Guatemala para evitar guatepeor

Apenas entrado en funciones, el presidente de Guatemala, un general retirado de oscuro pasado, lanzó una idea que lo conectó puntualmente con el progresismo latinoamericano y lo malquistó con el antiguo aliado estadounidense: la despenalización de las drogas.

Otto Pérez Molina parte de una constatación pragmática: la guerra iniciada hace cien años y acentuada desde los sesenta bajo conducción estadounidense ha sido un rotundo fracaso.

El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, inició su mandato con ganas de entrar en la historia con un buen golpe de efecto, planteó una propuesta que nunca le pasó por la cabeza en sus dos décadas como político: la despenalización de las drogas.

La mencionó por primera vez el 11 de febrero, sin avisarle a nadie de su gabinete, y el 13 de abril la planteó al resto de los presidentes del continente y la conversó en una reunión privada con su colega Barack Obama en la Cumbre de las Américas, en Cartagena.

Este capítulo era imposible de vaticinar. El 8 de abril de 2011 el mismo Otto Pérez desechaba la idea de la despenalización durante un debate presidencial. En agosto de 2011 se publicó un cable estadounidense filtrado por Wikileaks en el que el militar reconocía que en 2007 su partido había tenido "una relación mínima" con un miembro de una familia de capos, y donde también se decía que el embajador estadounidense no descartaba que su campaña hubiera tenido financiamiento de narcos. El entonces presidenciable recordó que había purgado al capo del partido, con promesas de endurecer la batalla, incluyendo a la fuerza de elite del ejército. En su primer mes como gobernante, Pérez confirmó el uso de kaibiles, la unidad de elite castrense, para combatir a los traficantes, y creó el puesto de "zar antidroga" dentro del Ministerio de Gobernación. Pero todo cambió de la noche a la mañana, y quienes conocen al mandatario intuyen que se trató de una apuesta calculada.

"Sabemos que es contradictorio, sabemos que tiene oposición de algunos, pero hay que hablar de la despenalización en el tema de la droga, esto lo que nos va a permitir es sacar el tema a discusión, no es un tema sólo de Guatemala, es de analizar de manera regional para que se digan cuáles son las ventajas o desventajas", dijo ese día de febrero Pérez Molina tras presentar las líneas centrales de su gobierno en un think tank.

TREINTA AÑOS DE DEBATE EN LA PERIFERIA DEL PODER. Ciertamente no es la primera persona en el planeta que critica la línea prohibicionista que ha dominado la política estadounidense durante el último siglo. En 1914 Woodrow Wilson creó la ley contra los narcóticos, siguiendo un paradigma que llegó a ilegalizar el alcohol entre 1919 y 1933. El presidente Richard Nixon potenció esta cruzada en 1970 cuando publicó la ley de sustancias controladas y declaró la "guerra contra las drogas" para erradicarlas de la faz de la Tierra. Diez años después, a finales de los setenta, empezó una corriente a favor de la despenalización de la marihuana en California, que logró algunos avances a favor de los consumidores, pero fue luego barrida por Ronald Reagan en 1981. El republicano aseguró que acabaría con el consumo de drogas en Estados Unidos, básicamente encarcelando a todos los consumidores que pudiera. Estados Unidos es el país con mayor proporción de sus ciudadanos encarcelados (0,8 por ciento), el principal consumidor mundial de cocaína, con un 2,4 por ciento, según la última encuesta oficial. Desde los ochenta, la guerra contra las drogas fue impuesta por Estados Unidos al resto del planeta, en especial a América Latina, que no opuso mucha resistencia.

Fue impuesta con contradicciones, pues la cia les permitió a los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras controlar el tráfico de droga en los ochenta e inicios de los noventa para financiar la lucha contra las guerrillas de izquierda; con el escándalo Irán-contras como testigo. Esto le abrió la puerta al narcotráfico y a las armas en el istmo.

No obstante, la política oficial de Washington fue una: la guerra frontal contra las drogas. Y desde entonces el debate sobre la despenalización salió de los estados y pasó a la academia, a la sociedad civil, a algunos medios y a ex funcionarios de gobierno. El punto de inflexión del movimiento mundial que pide romper con los mitos y buscar el fin de la "guerra contra las drogas" ha sido la Comisión Global sobre Política de Drogas, encabezada por los ex presidentes Henrique Cardoso (Brasil); César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México); George Shulz, ex secretario de Estado de Estados Unidos; el ex secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan; Louise Arbour, ex alta comisionada de la onu para los Derechos Humanos, y los intelectuales Carlos Fuentes, de México, y Mario Vargas Llosa, de Perú.

En junio de 2011 la comisión calificó la política actual contra las drogas con dos palabras: un fracaso. Y pidió tres cosas: "descriminalizar a los consumidores y asegurar tratamientos para su rehabilitación", "un trato de respeto a los derechos humanos para las cadenas más bajas en la industria del narcotráfico, como campesinos, correos (mulas) o pequeños vendedores", y que los gobiernos experimentaran con "modelos de regulación legal de las drogas (en especial la marihuana) para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos".

El organismo partía de la premisa de que el consumo de drogas es un asunto de salud pública y que la prohibición no sólo es un fracaso para evitar el consumo, el tráfico y la producción, sino que provoca que los precios de las drogas suban y que los mafiosos ensayen las peores atrocidades para hacerse con ese dinero de los consumidores. Recordaba que a pesar de las incautaciones de drogas y de las capturas de capos, la producción se mantiene y los traficantes, nuevos, logran llevar las drogas a su destino con mucha violencia y corrompen a la sociedad en el trayecto.

Que el cártel de Los Zetas, el más sangriento de todos, haya sido creado por ex militares mexicanos y guatemaltecos entrenados por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, o que bancos estadounidenses y latinoamericanos estén en el centro de la operación de lavado de dinero proveniente de las drogas son otros dos argumentos a favor de la liberación.

La premisa de los prohibicionistas es que los criminales que se dedican al tráfico de drogas se enfocarán en otros tráficos ilegales, como el de mujeres o el de armas, y que la violencia continuará porque los liberacionistas parten de premisas equivocadas.

AMAGUES LATINOAMERICANOS. No es que la Comisión Global sobre Políticas de Drogas o el presidente de Guatemala hayan despertado de la nada un sentimiento antiprohibicionista en parte de América Latina. Había suficientes señales para notar que la desesperación por la violencia en Colombia, México y Centroamérica –la región más violenta del mundo, junto al Caribe– exigía el debate de alternativas a la guerra contra las drogas.

En noviembre de 2011 el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo en una entrevista con el periódico inglés The Guardian que estaba de acuerdo con la despenalización, pero que no lideraría el tema. Era la segunda vez que un presidente en funciones mencionaba esa posibilidad, aunque fuera hipotéticamente: antes, en 2008, sólo el hondureño Manuel Zelaya había deslizado la idea, sin que nadie lo tomara en serio (ni él insistiera).

"El mundo necesita discutir nuevos enfoques. Un nuevo enfoque debe intentar quitar el rédito de la violencia que viene con el narcotráfico. Si para eso se necesita legalizar, y el mundo cree que es la solución, yo estaría de acuerdo. (...) Yo discutiría legalizar la marihuana, y más que la marihuana consideraría legalizar la cocaína si hay un consenso mundial, porque esta es la droga que más nos ha afectado en Colombia, (pero yo) no sería la vanguardia de este movimiento porque sería crucificado", afirmó el bogotano en noviembre de 2011.

La reunión de presidentes del Sistema de Integración Centroamericano junto a los de México y Colombia en diciembre de 2011 dio otro aviso, pero se quedó a las puertas. En uno de los documentos finales se incluyó un párrafo en el que se afirmó que si no se puede reducir el consumo de drogas se deberá "explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado orientadas a ese propósito".

LA ESTAFETA IMPROBABLE, EL BOICOT Y LA POLÍTICA DE ESTADO. Y sin mucha planificación, el presidente de Guatemala tomó la estafeta y lo anunció ante los micrófonos el 11 de febrero sin que lo supieran sus ministros. Propuso un debate sobre la despenalización de las drogas y envió a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, a una gira por los cinco países centroamericanos para invitarlos a debatir sobre el tema el 24 de marzo, para llevar una posición común a la bianual Cumbre de las Américas, con los 34 gobiernos del continente, el 13 y 14 de abril en Cartagena, Colombia.

Esto no le cayó en gracia a Washington. Barack Obama, otrora crítico de la guerra contra las drogas y promotor de un debate alternativo cuando era senador en 2004, está en año electoral y se opone a que se piense en una despenalización en América Latina. Que además sea una propuesta de un vecino tan periférico como Guatemala, a cuya toma de posesión presidencial envió únicamente al jefe de los Cuerpos de Paz el 14 de enero, lo tiene a contrapié.

Centroamérica normalmente es noticia en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo por las catástrofes naturales o por los niveles de violencia. No por impulsar propuestas audaces que cambien los paradigmas mundiales, o que al menos obliguen a cuestionarlos.

Entonces la Casa Blanca empezó su ofensiva diplomática para impedir que Guatemala lograra llevar el tema de la despenalización a la cumbre de Cartagena. En febrero visitó el país Janet Napolitano, la secretaria de Justicia, para oponerse en público y frente a Pérez Molina a la idea de la despenalización; en la primera quincena de marzo, el vicepresidente Joseph Biden participó en una reunión con presidentes centroamericanos en Honduras y ni siquiera dio una conferencia de prensa. Dijo que era sano debatirlo, pero que se oponía a la alternativa. En la segunda quincena de marzo llegaron al país los subsecretarios de Estado William Brownfield y María Otero, para oponerse también en público.

Ante la persistencia de Guatemala, que convocó a una cumbre de presidentes centroamericanos el 24 de marzo para tratar el tema de la despenalización como preparación para la cumbre de Cartagena, Washington dio una vuelta de tuerca. Casi en silencio, los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua desistieron de participar, sin previo aviso, acusando a Guatemala de querer manipular la agenda.

Llegaron Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Ricardo Martinelli, de Panamá. Dos presidentes conservadores como Pérez Molina. Guatemala les presentó una propuesta: 1) Intensificar la incautación de drogas, y que lo decomisado fuera compensado por los países consumidores. 2) Crear una corte penal regional para juzgar cuatro delitos: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de mujeres. 3) Despenalizar el tránsito de droga, crear corredores y establecer puestos de control. 4) Reglamentar la producción y el consumo y crear una agencia regional que asuma la responsabilidad de regular, vigilar y registrar el tráfico. Chinchilla fue la única que se mostró de acuerdo con la propuesta de abrir un debate continental sobre la despenalización.

Además de ser el primer gobierno en el planeta que presenta formalmente la iniciativa de debatir la despenalización de las drogas, desde la producción hasta el consumo (que después ha ido evolucionando en precisión y contenido hasta convertirse en una invitación a regularlas de una manera distinta), Guatemala dio otra vuelta de tuerca en respuesta a Estados Unidos: Pérez Molina acusó públicamente a Washington de boicotear la reunión del 24 de marzo en Antigua por medio de presiones al salvadoreño Mauricio Funes.

Después de la reunión de Antigua, el gobierno de Guatemala recibió una invitación de Chatham House, uno de los think tanks más prestigiosos de Europa, para exponer su idea de despenalización. Por una de estas presentaciones en Londres llegó la invitación de The Observer, la edición de fin de semana de The Guardian, para que el presidente Pérez Molina escribiera una columna.

Aquella columna del 7 de abril fue calificada por el medio británico como "un hito" en el debate. En ella, Otto Pérez mezclaba los argumentos usuales con otros menos comunes: que dos décadas de "guerra contra las drogas" no han siquiera frenado el consumo, que el debate entre los que piden mantener la prohibición y los que quieren la liberalización absoluta es ideológico, que es necesario un debate serio y ver el asunto desde el punto de vista de la salud pública y sobre todo proponerse legalizar el consumo y la producción "en un marco regulador estricto".

Mientras tanto, añadió, "Guatemala no dejará de honrar sus compromisos internacionales en el combate al narcotráfico. Pero tampoco deseamos seguir siendo testigos mudos de un autoengaño de proporciones globales".

La columna motivó un editorial por parte de The Guardian en el que le pide a Obama coherencia para sumarse al revitalizado debate. Luego la despenalización o la regularización de las drogas fue el tema candente de la Cumbre de las Américas.

La iniciativa de Guatemala animó a Colombia y a México, cuyo presidente, Felipe Calderón, se reunió con Cardoso y Gaviria (los ex mandatarios que formaron la Comisión Global) para explorar vías para plantear el tema, y logró que la cumbre de presidentes de México, Canadá y Estados Unidos girara en torno a la responsabilidad estadounidense en la violencia ocasionada por la guerra contra las drogas. Costa Rica está anuente a participar en el diálogo y Uruguay podría sumarse. Mientras la diplomacia brasileña, determinante en América del Sur, debate puertas adentro el asunto.

Pero la cumbre es sólo una primera parada. La siguiente será posiblemente la Asamblea General de las Naciones Unidas en setiembre. De momento, con una idea que parecía accidental y que ahora se ha convertido en una política de Estado, Otto Pérez Molina ha conseguido oxigenar su imagen internacional, entrar en la historia y colocar a Guatemala en el centro del debate mundial que podría ser sólo el inicio del fin del siglo de la guerra contra las drogas. n

* Periodista de la revista digital guatemalteca Plaza Pública. Brecha reproduce fragmentos de esta nota, por convenio.