El papel de Estados Unidos en la caída de Lugo

Investigación en Paraguay

Del rol de la oea a la misteriosa compañía privada que manejaba la asistencia de la usaid en Paraguay y que dejó el país un mes después de la destitución relámpago del presidente, una investigación de la Agencia Pública brasileña da cuenta de la manera en que Estados Unidos operó contra el presidente paraguayo Fernando Lugo. Brecha reproduce fragmentos de ese trabajo.

 

En vísperas del juicio político que lo destituyó de la Presidencia de Paraguay el 22 de junio de 2012, Fernando Lugo se reunió con el embajador estadounidense en Asunción, James Thessin. El encuentro estaba programado desde mucho antes, bien antes de la matanza de Curuguaty –una operación policial de desalojo en ese lugar que dejó 17 muertos el 15 de junio de 2012 y fue utilizada como argumento por el Congreso para deponer a Lugo una semana después.
Según el protocolo, Thessin invitó a Lugo a la recepción del 4 de julio –fecha de la independencia de Estados Unidos– que se realizaría en la embajada, una manzana entera en el centro de la capital. “¿Pero usted me está invitando para ir como presidente o como ciudadano?”, preguntó Lugo. “Como presidente, claro”, lo tranquilizó Thessin.
Lugo ya no era presidente el 4 de julio y no asistió a la ceremonia, en la que se ejecutaron los dos himnos nacionales, hubo refrescos y canapés. La fecha marcaba el fin de una semana de duro trabajo después de la deposición del ex obispo y la ascensión al poder de su vice, el liberal Federico Franco. Un trabajo que involucró no sólo a los diplomáticos estadounidenses y que fue realizado en silencio (Estados Unidos se pronunció sobre Paraguay veinte días después del juicio político).
El día anterior a la fiesta, el 3 de julio, una misión de la oea liderada por su secretario general, José Miguel Insulza, había dejado el país. Durante tres días el grupo se había reunido con representantes de todos los partidos, la Iglesia, la Corte Suprema, empresarios, periodistas, dueños de medios de comunicación, líderes indígenas y con el actual presidente Franco y su canciller; y hasta con el propio Lugo.
Insulza llevó a representantes “de varios grupos geográficos” para integrar la misión, según lo describió en su relatoría. Ninguno, sin embargo, de América del Sur. La misión tomó la posición contraria a la del Mercosur y la Unasur, que suspendieron a Paraguay por considerar que el juicio político representaba una ruptura en el joven proceso democrático paraguayo, dado el escaso tiempo concedido a la defensa del presidente –menos de 17 horas–. Insulza defendió la legitimidad del proceso relámpago, que estaría avalado por la Constitución paraguaya, y minimizó las críticas de las organizaciones regionales: “Es natural que la situación que ocurrió en Paraguay haya generado reacciones negativas”, escribió en su relatoría, “pero eso no es exactamente una novedad en el hemisferio”. También sugirió que la oea debería aumentar su presencia en el país hasta las elecciones presidenciales, programadas para abril de 2013.
Al día siguiente de la publicación del informe, el gobierno de Barack Obama declaró su apoyo a Federico Franco. “No existen razones para que Paraguay sea suspendido en la oea”, afirmó la secretaria adjunta de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, en una conferencia de prensa. “Lo que realmente queremos es enfocarnos en el futuro”, dijo. “¿Entonces no fue un golpe de Estado?”, le preguntó un periodista. “No voy a responder a esa pregunta”, retrucó, irritada, la secretaria.
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