¿Fue lo de Bolivia un golpe de Estado policial?

El violento motín policial que afectó a Bolivia hasta la semana pasada activó todas las alarmas, especialmente después de que el gobierno de Evo Morales denunciara planes para llevar adelante un golpe de Estado. Paraguay estaba ahí para dar dramatismo –y verosimilitud– a las denuncias.

 

El movimiento comenzó con una huelga de hambre de mujeres organizadas en la Federación Nacional Única de Esposas de Policías, el lunes 18, y siguió con el amotinamiento de centenares de afiliados a la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol). El centro del reclamo es un salario inicial de 2 mil bolivianos, algo menos de 300 dólares. Aunque se llegó a un acuerdo inicial, los sectores más radicalizados desconocieron a los delegados y aumentaron el listado de demandas, lo que para el gobierno es la prueba de que hay "intereses oscuros" tras las "demandas legítimas".

La agencia oficial abi tituló, sin matices, "Partidos políticos y parlamentarios de Europa condenan tentativa de golpe en Bolivia" (26-VI-12); la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia se declaró en estado de movilización en defensa del proceso democrático y los campesinos propusieron remplazar a los uniformados con una "policía sindical". Para la estatal televisión rusa en español, "según los expertos, (el motín) podría ser obra de ciertas fuerzas internacionales que no desean la estabilidad de los países del Alba".

Sin duda un motín policial en países con estados débiles tensiona al máximo las instituciones, se parece demasiado a un golpe y siempre hay interesados en pescar en río revuelto. Si, además, se suman las formas radicalizadas de reclamar que caracterizan a la cultura política boliviana, el resultado es el clima de desborde en el que quedó inmerso el país, con policías saqueando desaforadamente oficinas de inteligencia y otros desmanes. Los manifestantes pasaron por el palacio presidencial gritando "Evo pisacoca, andate a Venezuela", "Evo resentido, por pichicatero (narcotraficante)", en alusión a su condición de dirigente de los cultivadores de coca.

Con todo, los motines policiales no son nuevos en Bolivia, donde la fuerza policial está precarizada, en parte lumpenizada, y los uniformados deben trabajar en condiciones a menudo carentes de dignidad. No es difícil ver, en los conflictos sociales, a policías llevando a los heridos a pie por falta de medios de transporte, y no es raro que sean enviados a sitios alejados sin viáticos ni abrigos adecuados (a falta de los cuales apelan a encender fogatas y cubrirse con frazadas).

A ello se suma un sistema de coimas –muchas veces misérrimas– que consiguen de los automovilistas que cometen infracciones de tránsito. Además son evidentes los resentimientos de los policías rasos hacia los oficiales de más alto rango. Dicen que son una suerte de "pongos" (sirvientes) que hacen de "recaudadores" de los de alto rango.

"Mientras en el ejército se manejan como un solo cuerpo, porque si se consigue un bono es para todos, en la policía sólo los jefes cuidan sus salarios y viven del sistema de privilegios, no les importa cómo sobrevive la tropa", decía un policía amotinado. "Tienen que comprarse sus armas, silbato, las manillas, las botas, camisas, insignias, pagar la costura", agregaba ante los medios la madre de otro de ellos. Y la mezcla de abusos (hacia los policías y de parte de los propios policías), corrupción, debilidad institucional, falta de formación, pide a gritos una seria reforma policial.

Por eso en febrero de 2003 la izquierda apoyó el motín policial que derivó en más de 20 muertos a manos de los militares y en una pueblada contra las medidas de ajuste implementadas por Gonzalo Sánchez de Lozada, quien pocos meses más tarde huiría del poder rumbo hacia Estados Unidos. Pero ahora las autoridades ven una confluencia de intereses sediciosos entre la violencia de los uniformados y la marcha indígena hacia La Paz contra la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis). También el gobierno de Evo Morales acusó al centroizquierdista Movimiento sin Miedo (msm), que gobierna la ciudad de La Paz y fue aliado del oficialismo hasta 2010, de ser parte de la asonada. El jefe del msm y potencial candidato presidencial, Juan del Granado, respondió que "las denuncias sobre un presunto apresto golpista son totalmente infundadas y corresponden a una peligrosa paranoia gubernamental que pretende ocultar la mala imagen y desgaste del presidente Evo Morales".

El ex gobernador de Cochabamba y oficialista crítico Rafael Puente sostuvo: "Es humanamente imposible que pueda gestarse un golpe de Estado con policías de bajo rango y con un armamento obsoleto que ni siquiera es adecuado para combatir la delincuencia". Y agregó: "Lo que pasa es que el gobierno vuelve a demostrar que no sabe manejar los conflictos, pues la protesta policial data de hace muchos años y nadie le dio importancia. Se trató de un proceso de acumulación que las diferentes instancias del gobierno no supieron atender, hasta que desembocó en un motín que conmociona al país y fuera de nuestras fronteras". n

* En Uruguay exclusivo para Brecha.