Brecha Digital

Argentina ante la violencia del poder

Una cincuentena de heridos fue el saldo de la represión ejercida sobre médicos y pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Borda por parte de la Policía Metropolitana, creada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. En la madrugada del viernes 26 los policías ingresaron en silencio a un predio del hospital para permitir su desalojo y destrucción mediante topadoras. En el lugar funcionaba un taller protegido donde trabajaban los internos a punto de ser dados de alta del Borda, y donde, según Macri, se construirá un centro cívico. Por el contrario, los gremios toman ese desembarco como el inicio del desmantelamiento del hospital.

Las críticas de legisladores locales opositores y de organizaciones sociales apuntan no sólo a la represión policial sino también a la decisión del macrismo de avanzar sobre los espacios públicos considerados rentables para negocios inmobiliarios. En los inicios de la gestión del gobernador porteño, en 2007, la oposición local, que no es la misma que la nacional, y los gremios de la salud denunciaron un proyecto de expropiación de tierras de los hospitales Borda y Braulio Moyano para construir centros culturales y emprendimientos turísticos, cuyas obras serían cedidas a empresas vinculadas con funcionarios del gobierno de la ciudad. El taller derribado el viernes estaba amparado por medidas judiciales y por eso el mismo día la Cámara en lo Contencioso Administrativo impuso una multa de 20 mil pesos a Macri y a sus funcionarios por violar la ley.
Unas quinientas familias denunciaron a su vez en marzo pasado la aprobación en la Legislatura de un proyecto para vender 76 lotes con viviendas precarias ubicados entre los barrios de Villa Urquiza, Pueyrredón, Coghlan y Belgrano. La venta ya fue anunciada a los empresarios inmobiliarios y reportaría a la ciudad unos 60 millones de dólares, a 380 dólares el metro cuadrado. Esas tierras fueron expropiadas en 1977 por la dictadura militar, que pretendía construir allí una autopista. Tras el abandono de la obra se instalaron las familias que ahora el macrismo buscará desalojar. La oposición parlamentaria denunció otros nueve emprendimientos similares en otros puntos de la ciudad.
La Metropolitana tuvo su debut como fuerza represiva brutal en diciembre de 2010 cuando desalojó, junto a la Policía Federal, el Parque Indoamericano, con un saldo de tres muertos y 50 heridos. El parque estaba ocupado por familias –mayoritariamente inmigrantes bolivianos y paraguayos– que reclamaban una vivienda digna.
Desde que se hizo cargo del poder municipal el empresario ha apostado a imponer más que a dialogar, y lo dejó en claro con el decreto que creó una fuerza de represión llamada Unidad de Control del Espacio Público (ucep). En octubre de 2008 esa fuerza represiva comenzó a funcionar con la misión de terminar con los “vestigios estéticos” de la pobreza emergente en la ciudad. La ucep actuaba de madrugada y con violencia en desalojos de casas multifamiliares que albergaban inmigrantes o ciudadanos en situación de calle. Integrada por barrabravas y musculosos guardianes de boliches bailables, sumó una veintena de denuncias en la justicia local. Uno de los casos emblemáticos fue el desalojo, en mayo de 2009, de la Huerta Orgázmika, un emprendimiento de artistas y vecinos del barrio de Caballito, que además de cultivos orgánicos desarrollaba actividades culturales. Con apoyo de la Federal, la ucep ingresó al lugar con violencia y algunos de sus integrantes abusaron sexualmente de una mujer embarazada que fue trasladada de urgencia al hospital para no perder a su bebé. La acumulación de denuncias contra el cuerpo hizo que el propio Macri decidiera su disolución un año después de haber sido creado, en noviembre de 2009. “Esta gente utiliza los mismos métodos de la dictadura de 1976, actuando de madrugada, con violencia y sin órdenes judiciales”, señaló Rodolfo Diringuer, referente de la Huerta Orgázmika.
La disolución de la ucep apuró la creación de la Policía Metropolitana, que fue instituida por Macri en octubre de 2008, aunque la fuerza recién pisó las calles porteñas en febrero de 2010. Apenas estrenada, la Metro porteña fue denunciada por el uso de pistolas con descarga eléctrica para inmovilizar a posibles delincuentes en la vía pública. “Es una práctica más cercana a la tortura que a la acción preventiva esperada de una fuerza bien equipada para actuar en democracia”, señaló en ese momento el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.  El primer jefe de la Metropolitana designado por Macri fue el comisario retirado de la Federal Jorge Palacios, amigo personal del jefe de gobierno y acusado de encubrir la pista local en el atentado a la amia de 1994. Habrá que esperar a los comicios de agosto y octubre para confirmar si semejante gestión es avalada en las urnas, en este año de elecciones legislativas.

Condenan a un sindicalista cercano al poder K
Histórico

El 20 de octubre de 2010 fue asesinado de un balazo en el pecho el joven Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, cuando manifestaba contra la precarización de los trabajadores del ferrocarril Roca a manos del propio sindicato, la Unión Ferroviaria (uf). El pasado viernes 15 salieron las sentencias por el crimen: el líder de la uf, José Pedraza, fue condenado a 15 años de prisión junto a su segundo en la organización sindical, José Luis “El Gallego” Fernández.  También marcharon a prisión los autores materiales del asesinato, Gabriel Sánchez y Cristián Favale, que recibieron 18 años, y sus cómplices. Gabriel Sánchez es barrabrava del Racing Club y Favale de Defensa y Justicia, que milita en la segunda división, y ambos integraron la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas (hua), formada en 2009 por dirigentes del fútbol cercanos al kirchnerismo. hua se hizo conocida por haber organizado vuelos chárter en apoyo de la selección argentina durante el campeonato mundial de 2010 en Sudáfrica. Favale se mostró en algunas fotos  junto al vicepresidente Amado Boudou. Los comisarios de la Policía Federal Luis Mansilla y Jorge Ferreyra fueron a su vez sentenciados a diez años de prisión por haber “liberado” la zona para que la patota de la uf pudiera moverse a sus anchas. La pata policial en la condena resulta central porque pone en cuestionamiento los negocios de la Federal con las bandas que operan tanto en la distribución de drogas como en  el robo punguista y en la prostitución callejera en las adyacencias de las estaciones ferroviarias.
Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, se dijo por un lado satisfecho de que haya habido condenas, pero por otro consideró insuficientes las penas infligidas. “Vamos a apelar, porque la responsabilidad de todos ellos fue mayor a lo que expuso el tribunal”, señaló.

TURBIEDAD. La condena de Pedraza vuelve a poner en el centro de la escena las viejas relaciones entre el sindicalismo peronista, el Justicialismo y el Estado. Un año antes del crimen de Ferreyra, la presidenta Cristina Fernández participó del acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la uf junto al propio Pedraza y el camionero Hugo Moyano, por entonces aliado del gobierno. “El peronismo desde sus orígenes se manejó con la idea del fifty-fifty; mitad para los trabajadores, mitad para los empresarios”, señaló ese día la presidenta. Pedraza es titular de la uf desde 1985, cuando el gobierno radical de Raúl Alfonsín devolvió las personerías gremiales a los sindicatos. Luego fue el principal colaborador del mítico gremialista Saúl Ubaldini, adalid de la política de privatización de las líneas férreas llevada a cabo por el menemismo. En esos años noventa Pedraza incursionó en el terreno empresarial gracias a la privatización de los trenes y la creación de empresas  tercerizadas que se quedaron con negocios que antes estaban en manos del Estado. Junto con Moyano (camioneros), Armando Cavalieri (comercio), Oscar Lescano (Luz y Fuerza) y Luis Barrionuevo (gastronómicos), entre otros, el ferroviario se convirtió en el paradigma del “sindicalista-empresario”. No sólo tiene a nombre de su esposa una empresa de cargas ferroviarias sino una mansión en la zona oeste del Gran Buenos Aires valuada en medio millón de dólares.
Semejante riqueza le dio poder suficiente como para intentar, en medio de las denuncias por el asesinato de Mariano Ferreyra, intervenir con coimas para que el sorteo de la causa judicial cayera en manos de jueces aparentemente dóciles. Y para apuntalar su impunidad, en pleno juicio hubo llamadas en tono amigable entre Pedraza y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

“¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”

En una mesa de boliche el periodista lee ¿Quién mató a Rosendo?, la investigación periodística que Rodolfo Walsh escribió en 1968 sobre el asesinato del sindicalista metalúrgico Rosendo García en una trifulca entre colegas. El hombre tiene un cigarrillo en la mano y medita sobre cómo seguir su propia investigación sobre el asesinato del joven Martín Ferreyra. Se trata de una película, y el periodista es interpretado por el escritor y periodista Martín Caparrós, en su debut cinematográfico.  Con nombres propios y entrevistas reales, la película avanza como un documental hasta que torna a la ficción con el parate que los dueños del medio para el que trabaja le imponen a Caparrós. La hija del periodista, de la misma edad que Ferreyra, convence sin embargo a su padre de seguir adelante por su cuenta con la investigación hasta esclarecer el crimen. El estreno fue el 4 de abril, diez días antes de la condena de Pedraza y su gente. El filme está basado en el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, del periodista Diego Rojas, aparecido a comienzos de 2011. Una buena y vivificante forma de recuperar la mixtura del documental periodístico con el celuloide, y  con un resultado bien interesante. {/restrict}