Un nuevo aire para la “revolución ciudadana”

Rafael Correa gana su séptima elección en Ecuador

La victoria de Rafael Correa en las elecciones ecuatorianas del domingo, la séptima al hilo que logró en seis años (tres presidenciales y cuatro consultas populares), fue la más clara en una presidencial desde que asumió el gobierno en enero de 2007: no sólo obtuvo 56,7 por ciento de los sufragios en primera vuelta, más de 33 puntos por encima de su seguidor más inmediato, sino que la coalición que lidera, Alianza País, alcanzó las mayorías parlamentarias especiales que le permitirán lograr la aprobación de reformas constitucionales y de proyectos que permanecían trancados en la asamblea legislativa unicameral, entre ellos una “ley de medios” y un nuevo Código Penal.

El domingo Correa ganó en las 24 provincias y en las principales ciudades del país. En las provincias donde Alianza País obtuvo una menor votación fue en aquellas del sur (Morona Santiago, Zamora, Chimborazo) donde la protesta indígena y campesina contra proyectos de minería a cielo abierto fue de mayor envergadura: allí la coalición de gobierno no llegó al 50 por ciento (en Morona Santiago anduvo por el 37 y en Zamora por el 40), un nivel que superó, en ocasiones con holgura, en el resto de Ecuador.

El único partido de oposición que se salvó de la debacle fue el recién surgido Creando Oportunidades (Creo), liderado por el banquero Guillermo Lasso, que con su algo más de 23 por ciento de los votos obtendría, según proyecciones de la ong Participación Ciudadana (los resultados definitivos de las legislativas todavía no se conocen), entre diez y doce diputados sobre un total de 137 (contra más de 90 de Alianza País). En la derecha, el partido del ex presidente Lucio Gutiérrez, un coronel retirado destituido en 2005 por el parlamento tras una rebelión popular, fue reducido a un nivel políticamente marginal (apenas araña el 7 por ciento, cuando superó el 27 en 2009), y más aun el dirigido por el magnate bananero Álvaro Noboa, “el hombre más rico de Ecuador”, que a duras penas llegó al 3 por ciento de los votos en su quinto intento de alcanzar la presidencia. En la otra punta, la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, surgida en torno a la figura del economista Alberto Acosta, aliado de Correa durante los primeros años de su gestión pero que ha criticado la posterior deriva derechizante del gobierno, fracasó por el momento en su apuesta de forjar una alianza alternativa al proyecto oficialista. La coalición, que denunció las dificultades que debió enfrentar para lograr una visibilidad mínima ante la “avasallante maquinaria” del aparato del oficialismo, según dijo una de sus candidatas al parlamento, apenas pasó del 3 por ciento.

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“Un Estado poderoso, lleno de recursos, que vuelve a la escena política y social a repartir riqueza y a modernizar el país; un liderazgo fuertemente personalizado, con elementos carismáticos, que mantiene viva la ilusión del cambio y una estrategia de legitimación de ese liderazgo que consiste en armar el campo político como una lucha de los ciudadanos contra las estructuras de poder”, son las razones principales que encontró Felipe Burbano, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador, para explicar el “triunfo arrollador” de Correa. El historiador Jorge Núñez Sánchez subrayó por su lado que la de Correa es la primera “gestión estable y con buenos resultados, sociales y económicos, en muchos años en el país”. El joven economista de 49 años, surgido del catolicismo progresista, sucedió a “una serie de gobiernos con marcados rasgos de autoritarismo y corruptos (cuatro de los cinco presidentes que lo precedieron fueron destituidos), y barrió con los partidos tradicionales. Hubo además en el país una profundización de la conciencia social del proceso. Nunca en la historia ha habido un gobierno que hiciera tanto por el desarrollo nacional”, apuntó Núñez Sánchez.
La inversión en el área social, en especial en educación y en salud pública, los planes de combate a la miseria y a la extrema miseria siguiendo el modelo de los aplicados en el resto de los países sudamericanos bajo gobiernos progresistas (el Bono de Desarrollo Humano es el nombre ecuatoriano del Bolsa Familia brasileño o el ingreso solidario uruguayo, entre otros) y un plan mayúsculo de recuperación de las infraestructuras viales (“Ecuador era un país incomunicado, hay que ver cómo le agradecen a Correa las poblaciones que ahora están conectadas”, comentó el analista económico Walter Spurrier) han asentado la popularidad del presidente, inigualada en la historia reciente del país. Sólo en el área social, el gobierno ha invertido más de 60.000 millones de dólares desde 2007 y proyecta invertir otros 40.000 millones en el próximo mandato, que comienza el 24 de mayo. El dinero ha salido en gran parte de la renta petrolera, luego de que en 2010 el Ejecutivo se decidiera a cambiar las condiciones de explotación del sector renegociando 15 de los 24 contratos firmados con las trasnacionales, y de sucesivas reformas impositivas que afectaron a los ingresos más elevados. “En julio de 2010 un cambio en la ley (de hidrocarburos) estableció que el Estado, que antes se quedaba con un 13 por ciento de la ganancia de los contratos petroleros, pasara a obtener un 87 por ciento. La iniciativa antievasión logró a su vez que las empresas y los ricos que antes evadían tuvieran que pagar sus impuestos, y así aumentó la recaudación sin tener que subir los impuestos a otros sectores. El país aumentó su inversión en infraestructura en un 10 por ciento del pbi, siendo el que más aporta en ese rubro en la región”, dijo otro investigador de Flacso, el economista estadounidense Al Campbel.

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En entrevistas que ha dado en las semanas previas a la elección del domingo, Correa destacó como otro de los logros de su administración el haber forzado a los organismos internacionales de crédito y a Estados Unidos a aceptar nuevas reglas en las relaciones con Ecuador. “Ya no nos dominan los banqueros, ya no nos dominan las burocracias internacionales del fmi y el Banco Mundial”, dijo en una de ellas, mientras en otra subrayó “la nueva dignidad” que logró el país al plantarse firme frente a “la gran potencia mundial”, al desmantelar las bases militares de que disponía Estados Unidos en territorio ecuatoriano, promover la autonomización política de América Latina, e incluso al concederle asilo al animador de Wikileaks Julian Assange. Al comienzo de la administración de Correa, Ecuador se había opuesto también a la conclusión de un tratado de libre comercio con Washington, algo que ahora no estaría demasiado claro (véase entrevista con el ex vicecanciller ecuatoriano, el también uruguayo Kintto Lucas, en Brecha, 18-I-13).
Correa admitió en otras declaraciones que la diversificación de la producción nacional y la reducción de la dependencia del petróleo son puntos en el debe de su administración. En ese plano, “nos hemos hecho la autocrítica de que hicimos bastante bien lo mismo de siempre”, dijo al diario El Telégrafo. Uno de los desafíos que se le presentan a corto plazo es obtener más recursos para financiar un enorme gasto público que el presidente, según prometió, no piensa reducir. El dinero saldría por un lado de una mayor presión tributaria sobre las capas medias-altas y altas y por otro de una apuesta a la gran minería que podría llegar a despertarle dolores de cabeza en caso de agravarse los enfrentamientos con sectores sociales que supieron estar entre las bases de apoyo de su gobierno. Walter Spurrier, director de la publicación Análisis Semanal, dijo a la página web en español de la bbc británica que mientras dure la actual “situación fiscal sin precedentes de un elevado precio del petróleo” el gobierno podrá manejar a sus anchas y con relativa comodidad los conflictos que se le presenten por derecha o por izquierda. “El descontento con algunas medidas que desalientan la inversión privada radica únicamente en las capas empresariales”, al tiempo que la resistencia a la expansión de la gran minería permanece todavía social y políticamente focalizada, señaló.

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Por otro lado, estas elecciones terminaron por hundir a la dirigencia política tradicional, en especial la conservadora, y consolidaron la emergencia de una “nueva derecha” configurada en torno a empresarios, industriales, banqueros agrupados en el nuevo partido Creo, ideológicamente bastante más sólido que expresiones anteriores de la derecha. Guillermo Lasso, su líder, se presentó tras la elección como el referente principal de una oposición que “ahora sí se plantará como tal”. En la campaña, Lasso había defendido un “cambio radical en el modelo político y económico del país”, basado en el apoyo al sector privado, el desmantelamiento del Estado social, lo que llamó “la democratización del capital”. “Mientras más oportunidad de avanzar tengan los ricos, mayor oportunidad tendrán también los pobres. La democracia ecuatoriana se va a fortalecer cuando abandonemos el modelo de una sociedad de proletarios y asumamos la decisión de lograr una sociedad de propietarios”, dijo a la bbc.
En una entrevista con Página 12 ayer jueves, Correa se dijo “muy contento de que se haya por fin consolidado una derecha ideológica, por fuera de una partidocracia saqueadora y corrupta”. Lo que había habido hasta ahora en Ecuador, como en otros países de América Latina, aseguró, era una derecha conspiradora, golpista, “no una oposición democrática. Lucio Gutiérrez apoyó el golpe de Estado del 30 de setiembre.* Aquel día los opositores se reunieron en un hotel cinco estrellas a beber whisky importado celebrando la caída del gobierno. Cuando fracasaron en su intento porque el pueblo ecuatoriano salió a la calle a defender la democracia, todavía pidieron una amnistía para todos los asesinos. (…) Lasso dijo que va a inaugurar una oposición democrática. Hemos tenido golpismo, conspiración permanente, en complicidad con algunos medios de comunicación. (…) Bienvenida una oposición democrática”. n
*    La asonada policial de 2010 que culminó con varios muertos y estuvo marcada por la “retención” de Correa en un hospital, el incidente más grave que debió enfrentar en su gestión.

La pelea por el control de los relatos

Mercedes López San Miguel desde Quito

Desde su llegada al palacio Carondelet, Rafael Correa comenzó a desarrollar una red de medios públicos, integrada por los diarios estatales El Telégrafo y PP El Verdadero, la agencia de noticias Andes, Ecuador tv y la Radio Pública. Una red a través de la cual Correa le da pelea a la “gran prensa” –así la llama–, como son los diarios de mayor peso en la opinión pública, El Universo y El Comercio, y los canales Ecuavisa y Teleamazonas, que establecen una línea editorial opositora. Su gobierno no logró aprobar la ley de comunicación que entró en la Asamblea Nacional en setiembre de 2009, porque no consiguió el número de votos suficientes. Si la oficialista Alianza País consiguiera hoy la mayoría en el legislativo, la ley de medios sería prioridad.
Correa califica habitualmente a los conglomerados mediáticos de “mediocres e incompetentes”. El proyecto de ley que reimpulsaría un nuevo gobierno suyo plantea que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente, otorgando un 33 por ciento para medios públicos, 33 por ciento para medios privados, y el 34 restante para medios comunitarios. Hasta ahora, cerca de 85,5 por ciento de las frecuencias radiales son privadas, 12,9 por ciento públicas y 1,6 comunitarias, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. En el caso de la televisión, 71 por ciento son privadas y 29 por ciento públicas.
Asunta Montoya, secretaria ejecutiva de la Organización Católica Latinoamericana de Comunicación, explica los motivos por los que apoyan la aprobación de la ley junto a otras redes de comunicación. “Garantiza la plena libertad de expresión y de información; democratiza la radio y la televisión distribuyendo equitativamente las frecuencias y elimina los monopolios. Además, fomenta la producción nacional y promueve la comunicación intercultural y plurinacional, entre otros aspectos.”
El proyecto de ley aumenta a 30 años las concesiones de frecuencias, inicialmente reducidas a cinco. Sus detractores cuestionan que se establezca la creación de un ente de regulación que controlaría la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos, así como la redistribución del espacio radioeléctrico. El ente, que contará con un delegado del Ejecutivo, no tendría la potestad de suspender ni clausurar un medio aunque sí podrá imponer sanciones administrativas.
Los críticos señalan que las primeras regulaciones se fijaron con la Constitución de 2008, que prohibió a los banqueros ser dueños de medios. Montoya discrepa con ellos. “Actualmente no existe regulación de los medios por parte del Estado. Lo que sí existe son disputas mediáticas entre el gobierno y los dueños de los grandes medios, aliados de la derecha, dando lugar a dos polos permanentemente enfrentados.” Y en particular, sobre la regulación de contenidos incluida en la norma agrega: “De aprobarse la ley de comunicación, esperamos que se aplique el artículo referido a la regulación de los medios de manera democrática y con la participación de la ciudadanía representada en veedurías, observatorios y consejos ciudadanos, en los niveles local, provincial y nacional”.
Rubén Darío, director del diario Expreso de Guayaquil, no cree necesaria una ley de medios. “Es innecesaria en la medida en que los periodistas deberíamos ser responsables de lo que publicamos y no debería haber una norma. Si hiciéramos las cosas bien, nadie pondría objeción a nuestro trabajo.”
Se le pregunta si no cree indispensable que se desconcentre y por tanto se democratice el espacio radioeléctrico. “No me opongo a una ley de comunicación si es justa, si atañe a todos los ciudadanos, tanto de medios privados como públicos. Incluso podría ser positiva. Los periodistas esperamos que sea una ley justa y pensada para todos, en la medida en que los medios públicos sean de verdad, porque algunos son progubernamentales”, afirma como director de un periódico que él califica como equilibrado. “No somos como el diario El Universo, que sí es opositor.”
A propósito de El Universo, en 2012 el mandatario logró que tres directivos y el columnista Emilio Palacio fueran sentenciados por injuria a tres años de prisión y el pago de 40 millones de dólares –que luego les perdonó–, por haber publicado una opinión en la que Palacio acusó a Correa de haber ordenado atacar un hospital con civiles donde estuvo retenido durante el intento de golpe del 30 de setiembre de 2010. En el artículo, el columnista llamó nueve veces dictador al presidente. Montoya señala los efectos de ese juicio contra el medio privado. “Los antagonismos más bien dieron lugar a una alianza de periodistas y medios privados en torno a la defensa y solidaridad con El Universo. Pero por otro lado también creció la conciencia de la necesidad de una pronta democratización de los medios de comunicación.”
Correa mismo, en una entrevista con Página 12 el 5 de diciembre pasado, reconoció que la querella contra los periodistas pudo ser uno de los frenos para la aprobación de la ley. “Probablemente. Pero es un ejemplo de que estos señores con su poder mediático están por encima de la ley. En un Estado de derecho se persiguen delitos, no personas.”
El presidente aclaró que su pelea es con los directivos y no con los periodistas, cuyo sueldo básico ordenó subir en diciembre en un 69 por ciento para colocarlo en 817 dólares, y se dijo dispuesto a subsidiar el aumento. La disputa ideológica entre los medios privados y su gobierno es innegable. Tras la reelección de Correa, los rivales continuarán por la misma senda. n

    (Tomado de Página 12, Buenos Aires, por convenio.)

Venezuela
El regreso de Chávez

El lunes pasado, sin anunciar agua va, Hugo Chávez volvió a Venezuela tras más de dos meses de permanencia en Cuba luego de su cuarta operación por el cáncer que se le detectó en 2011. “Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. ¡Gracias Dios mío! ¡Gracias pueblo amado! Aquí continuaremos el tratamiento”, tuiteó el presidente desde su cuenta @chavezcandanga, y así el mundo se enteró del regreso. “Sigo aferrado a Cristo y confiado a mis médicos y enfermeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viviremos y venceremos!”, dijo en un segundo mensajito. Y poco después el gobierno anunciaba que Chávez ya estaba alojado en el Hospital Militar de Caracas, un establecimiento de punta de la capital donde en principio contará con la misma reserva y privacidad con la que contaba en Cuba.
No hay registros fotográficos de la llegada de Chávez a Venezuela ni de su presencia en el hospital caraqueño. Evo Morales, el presidente boliviano, que hizo escala en Caracas el martes rumbo a las Naciones Unidas en Nueva York con intención de reunirse con él, estuvo en el hospital pero no se sabe si llegó a ver a su par venezolano. La última foto conocida del comandante (y la primera desde que llegó a Cuba) es de pocos días antes de su retorno a Caracas: esa en la que aparece junto a sus dos hijas, sonriendo y leyendo el Granma cubano. Algunos dirigentes de la oposición venezolana llegaron a dudar de su autenticidad, y amparados en la opacidad que ha rodeado todo el proceso de la enfermedad del presidente, volvieron a sostener que tenían datos de que Chávez estaba, si no muerto, al menos en estado vegetativo. Otros fueron más cautos.
El anunciado retorno del comandante a Caracas no ha cambiado de todas maneras el estado de rumoreo permanente que domina la escena política venezolana. “La incertidumbre sobre una posible elección presidencial anticipada permanece intacta, porque es probable que Chávez más temprano que tarde acabe renunciando o se declare su incapacidad para ejercer el gobierno”, dijo el martes el director de la consultora Datanálisis, Luis Vicente León. Hay analistas que piensan que Chávez regresó a Caracas únicamente con el fin de juramentarse como presidente y nombrar formalmente a Nicolás Maduro (a quien designó como su sucesor antes de entrar en el quirófano en La Habana) como vice, de manera de legitimar al actual gabinete de gobierno y asegurarse de que sea Maduro –y no el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello– quien asuma provisoriamente la presidencia tras su eventual renuncia. Maduro y Cabello liderarían dos sensibilidades diferentes dentro del oficialismo, más socializante la del primero y más nacionalista la de Cabello, un militar retirado que no contaría con las simpatías de la dirigencia cubana.
Apenas regresado Chávez a Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que está “listo” para “proceder” a la asunción formal de Chávez, electo en octubre para un nuevo mandato a partir del 10 de enero pasado. Ese día Chávez no pudo tomar posesión y el tsj avaló que lo hiciera “en una fecha posterior”. “Lo único que esperamos es la decisión del presidente y de su equipo médico para tomarle juramento”, dijo una fuente del tribunal. La ceremonia podría incluso ser privada y hasta en el hospital donde está internado Chávez, según se está manejando actualmente en Caracas.