Oportunidad para un periodismo mejor

No se puede pensar la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual (lsca), de otra manera que no sea como la oportunidad para un periodismo mejor. El actual marco regulatorio ha cambiado el modo de entender a los medios en Argentina; y el desafío es que los actores involucrados –periodistas, la autoridad de aplicación y las organizaciones periodísticas– desarrollen prácticas que contribuyan al logro de sus objetivos, pensados para una sociedad democrática, plural y reconocedora de su diversidad sociocultural.

La nueva norma define a los medios como servicios de interés público, y así los despega de una lógica estrictamente comercial, que tanto daño ha hecho en el terreno del periodismo: condiciones precarias de trabajo, competitividad e individualismo, imposición para ser parte de operaciones de prensa, sensacionalismo, entre otras especies. ¿Se podrán revertir tantos años de mercantilismo?
Por otra parte, pensar lo audiovisual como servicio público es concordante con la consideración de la comunicación como un derecho humano y de la información como un bien social, en una Argentina de políticas públicas orientadas a la equidad y a la expansión de los derechos. La lsca es “hermana” de, entre otras, la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, y la política de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la última dictadura. No se la puede entender fuera de ese contexto, y esto implica ver que el trabajo pasa por reparar las consecuencias nefastas de la dictadura y del embate neoliberal de los noventa.
En ese escenario que se va perfilando desde la promulgación de la lsca en octubre de 2009, resulta interesante observar el papel que le cabe al periodismo. Vale preguntarse si, al amparo de un marco regulatorio que considera de “interés público” su actividad –pero que no es prescriptivo respecto de la misma–, estará en condiciones de ir más allá de la “modelización” de sus prácticas que suele imponerle el medio en que trabaja en función de sus intereses comerciales, y pensar en términos de pluralismo cada vez que participe de la construcción de una noticia.
Vayamos a situaciones concretas: la noción de interés público, ¿predispondrá a elaborar una agenda mucho más amplia, que dé visibilidad a colectivos, geografías y sujetos que no suelen aparecer en los medios o si lo hacen son víctimas de una estigmatización o se los estereotipa? ¿En el tratamiento de fuentes comenzará a primar esa idea de la comunicación como un derecho humano para que todos los sujetos involucrados en una noticia puedan expresar su visión de los hechos? ¿Qué peso tendrán los periodistas para negociar la “noticiabilidad”, escoger sus fuentes y el modo en que cuentan sus historias? Huelga decir que las decisiones tomadas están estrechamente ligadas a la noción de calidad de la información.
Lo dicho puede conducir a seguir pensando –y evolucionando– el rol que deben desempeñar los periodistas en sociedades que buscan profundizar su sistema democrático y ser más equitativas. Hoy suena bastante acotado creer que el periodista es un mero informador –o, en el mejor de los casos, un intérprete de la realidad– con un panorama tecnológico que lo sobrepasa. Se abre un panorama en el que el trabajador de prensa se puede pensar como un promotor de la diversidad sociocultural, un sujeto que gestiona el entendimiento y la comprensión, a partir de permitir que se expresen todas las voces de una sociedad. No es casual que en los últimos años hayan surgido denominaciones tales como “periodismo social”, “periodismo militante”, “periodismo participativo”, que hablan de cierta insatisfacción respecto de los alcances de la profesión.
¿La nueva regulación contribuye a que se generen las condiciones para otros modos de pensar y actuar desde el periodismo? La lsca ha abierto una interesante perspectiva al establecer porcentajes equitativos entre el sector público, el privado y las organizaciones sin fines de lucro para la titularidad de licencias. Años de experiencia indican que modos diferentes de gestión de los medios generan condiciones para prácticas nuevas y transformadoras. ¿Sucederá esto con canales de televisión en manos de universidades, mutuales, cooperativas u otras entidades? De ser así, ¿cómo incidirán esas prácticas en medios públicos y privados, habrá “contagio”?
Las bases de la esperanza están en cómo los trabajadores de prensa han participado en el proceso que derivó en la promulgación de la lsca. Vale recordar que la lsca sustituye a la ley de radiodifusión 22.285, que decretó en 1980 la última dictadura militar, inspirada en la doctrina de seguridad nacional y con una autoridad de aplicación de neto carácter represivo, el Comfer, que mucho dista de la conformación plural y las incumbencias de la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Durante décadas la Argentina democrática no pudo derribar la ley 22.285, fundamentalmente por la presión ejercida por los empresarios. Sólo el perverso pragmatismo neoliberal de la década de 1990 introdujo modificaciones que posibilitaron la feroz concentración de medios, que hoy inicia su fin.
Pese a ello, las organizaciones gremiales de prensa, los pequeños medios, los universitarios sostuvieron la lucha y fueron quienes elaboraron propuestas que terminaron siendo parte vital de la lsca; por citar algunos casos: los documentos del Foro de Periodismo Argentino y las distintas regionales de los gremios de prensa, o los “21 puntos para una radiodifusión democrática”, verdadero antecedente de la ley. Todo esto le ha dado al nuevo marco regulatorio una de sus principales fortalezas, y es que ha tenido un debate –y alcanzado consensos– inédito para una ley en Argentina.
De ahí que buena parte de los periodistas sienten a la lsca –incluso con discrepancias parciales– como propia, lo que lleva a preguntarse si ese sentido de pertenencia gremial y de vocación de diálogo con otros actores se fortalecerá en el trabajo cotidiano en los medios y permitirá un mejor posicionamiento para la participación en la toma de decisiones de agenda, de fuentes, de “noticiabilidad”.
De más está decir que estamos frente a una batalla cultural que llevará su tiempo. Queda mucho por andar y por hacer. n

 

*     Periodista. Docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Integra el proyecto de investigación “Regulación de medios audiovisuales. Estudio comparativo entre la Unión Europea y el Mercosur: los casos de Francia y Argentina (2010-2013)”, en el marco del Programa de Cooperación Bilateral Argentina-Francia, Mincyt/ecos.
    En Uruguay exclusivo para Brecha.