Los buitres avanzan sobre Argentina
Soberanía nacional o ganancia del mundo financiero. En esos términos está planteada en la Corte de Apelaciones de Nueva York la disputa entre el Estado argentino y los llamados “fondos buitre”, que reclaman 1.350 millones de dólares en resarcimiento por los bonos adquiridos con maniobras especulativas durante la debacle argentina de 2001. El miércoles 27, la sala de audiencias de la Corte, a pocas cuadras de la manzana donde se erguían las Torres Gemelas, símbolo del poder financiero, estaba repleta de abogados, economistas y estudiantes universitarios que esperaron más de cuatro horas para ingresar. Sólo pudieron hacerlo cincuenta personas y más de cien quedaron en el hall central siguiendo las exposiciones por videocámara.
En primera fila estaban el vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, la embajadora en Washington, Cecilia Nahón, y cinco funcionarios argentinos más, ligados a las representaciones nacionales ante organismos multilaterales. Junto con ellos, las defensas argentinas representadas en el abogado Jonathan Blackman del estudio Cleary, Gottlieb Steen y Hamilton; los defensores de los bonistas que ingresaron al canje propuesto en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner, y los representantes del Banco de Nueva York, fiduciario de aquella operación acordada entre bonistas y el Estado argentino. Del otro lado: Theodore Olson, abogado de Paul Singer, titular del fondo buitre nml. Olson fue también representante de George Bush cuando llegó a la presidencia ganando el puñado de votos en disputa con Al Gore en Florida en 2000. Singer es el mismo que hizo retener a la fragata Libertad en el puerto de Ghana durante casi dos meses en busca de embargarla. A la sazón, figura como donante de 100 mil dólares a la Fundación Voces Vitales Argentina, una subsidiaria de la norteamericana Vital Voices Global Partnership, dedicada “al progreso de la situación de la mujer en el mundo” y cuya alma máter es Hillary Clinton desde 1997. En Buenos Aires la titular de la Fundación es la diputada Laura Alonso, del partido de Mauricio Macri, el conservador pro.
Los planteos jurídicos apuntan a dos cuestiones centrales. Los buitres pretenden cobrar la totalidad de los 1.350 millones de dólares, mientras que el gobierno argentino –que volvió a abrir una ronda de canjes– propone su ingreso a una nueva negociación con quita de capital como ocurrió con el resto de los bonistas que aceptaron la propuesta en 2005, 2007 y 2011. En apoyo de la posición argentina concurren esos bonistas y el Banco de Nueva York, garante de aquellas operaciones. Está en disputa la decisión de un Estado de salvaguardar sus intereses o el triunfo de la maniobra especulativa en la que un grupo privado constituido como financiera en paraísos fiscales busca obtener ganancias a costa de un país. La propiedad privada es el debate de fondo, como siempre. Pero también para los bonistas está en juego la ley: ¿por qué los buitres tendrían el privilegio de cobrar la totalidad de la deuda cuando ellos accedieron a negociar la quita, que además es una ley en Argentina?
Los jueces Daniels Barrington Park (demócrata), Rosemary Pooler (demócrata) y Reena Raggi (republicana) escucharon durante más de dos horas los planteos de las partes y ahora decidirán el curso de la demanda presentada por los fondos especulativos. Por lo pronto no se expidieron sobre el pedido argentino para que el fallo de primera instancia emitido por el juez Thomas Griesa sea revisado por el plenario de la Cámara de Apelaciones, lo cual es un punto en contra para el gobierno de Cristina Fernández. Ahora sólo queda esperar dos meses para escuchar la sentencia definitiva de los tres magistrados. Si deciden que el pago debe ser por el total de la deuda, los abogados argentinos ya adelantaron su decisión de apelar a la Corte Suprema de Justicia estadounidense. El interés internacional del caso se entiende por el precedente en las negociaciones sobre refinanciación de deuda por partes de otros estados. Afuera del tribunal, y en ciudades como Londres y Washington, militantes antiglobalización se manifestaron en apoyo a Argentina mientras se desarrollaba la audiencia.