La justicia argentina, ese oxímoron

Ley de medios, decisión sobre un caso de trata

Finalmente no hubo 7 D. Una controvertida decisión de una cámara cuyos dos integrantes son sospechados de mantener lazos con el grupo Clarín, otorgó al multimedio un nuevo respiro, y Clarín podrá seguir sin adecuarse a la ley de medios. Por otro lado, la justicia de una de las provincias más atrasadas y feudales del país absolvió a los 13 acusados de pertenecer a una red de trata de mujeres en un sonadísimo caso. La presidenta Cristina Fernández criticó ambos fallos y reclamó una “democratización del Poder Judicial”, vista a su vez por la oposición como una nueva “embestida baguala” del oficialismo.

 

Quizá antes de fin de año haya resolución sobre la adecuación del grupo Clarín a la nueva ley de medios, si el juez de primera instancia Eduardo Alfonso resuelve de acuerdo a los tiempos previstos por la jurisprudencia y no hay más palos en la rueda interpuestos por el multimedio. Después del cimbronazo provocado en la noche del jueves pasado por la decisión de los dos jueces integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de sostener la medida cautelar pedida por la empresa “hasta que se dicte sentencia definitiva”, la pelea por la vigencia plena de la ley, que fija límites a la posesión de frecuencias de radio y televisión por una sola empresa, tuvo otras derivaciones vinculadas con las presiones sobre los jueces por parte del gobierno, una vieja cantinela que reaparece en escena siempre que se disputan intereses entre pesos pesados.
Un día antes del famoso 7 D (el viernes 7 de diciembre), día en que vencía el plazo otorgado por una medida cautelar en favor de Clarín que demoraba la presentación del plan de la empresa para desprenderse de algunos de sus medios, los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta decidieron que esa medida debía prolongarse hasta tanto el juez Alfonso se expidiera de manera perentoria y definitiva. Ambos magistrados, cuestionados por el gobierno por sus vinculaciones y relaciones amistosas con el multimedio, empujaron esa decisión mientras le recordaron al juez el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a no demorar más una resolución de fondo sobre el caso, a partir de la cual la extensión del plazo estipulado por la medida cautelar caerá automáticamente.
Alfonso está ahora entre la espada y la pared, observado por la Corte Suprema y obligado a jugar por obligación de la Cámara. Tiene todavía la semana que viene para recibir escritos de ambas partes –gobierno y grupo Clarín– antes de abrir un compás de espera de un máximo de 40 días y decidir.
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