Brecha Digital

La hora del Cóndor

Mientras aquí la Suprema Corte de Justicia hace todo lo posible para clausurar la posibilidad de condenar a los responsables del terrorismo de Estado, en Argentina los procesos siguen. Esta semana se inició el proceso por el Plan Cóndor, en el que la mayoría de las causas examinadas serán de uruguayos. Paralelamente, en Chile la Corte de Justicia ratificó su voluntad de continuar con los procesos por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura hasta el castigo de sus responsables. Como el Uruguay no hay.

Los nombres del general Carlos Prats, de su esposa Sofía Cuthbert y el canciller Orlando Letelier, ligados al ex presidente de Chile Salvador Allende; del ex presidente boliviano Juan José Torres; de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, son algunos de los que sobrevolarán la sala de audiencias de los tribunales federales argentinos durante los próximos dos años mientras se trate judicialmente el operativo Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años setenta. 

Cinco años más tarde de lo previsto, la justicia argentina empezó a juzgar a un puñado de militares responsables por la desaparición de miles de ciudadanos en Sudamérica durante la década de 1970. Los acusados serán 25, de los 32 que figuraban en la lista de los 32 en un inicio, pero en este lapso algunos han muerto y otros han sido descartados del juicio por razones de salud. En ese grupo de militares que ya empezaron a comparecer ante el Tribunal Oral Federal 1, hay dos que deberán responder como actores directos de hechos, como desapariciones: Miguel Ángel Furci, el apropiador de Mariana Zaffaroni, y el coronel Manuel Cordero, uno de los oficiales uruguayos que operó en el centro clandestino de detención y exterminio Automotores Orletti.

“Es impresionante escuchar cómo se gestó y avanzó la Operación Cóndor, y sin embargo todavía no fue vista como tal por la justicia de ninguno de los otros países que formaron parte de este plan”, señalaba Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman, secuestrada en Buenos Aires y trasladada a Montevideo para dar a luz a la niña en 1976, presente en la sala en ese primer día de audiencia, el martes 5. 

Y Macarena tiene razón. Ni en las audiencias del juicio por el caso Orletti un par de años atrás, ni ahora, en las de apertura, éstas tan emblemáticas por el plan Cóndor, se hicieron presentes funcionarios ni diplomáticos de los países involucrados, ni en favor de las víctimas torturadas, asesinadas y desaparecidas, ni para asumir la defensa de los militares imputados. 

De los 106 casos de desapariciones por los que deberán responder los 25 acusados, 48, casi la mitad, corresponden a uruguayos, y el resto a argentinos, chilenos, brasileños, paraguayos, bolivianos y un peruano. Ecuador y Colombia aparecen a su vez como países con vinculaciones aún no cabalmente documentadas en este esquema terrorista continental, según afirmaciones recientes de la periodista Stella Calloni, una de las mayores investigadoras del Operativo Cóndor.

La lista de acusados está encabezada por Jorge Videla como responsable último del primer tramo de la dictadura local entre 1976 y 1980, pero también están incluidos jefes y subjefes de zonas y subzonas operativas en todo el territorio argentino. El dato es importante a la hora de imaginar las estrategias de la defensa para descargar responsabilidades en mandos superiores ya fallecidos o en organismos de inteligencia nacional o extranjeros. Las evocaciones al sid y la ocoa uruguayos y a la Dina chilena serán recurrentes entre los casi 500 testigos que serán citados a declarar.

El único extranjero sentado en el banco de los reos es el uruguayo Cordero, acusado solamente por privación ilegítima de la libertad. Conviene recordar que Cordero fue extraditado desde Brasil en enero de 2010 a pedido del juez Norberto Oyarbide, quien lo imputó en la causa Cóndor solamente por los secuestros de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp) en Orletti y en otros centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. El pedido del magistrado le ganó de mano al de su colega Daniel Rafecas, quien le imputaba directamente el delito de asociación ilícita en Orletti, junto al resto de la banda de militares uruguayos encabezada por su socio José Nino Gavazzo. Y pese a que en las audiencias de 2010 de esa causa se ventilaron testimonios de víctimas uruguayas que lo vieron en diferentes operativos secuestrando, torturando y violando en Orletti, Cordero va a zafar de responder por eso. La justicia brasileña dio a su vez por prescripto el delito de asociación ilícita y Rafecas se quedó con las manos vacías. Lo mismo le ocurrió a la justicia uruguaya, que también lo había requerido por delitos de lesa humanidad cometidos en territorio nacional.

Como último recurso para dilatar las audiencias públicas, los defensores de los 25 imputados impugnaron al Tribunal Oral Federal 1 constituido por los jueces Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, por haber sido quienes juzgaron y condenaron a los responsables de Automotores Orletti. Esgrimieron una cierta “falta de ecuanimidad” a la hora de dictar sentencia teniendo en cuenta que se juzgará al ex integrante de los servicios de inteligencia Miguel Ángel Furci, miembro del “staff” de Orletti. La cámara no hizo lugar al pedido y pasado el mediodía del martes 5 comenzó la audiencia. 

El juicio iniciado esta semana reúne cuatro causas denominadas Cóndor 1, 2 y 3 y Orletti 2. En las primeras tres están imputados militares responsables de la estructura represiva, tanto política como militar, en toda Argentina. Se trata de Videla, Santiago Riverós, Omar de Lío, Carlos Caggiano, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Landoni, Humberto Lobaiza, Felipe Aspeití, Néstor Falcón, Federico Minicucci, Enrique Olea, Horacio de Verda, Julio Mazzeo, Reynaldo Bignone, Roberto Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Gómez Arenas y Juan Avelino Rodríguez. A ellos se les suma Cordero. Y por Orletti 2 el único imputado es Furci, a quien le endilgan participación en los 67 casos ya ventilados durante el juicio de 2010. No ingresaron a esta instancia los policías federales, procesados por Orletti, Oscar Gutiérrez, Rolando Nerone y José Ferrer, cuyo trámite judicial lleva adelante el juez Rafecas, y se espera que sea elevado a juicio oral como Orletti 3, aunque sin fecha cierta aún.

El propio tribunal estimó que el estudio de los 106 casos de las víctimas acreditadas que se analizarán en este juicio, junto a los 67 ya juzgados en Orletti, demandará dos años de audiencias como mínimo, teniendo en cuenta que al cierre de esta edición la lista de testigos citados era de 498 personas argentinas y de países limítrofes. “El problema es que dos años nos parece mucho teniendo en cuenta que ya hay varios imputados que fallecieron por su avanzada edad y porque se va a citar a testigos que ya tuvieron que declarar en otros juicios por los mismos delitos. Creemos que se puede ganar tiempo reduciendo el número de citaciones”, señaló a Brecha la abogada Luz Palmás Zaldúa, representante de los familiares de las víctimas María Elena Laguna, Beatriz Castellonese, José Carretero Puglia, Adriana Cabrera, Analía Mercader, Alba Sousa, Ivonne Trías y Rogelio Goiburú. “La causa Cóndor es la más antigua de las iniciadas, allá por los años noventa, y en ese momento el fin era probar la existencia de un plan sistemático de colaboración de las dictaduras sudamericanas. Eso ya se fue probando con el tiempo y en otras causas, con lo cual este expediente dio un vuelco. Ahora la novedad es que se introdujo la figura de la asociación ilícita entre gobiernos y eso cambia las cosas según fueron pensadas en aquel comienzo”, agregó Palmas Zaldúa.

Los casos de los uruguayos Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti y Juan Pablo Recagno son llevados adelante por la abogada Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que también representa a los familiares de José Nell, argentino secuestrado en Uruguay, y a los también argentinos Norberto Habberger, Horacio Campiglia y Mónica Susana Pinus de Binstock, detenidos y secuestrados en 1979 durante la llamada contraofensiva del grupo Montoneros.

En 1997 los abogados Alberto Pedroncini, Raúl Zaffaroni –hoy juez de la Corte Suprema–, David Baigún, Emilio Mignone y Martín Mignone presentaron judicialmente el caso de 12 personas desaparecidas por quienes el Estado debía responder. A esa denuncia inicial se sumaron más casos, como el de Sara Méndez, secuestrada en Orletti, trasladada a Montevideo y cuyo bebé de pocas semanas había sido secuestrado. Sin embargo, sólo en 2003, con la aparición de documentación desclasificada, nuevos aportes de víctimas y la comprobación de una complicidad orquestada entre dictaduras, judicialmente el caso tomó el nombre de Plan Cóndor para explicar esa lógica de inteligencia represiva.

El proceso Cóndor comprende también el caso de María Claudia Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, un emblema de la coordinación represiva en el Río de la Plata. Secuestrada en Buenos Aires y llevada a Orletti, María Claudia fue finalmente trasladada a Montevideo, donde dio a luz a Macarena, identificada y recuperada por su familia biológica recién en 2000.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina coinciden en que este será un juicio “modélico”, aunque el tiempo de trámite llevará a múltiples chicanas e intentos de dilación por parte de las defensas de los imputados. “Pero la justicia llegará sin lugar a dudas”, sostienen. 

Chile

Más de mil procesos por derechos humanos

A la inversa que en Uruguay, la justicia chilena no piensa cerrar los procesos abiertos por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura hasta que se establezcan responsabilidades. Las causas tramitadas actualmente son 1.104, y sólo el año pasado se sumó casi un centenar de nuevas, 22 años después de concluida la dictadura (1973-1990). “El término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo”, dijo el viernes pasado el presidente de la Suprema Corte de Justicia chilena, Rubén Ballesteros. “Su fin está condicionado al establecimiento de la existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron, labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial atención”, agregó. Hoy hay encarcelados 63 civiles y militares vinculados a la dictadura, entre ellos Manuel Contreras, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (dina), condenado a 200 años de prisión y detenido hace ocho. Entre las causas en proceso figuran las del músico Víctor Jara, el padre de la ex presidenta Michelle Bachelet, Alberto Bachelet (1974), y la del líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Miguel Enríquez, los tres asesinados entre el 73 y el 74, y están en investigación las muertes de Pablo Neruda y el ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei, presuntamente envenenados. 

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos chilenas se quejan sin embargo del enlentecimiento de los procesos penales y de los obstáculos levantados por el poder político desde el comienzo de la gestión del derechista Sebastián Piñera, que llegó al poder en alianza con los restos del pinochetismo. En los primeros momentos de su administración se llegó a hablar de la posibilidad de un indulto presidencial para los detenidos por causas del período 73-90 en aras de la “pacificación del país y la reconciliación nacional”, pero luego la descartó. 

Se estima que bajo la dictadura de Augusto Pinochet hubo al menos 3 mil asesinatos y desapariciones.