“Poder comunal” en Venezuela

“Transferir poder al pueblo.” Con esa consigna Hugo Chávez relanzó la idea de potenciar los consejos comunales, instituciones creadas por ley hace ya varios años que el presidente venezolano pretende generalizar. Los consejos comunales son estructuras asamblearias cuyo objetivo declarado es servir a “la gestión por el pueblo de las políticas públicas y proyectos”. Cada uno de ellos tiene tres unidades: una económico-financiera (o banco comunal, compuesta por cinco personas); otra de contraloría social (también integrada por cinco personas) y un órgano ejecutivo formado por “voceros” de cantidad variable según el caso. Todos estos “comuneros” son electos por la asamblea de ciudadanos de una comunidad constituida por entre 200 y 400 familias en las ciudades y al menos 20 en el medio rural. A estas asambleas les corresponde la aprobación de las normas de convivencia de la comunidad, el plan de desarrollo, los proyectos presentados al consejo comunal, la contraloría social, la organización del territorio y otros varios ítems.
En los últimos tiempos los consejos comunales han ido ganando prerrogativas e intervienen en asuntos múltiples, “desde tapar huecos en las calles hasta crear empresas socialistas o tener voz y voto en los programas educativos escolares”, según describe el corresponsal en Caracas de la afp. El periodista de la agencia francesa cita el caso de Yubraska Pérez, costurera de una empresa textil instalada en un galpón donde también funcionan otras empresas de madera, vidrio, aluminio y plástico. En ese complejo labora casi un centenar de personas. “Todos trabajamos por la igualdad, y el sueldo que poseemos es igual. Somos dueños de nuestras empresas. No tenemos un jefe, no somos dirigidos”, dice otra empleada, encargada de una carpintería que fabricará muebles para el programa social de vivienda del gobierno.
En el nuevo sexenio que se estrenará en enero, el Ejecutivo pretende crear unas 30 mil empresas de propiedad social dependientes de los consejos comunales. “Somos organismos de poder popular”, dice el coordinador de un consejo de las afueras de Caracas, que afirma no confiar en las estructuras de gobierno municipales ni estaduales, sean chavistas u opositoras. “Si el presidente les dijo a sus ministros que eran pésimos, ¿nosotros no se lo vamos a decir al dirigente local? Es algo que el presidente nos está dando como ejemplo, hay que darles duro con la garrocha, con el mazo”, dijo el coordinador aludiendo a recientes declaraciones de Chávez criticando la gestión de algunas carteras. “La alcaldía puede participar en la toma de decisiones, pero la decisión final de lo que hagamos es de la comunidad”, sostuvo por su lado Isia Benite, delegada de un consejo en el que se construyeron más de 140 viviendas sociales para habitantes de un cantegril en el que también se levantaron calles asfaltadas, se hizo una escuela y se colocaron focos de iluminación.
Los críticos de estas estructuras las comparan a los cdr, los comités de defensa de la revolución que funcionan en Cuba, y los critican por ejercer una “función de contraloría social, política e ideológica”, según dijo un militante opositor. “Los consejos comunales ya son prácticamente parte del Estado. Te organizas y a cambio de tu lealtad política consigues que el ingreso fiscal pase por tu consejo y puedas satisfacer algunas necesidades: es un asistencialismo más sofisticado”, opina la historiadora y opositora Margarita López Maya. “Chávez se ha impuesto que dentro de diez o quince años todos seamos socialistas de alguna manera, cuando este es un país rentista, muy influido por el consumo”, afirma.
De aquí a 2019, para cuando termine el nuevo período obtenido por Chávez en las elecciones de hace un mes, el gobierno pretende que toda la población esté vinculada a un consejo comunal y que al menos dos terceras partes de los habitantes vivan en “subsistemas de comunas socialistas”. “El Estado comunal y socialista es el rumbo irreversible que ha tomado el país luego del triunfo del pasado 7 de octubre”, dijo el comandante.