1930 y 1933 respectivamente). Pero mientras éstas fueron protegidas en 1990 cuando se las declaró monumento histórico nacional, la casa Crespi cuenta desde 1995 con una protección menor, la de bien de interés departamental (véase recuadro).
Este régimen prohíbe la demolición del inmueble, pero permite que sea intervenido siempre y cuando el proyecto sea aprobado por la comuna. En el caso del inmueble Crespi la im dio una primera habilitación al proyecto Golf Drive Apartments & Residence en 2006. La obra no se concretó y el permiso caducó; los promotores relanzaron entonces el proyecto con modificaciones (pasaron de un apartamento a dos por piso), que debió pasar los mismos trámites hasta que fue nuevamente aprobado por la Junta Departamental en agosto de 2012.
Aunque mantiene la casa, este proyecto la afecta al intervenir el predio que era parte constitutiva de ésta y al adosarle un edificio que logró un permiso especial de altura ya que la permitida en esa manzana era de 13,5 metros. “Una vez más, la Intendencia de Montevideo deja en evidencia la debilidad de las figuras legales destinadas a proteger el patrimonio arquitectónico departamental, la ausencia de criterios generales que regulen su aplicación, y la total discrecionalidad con que ellos son administrados”, afirma el iha, en su duro comunicado en el que critica la altura especial permitida así como la suposición de que pese a tantas modificaciones en su entorno la casa es igualmente preservada.
Para el iha las distintas dependencias de la im que asesoraron a la Junta Departamental en referencia al proyecto demostraron en sus informes carencia de “rigor teórico”, incluyendo afirmaciones “sin fundamento” y haciendo propios los argumentos de los interesados, que presentaron su iniciativa como una obra preservacionista. Agrega, como uno de los puntos más repudiables, la afirmación de que el proyecto inmobiliario “pone en valor” la casa Crespi, cuando en realidad, y según la visión del iha, la desnaturaliza y flagela.
Según el iha el caso “puso en evidencia la claudicación del poder público en la preservación de un bien patrimonial; o, en todo caso, la debilidad frente al interés privado”.
Al viernes siguiente, este semanario dio difusión a la carta-respuesta del director general del Departamento de Planificación de la comuna, el arquitecto Juan Pedro Urruzola, claramente molesto con el tono y los preceptos de sus colegas del iha.
El jerarca no se mete en la polémica sobre si el proyecto es bueno o malo, si desnaturaliza o “salva” la casa. Considera que esos son aspectos discutibles desde el punto de vista disciplinar y conceptual, y se centra en la defensa del proceso administrativo realizado por la comuna, resaltando que el mismo garantiza un tratamiento serio y transparente en casos polémicos como éste, en los que chocan distintos intereses y visiones. Afirma que el trámite incluyó la consulta a numerosas oficinas departamentales y a otras no mencionadas por el iha, como la oficina destinada a velar por la protección de los bienes de valor patrimonial (Unidad de Patrimonio de la comuna) así como a la Comisión Asesora Permanente, donde hay delegados de la Sociedad de Arquitectos y de la propia Facultad de Arquitectura. Esa comisión es consultada cuando se solicita una habilitación especial, como en este caso, porque el edificio proyectado supera la altura permitida en la zona (lo que exige un pago compensatorio a la im por mayor aprovechamiento).
“Corresponde señalar que tanto el informe de la Unidad de Patrimonio como el informe de la Comisión Asesora Permanente fueron favorables al emprendimiento cuestionado. (…) Afirmar que los informes realizados por dichos servicios técnicos ‘dan cuenta de inconsistencia argumental’ o que contienen ‘falaces afirmaciones’ sin presentar ningún argumento técnico que lo sustente, al margen de poner en evidencia que la cuestión patrimonial es tema de debate, demuestra una considerable soberbia. El emprendimiento que tanto disgusta al iha es, en su opinión, un ‘alerta sobre la incomprensión y la insensibilidad en la valoración de nuestro patrimonio arquitectónico moderno por parte de los propios arquitectos’. Tal vez sea ese el fundamento y los arquitectos tengan la culpa en virtud de su manifiesta incompetencia y escasa sensibilidad. Tal vez incluso sea su feroz afán de lucro. Pero aun suponiendo que fuera cierto, ¿ello puede achacarse a la Intendencia de Montevideo?”, se pregunta Urruzola, buscando centrar el problema no en la presunta permisividad de la im frente a los intereses económicos particulares, sino en la propia diversidad de criterios técnicos y profesionales de los arquitectos frente a casos de este tipo.
Urruzola recuerda que el proyecto tuvo el visto bueno no sólo de los técnicos de la Intendencia, sino también de arquitectos de prestigio vinculados a la preservación del patrimonio arquitectónico como Mariano Arana, Rafael Lorente e Isidoro Singer, quienes en 2006 integraron el jurado de fiabci (una entidad privada que destaca las mejores iniciativas inmobiliarias) que le otorgó un premio. El fallo que justificó esa distinción sostenía que el valor de la propuesta residía en que “la coexistencia de la construcción protegida con la nueva edificación, manteniendo cada uno su identidad, parece lograrse en forma saludable, formándose una nueva unidad que incluye a ambas”.
De este modo el jerarca departamental centra su análisis en la defensa de la política de la im ante puntos de vista diversos en la sociedad y de los propios técnicos frente a los temas que involucran la preservación del patrimonio... PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.