El dedo en la llaga

La reforma judicial en debate en Argentina

Seis proyectos de ley propuestos por Cristina Fernández para “democratizar a la justicia”, remitidos al Congreso en tiempo récord, dieron motivo a una nueva y furiosa protesta anti K en el legislativo y en las calles de la capital. La corporación judicial también mostró su bronca. A diferencia de la ley de medios, estudiada y debatida durante meses en todo el país, este proyecto busca ser ley en 20 días. Poco tiempo para un cambio que se pretende de fondo. Especialistas y académicos debaten al respecto.

 

Entre las reformas planteadas figura la ampliación de 13 a 19 miembros del Consejo de la Magistratura (cm), un órgano de selección y juzgamiento de los jueces nacionales creado por la reforma constitucional pactada en 1994 entre el entonces presidente Carlos Menem y el radical Raúl Alfonsín. La ampliación incluye la posibilidad de incluir académicos en áreas distintas al derecho, que –y esto es lo más cuestionado– serán elegidos por voto popular el día de las elecciones nacionales. Con el nuevo cm será necesario alcanzar una mayoría absoluta de votos para elegir o sancionar a un juez, mientras la actual ley requiere de los dos tercios de miembros para una decisión de ese tipo.
El segundo punto en conflicto es la creación de tres nuevas cámaras de casación –encargadas de tramitar recursos extraordinarios para anular sentencias–, que acudirán en ayuda de la única que funciona hasta hoy, la Cámara Nacional de Casación Penal. Las cámaras de casación revisarán los fallos en temas civiles, comerciales, laborales, administrativos y de seguridad social. Otros tres proyectos no están en el ojo de la tormenta porque postulan la publicación obligatoria en Internet de todas las sentencias de la Corte Suprema, lo mismo para todas las declaraciones juradas y patrimoniales de los magistrados, y el ingreso al Poder Judicial por concurso.
El sexto proyecto de la reforma dejó entrever, agazapada, la histórica pelea entre el gobierno y el grupo Clarín. El texto apunta a regular y reducir la aplicación de medidas cautelares que históricamente sirvieron para dilatar la aplicación de un fallo o de una ley. Desde hace meses sigue vigente la medida cautelar pedida por Clarín para impedir la aplicación completa de la ley de servicios audiovisuales, sancionada por el parlamento en 2009.
A diferencia de esta última ley, nacida de un debate promovido por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que duró varios meses de recorrida por diferentes ciudades y pueblos del país, los seis proyectos enviados al Congreso por la presidenta Cristina Fernández pretenden modificar a las apuradas un mal de décadas. El lunes 8, en la Casa Rosada, la presidenta Fernández hizo la presentación de sus proyectos ante los funcionarios de la Corte, jueces y legisladores. A la salida del encuentro muchos de los magistrados adelantaron su rechazo a la reforma. La ampliación del cm y su elección agregada en los comicios generales despertó suspicacias. Los magistrados terminaron por confirmar su opinión negativa cuando se enteraron de que las votaciones para elegir o destituir jueces serían por mayoría absoluta y no calificada. “Eso es partidizar la justicia y garantizar la impunidad del gobierno de turno, que cuenta con mayorías electorales”, sostuvo el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra. “Es curioso, porque en 2005 la senadora Cristina Fernández presentó un proyecto para bajar la cantidad de vocales del cm, asegurando que tantos asesores y vocales implicaba una erogación innecesaria al erario”, dijo el legislador de la Coalición Cívica Horacio Piemonte. Algo similar ocurrió con las críticas a la creación de las tres nuevas cámaras de casación. “Eso va a enlentecer los procesos judiciales y no a agilizarlos, como pretende la presidenta, porque quienes quieran retrasar las sentencias van a acudir con o sin razón a esa instancia cuyos plazos pueden ser de años”, señaló la diputada Graciela Camaño, del peronismo opositor.

APURO K. Lo cierto es que el kirchnerismo no pierde el tiempo y se organiza con usinas ideológicas y grupos de trabajo. Así como la Coalición por una Radiodifusión Democrática fue la plataforma con la que salió la llamada ley de medios, y Carta Abierta es la asamblea de intelectuales afines al gobierno que debaten temas de fondo en distintas áreas, en el ámbito judicial también existe una usina intelectual. Se trata de Justicia Legítima (jl), un colectivo integrado por jueces, fiscales, académicos y empleados judiciales dedicados a debatir ideas sobre la situación del Poder Judicial.
Alejandra Gils Carbó fue promovida como jefa de los fiscales en abril de 2012, tras la renuncia de Esteban Righi por la denuncia en su contra del vicepresidente Amado Boudou, en un caso de corrupción. Gils Carbó es la referente mayor de Justicia Legítima a nivel nacional, aunque la asociación cuenta con magistrados de todo el país. Durante el último encuentro de jl, celebrado los días 27 y 28 de febrero pasado en la Biblioteca Nacional, territorio K por excelencia (Horacio González, su director, integra Carta Abierta), los temas debatidos en el plenario de asistentes fueron precisamente la transparencia en la justicia, la participación ciudadana en la administración del sector, la redefinición del concepto de independencia judicial, mecanismos de ingreso y promoción en los poderes judiciales y ministerios públicos.
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