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“Que los bancos paguen su deuda social”

La socióloga Elena Cortés es consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía e integrante de la dirección nacional de Izquierda Unida de España. En los últimos meses saltó a la fama por haber impulsado en su región un decreto que expropia viviendas a los bancos para impedir más desalojos en una región del país donde son legión y han contribuido a la pauperización de sectores de clase media. También ha obligado a los bancos a volcar al mercado de alquileres su voluminoso estoc de viviendas, para reducir la especulación y bajar los precios. “Son cosas posibles. Hay que querer hacerlas”, dice a Brecha en esta entrevista.

—En junio del año pasado el diario El País encabezaba un artículo con el siguiente titular: “La consejera entre okupas”.
—Bueno, el titular y el fondo de este artículo reflejan la apuesta por un cambio en la manera de gobernar y de escuchar a los ciudadanos. De todas formas no deja de ser sorprendente, porque cuando salió el artículo iu sólo llevaba un mes en el gobierno. Refleja el cambio radical que iu le quiere dar al gobierno andaluz. Es comprensible que haya familias que ante el dramatismo de los desahucios tengan que optar por la ocupación.
—En marzo de 2010 el Centro de Investigaciones Sociológicas (cis, un organismo nacional encargado de hacer encuestas de opinión pública) situó a los okupas como el movimiento social peor valorado por los ciudadanos. Hoy, otro movimiento, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, vinculado al derecho a la vivienda y especialmente atento a impedir los desahucios y la especulación, es uno de los mejor valorados por la sociedad española. ¿Hay un cambio de conciencia sobre el derecho a defender la vivienda como un bien común?
—Sí. Creo que se están aprendiendo lecciones de la crisis, se empieza a tomar conciencia de que el capitalismo, y el boom inmobiliario en España en especial, han supuesto nada más que una situación de ruina para el pueblo, para los trabajadores. De hecho, en las últimas encuestas del cis la mayoría de la población empieza a percibir que esto no es algo pasajero, sino que se trata de un cambio estructural. En este contexto, también se toma conciencia de este tipo de movimientos.
—El primer paso desde la Consejería fue el Plan de Mediación, con la apertura de oficinas que mediaban entre ciudadanos en riesgo de desahucio y la banca, oscilando entre la dación en pago y la renegociación. Ahora se ha pasado de la mediación a la ofensiva. ¿Se trata de un cambio de estrategia?
—Cuando pusimos la oficina, en octubre, no era exactamente de mediación. Ya entendíamos que había que romper la neutralidad de que hasta ahora había hecho gala la administración respecto de las entidades financieras y las familias. Nos posicionamos del lado de las familias, pues entendemos que es la parte más débil. El tribunal de Luxemburgo vino a ratificar el 14 de marzo que todo esto ha sido una estafa hipotecaria basada en una falta de información a los consumidores en el contexto de la crisis. El decreto ley que acabamos de aprobar es un punto y seguido a todo el cambio estructural que estamos planteando desde la Consejería de Vivienda, y que iu planteó en el acuerdo de gobierno con el psoe. Vamos a continuar de forma inmediata con la redacción del Plan de Vivienda y Rehabilitación.
—Andalucía tiene un parque de unas 900 mil viviendas vacías. El posicionamiento de la Consejería de Vivienda evidencia pésimas políticas en la materia de los gobiernos anteriores, todos a cargo del psoe, el único partido que ha gobernado siempre en la región, en solitario o en coalición.
—Desde un primer momento iu dejó claro que habíamos llegado al gobierno para cambiar las políticas. Ahora mismo, dentro del gobierno hay un equilibrio y una armonía razonables con respecto a las políticas que queremos cambiar, y además hay un espíritu de transversalidad: no podemos limitarnos a cambiar las cosas desde las consejerías que dirigimos sino que hay que buscar que estos cambios lleguen a todas las acciones del gobierno andaluz.
En lo que refiere a vivienda, hemos tenido especial cuidado en darle un buen anclaje jurídico al decreto ley de tutela de la función social de la vivienda, del 9 de abril. Nos hemos amparado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un informe de la relatora de las Naciones Unidas por el Derecho a la Vivienda que vio la luz en agosto de 2012 y que plantea que en España se ha pisoteado impunemente este derecho, y en un artículo de la Constitución nacional que dice que la propiedad privada es un derecho limitado por la función social preexistente de los bienes.
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