La sombra de Atenco

México

Hace siete años, cuando era gobernador del estado de México, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión de un movimiento por tierras en el poblado de Atenco: hubo muertos, violaciones, apaleamientos y la condena a largas penas de prisión para más de 200 campesinos movilizados. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora el gobierno quiere transar, por chauchas y palitos, con los denunciantes, que se niegan.

 

“No es posible que un individuo con esas características, con esos antecedentes, sea presidente. Él mandó violar a nuestras mujeres, reprimir a nuestros pueblos y encarcelarnos, asesinarnos”, exclama Felipe Álvarez, un anciano campesino de la localidad mexicana de San Salvador Atenco, en la periferia de la capital del país, en referencia a Enrique Peña Nieto.
Álvarez fue detenido junto con otras 216 personas el 4 de mayo de 2006 en un violento operativo de la policía para sofocar una protesta del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (fpdt) de Atenco. Pasó cuatro años y dos meses en prisión hasta que fue absuelto por la Suprema Corte. Peña Nieto, que era en esos momentos gobernador del estado de México, en el que se encuentra Atenco, fue uno de los responsables de la acción policial que se saldó con dos vecinos muertos a balazos, al menos 26 mujeres agredidas sexualmente, casas destruidas y saqueadas, y los detenidos golpeados brutalmente, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante los años posteriores (hasta que dejó el cargo en 2011), Peña Nieto fue también quien permitió que eludieran la justicia los agentes responsables de esos hechos.
Por eso su victoria en las presidenciales del 2 de julio como candidato del Partido Revolucionario Institucional (pri) fue un mazazo para el poblado.
Edith Rosales, que forma parte de un grupo de 11 mujeres víctimas de los abusos que se cometieron ese día, se sintió “muy indignada”. “Seguiremos diciéndole que es culpable”, promete, cuando se cumplen siete años de aquellos hechos. Rosales y sus compañeras han llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tras haber escuchado ya a ambas partes en marzo pasado, está a punto de emitir una resolución. “La Comisión Interamericana tendrá sesiones en julio y noviembre de este año y esperamos que en uno u otro momento se determine la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos de las compañeras”, dice Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, que ha llevado el caso de las 11 demandantes.
El caso de Atenco ya le jugó hace un año una mala pasada a Peña Nieto. El 11 de mayo de 2012, cuando arrasaba en las encuestas –que le llegaban a dar hasta 20 puntos de ventaja sobre sus contrincantes–, participó en un encuentro con estudiantes universitarios. Cuando éstos le cuestionaron la represión en Atenco el político asumió “personalmente” la responsabilidad sobre el operativo y lo reivindicó como una acción necesaria “para restablecer el orden y la paz”. Peña tuvo que salir apresuradamente de la universidad entre gritos de “asesino, asesino”. Ese incidente y el intento de las principales televisoras del país (Televisa y Tevé Azteca) por minimizarlo propiciaron un movimiento estudiantil en contra del candidato del pri, el #YoSoy132, que agitó la campaña y protagonizó varias manifestaciones.
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