Guerra de medios

Cristina y Clarín en su día D

Hoy viernes, 7 D, termina el plazo para que 21 grupos multimedios se adecuen a la ley de servicios audiovisuales promovida por el gobierno argentino. La ley apunta a limitar los monopolios mediáticos en general, pero tiene como blanco principal al grupo Clarín, de lejos el más poderoso del país y enemigo público número uno del kirchnerismo desde el “conflicto del campo” de 2008. Pros y contras de ese dispositivo son abordados en las siguientes notas.

La ñata contra el vidrio

El gobierno y el grupo Clarín apostaron a un enfrentamiento que deja a la sociedad como observadora de los fuegos de artificio que ambos se prodigan a través de los medios audiovisuales y en las redes sociales.*
Néstor Kirchner mantuvo una buena relación con el grupo Clarín durante todo su gobierno (2003-2007), al punto que entre sus últimas medidas, antes de ceder el bastón de mando en la Casa Rosada a su esposa, autorizó la fusión de las empresas Multicanal (Clarín) y Cablevisión, con lo que convirtió al grupo en un virtual monopolio de la televisión por cable, la distribución de Internet y la más vasta red de radios y canales televisivos de aire en todo el país (véase recuadro). Todo cambió a partir de la asunción de Cristina Fernández, en diciembre de 2007, cuando el multimedios respaldó las protestas de los sectores rurales contra los planes del gobierno de aumentar los impuestos a los exportadores de granos. En octubre de 2009 el parlamento aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual, destinada a remplazar la vigente desde la dictadura y marchar hacia la desmonopolización del sector. Cuando el gobierno se disponía a ponerla en práctica, sucesivos amparos y cuestionamientos judiciales solicitados por el grupo Clarín le impidieron su aplicación plena, especialmente en materia de desinversión y venta de medios. Este viernes, precisamente, vence la medida cautelar otorgada por la Suprema Corte, que hasta ahora impedía al gobierno avanzar sobre los medios del grupo Clarín. La ley estipula que cada empresa pueda acceder a un máximo de 24 licencias de radio y televisión en todo el país. Clarín deberá adaptarse.

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“La ley de medios es un avance en la democratización de la comunicación. Otorga nuevos derechos a nuevas expresiones sociales, en especial a las organizaciones comunitarias, no gubernamentales, etnias y otros sectores sociales que buscan acceder a canales de comunicación democráticos”, sostiene Glen Postolski, director de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires. El texto fue preparado por la llamada Coalición por una Radiodifusión Democrática, formada en 2004 por asociaciones y sindicatos, que plantearon una serie de puntos (21 en su momento) en reclamo de la modificación de la vieja ley de radiodifusión de 1980 de la dictadura militar. Postolski fue, junto a los especialistas Martín Becerra y Guillermo Mastrini y el abogado Damián Loreti, parte del grupo de universitarios que participaron en las discusiones por la actual ley. En pleno enfrentamiento con el grupo Clarín, el gobierno de Cristina Fernández tomó ese proyecto, le introdujo modificaciones y logró que el parlamento lo aprobara con los votos oficialistas y de la oposición, lo que le otorga por lo menos la legitimidad del consenso. Por si fuera poco, Frank La Rue, relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, le dio un fuerte respaldo. “La ley impedirá que haya una empresa (el grupo Clarín) que maneje el 70 por ciento de la comunicación del país, o sea alrededor de 500 compañías de medios, lo que atenta contra la democratización de la palabra”, dijo Eduardo Seminara, uno de los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (afsca), encargada de la aplicación de la norma.
Durante la última semana, 14 de los 21 grupos empresarios que operan señales de radio y tevé en el país presentaron su plan de adecuación para llegar al lunes 10 de diciembre –primer día hábil después del 7 D– con los papeles en regla. Ya lo hicieron, por ejemplo, el grupo Indalo, del empresario kirchnerista Cristóbal López, y La Capital, propiedad del empresario Florencio Aldrey Iglesias, con emisoras en Mar del Plata, donde está asociado con el grupo Clarín.
El segundo mayor grupo concentrado detrás de Clarín, el grupo Uno –de Daniel Vila y el ex diputado peronista José Luis Manzano, dueño del canal América y una serie de medios en Mendoza y Rosario–, presentó por su lado una propuesta por lo menos curiosa, si no algo más. El conglomerado sugiere repartir las señales excedentes entre sus propios familiares y ex socios, para disolver la actual conformación del consorcio empresario. Algo similar propuso el poderoso grupo Ick, con influencia en Santiago del Estero y otras provincias del norte del país. Ick fue una de las apoyaturas del ex gobernador Carlos Juárez durante los últimos cincuenta años y acomodó sus fichas a la actual administración K de la provincia, en manos del ex radical Gerardo Zamora.
Hasta ahora Clarín no presentó su propuesta y esto hace pensar en varios escenarios posibles para el lunes 10. La afsca, a través de su nuevo titular, Martín Sabatella, señaló que el organismo se tomará 120 días para analizar las propuestas presentadas y aprobarlas o denegarlas, tras lo cual abrirá un nuevo período de 180 días para que los grupos empresarios las hagan efectivas, en caso de haber sido aceptadas. Así las cosas, el gobierno considera posible que el grupo La Capital, ya asociado a Clarín, pueda servirle a éste de salida –como inversor que compre los medios de los que debiera desprenderse “el gran diario argentino”–. Pero también es viable una maniobra cuyo centro sea la propuesta del grupo Uno de repartir los medios entre familiares y amigos.
A última hora del miércoles la empresa estadounidense Fintech, socia minoritaria de Clarín en Cablevisión, se presentó ante la Afsca proponiendo que Clarín vendiera el 60 por ciento de esa empresa de cable para evitar la situación de ilegalidad y “los daños que pudieran recaer en Fintech”. Pese a la reacción de Clarín en contra de la propuesta, en la maniobra de Fintech es posible ver la mano de la embajada estadounidense, que no acompañó a Clarín en sus quejas por la ley de medios (véase entrevista a  Sebastián Lacunza).
“Creo que esto no se termina en 2013”, lanza Becerra. “A tres años de implementada la ley no podemos seguir sin saber a ciencia cierta cuántas licencias tiene cada grupo. Hay sectores de los medios alternativos y organizaciones sociales que no ven con buenos ojos la forma en que el gobierno lleva adelante la aplicación de la ley de medios, especialmente después de haber visto la propuesta del grupo Uno dividiendo los medios entre familiares. Nadie esperaba en el campo de las organizaciones sociales sin fines de lucro que se pudieran repartir las licencias de esta forma.”
Según Graciela Mochkofsky, periodista y autora del libro Pecado original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder (Sudamericana, 2011) ,“el gobierno de Cristina siempre va a ir contra Clarín, con la ley de medios o no, porque se trata de una guerra por el poder y no parece haber vuelta atrás”. Para Becerra, “lo mejor que puede hacer Clarín es presentar un plan de adecuación para evitar que el gobierno avance sobre el grupo y lo desintegre. Soy crítico de cómo el gobierno aplica la ley de medios, pero me parece que es un gran avance democrático”.

Datos

Siete de los 21 grupos mediáticos argentinos se exceden en número en las licencias de cable, radio y televisión que pueden tener ahora en función de la llamada “ley de medios”.
El principal, de lejos, es el grupo Clarín, que según Marín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, “posee el 41 por ciento del mercado de radio, el 38 por ciento de la televisión abierta y el 59 por ciento de la tevé por cable, cuando el máximo en todos los casos es 35 por ciento”.
En 2011 el grupo Clarín, que edita el diario de mayor circulación en el mundo de habla hispana, incluida España, tuvo un volumen de negocios cercano a los 2.000 millones de dólares. Además de medios gráficos y auiovisuales, es copropietario, junto a La Nación, de papel Prensa, la única firma de insumos para publicaciones.n