Recortes y Marcha Negra

Esta semana los ministros de Economía de la zona euro acordaron conceder a España un "rescate" que puede llegar hasta los 100.000 millones de euros, pero le pusieron condiciones. En realidad, la misma condición de siempre, corregida y aumentada: más ajustes.

El jefe del gobierno conservador, Mariano Rajoy, se alineó y anunció un nuevo plan de austeridad que supone más recortes fiscales, despidos de funcionarios públicos (y la quita de un sueldo para los que quedan), la imposibilidad de descontar las sumas destinadas a compra de vivienda del pago del impuesto a la renta, y la aceptación de que los burócratas europeos controlen las cuentas del país una vez cada tres meses. También un aumento del IVA, que pasará de 18 a 21 por ciento. En 2009, cuando el gobierno estaba a cargo de los socialistas, y ante un anterior aumento de ese impuesto, Rajoy había declarado que "la suba del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis".

A cambio, la ue acepta prorrogar un año, hasta 2014, el cumplimiento del objetivo de déficit fiscal del 3 por ciento, y admite que este año pueda llegar hasta un máximo de 6,3 (en 2011 se situó en 8,9).

El grueso de la ayuda será destinado a rescatar bancos, también bajo condiciones (una lista de 32), entre ellas la de reforzar el papel del Banco de España, en detrimento del Ministerio de Economía. "Una intervención con todas las de la ley, si bien de menor intensidad que la de los tres países rescatados hasta ahora: Grecia, Portugal e Irlanda", comentó el diario madrileño El País.

A todo esto, llegó el martes a Madrid la Marcha Negra de los mineros del carbón del norte del país, que se han convertido en símbolo de la resistencia sindical a los recortes. Muchos de los marchistas recorrieron a pie durante casi 20 días unos 400 quilómetros hasta alcanzar la Puerta del Sol, en la capital. Los mineros, que están ocupando yacimientos en algunos casos hace casi 50 días, rechazan la decisión del gobierno de rebajar en 60 por ciento la asistencia estatal al sector, y dicen que con estos recortes será inevitable el cierre de buena parte de las minas, con la consiguiente conversión en "pueblos fantasma" de localidades enteras de Asturias, León, Aragón, Castilla-La Mancha o incluso Andalucía. La plataforma Democracia Real Ya, que apoya al movimiento minero, sostiene que el gobierno de Rajoy "está al servicio del lobby energético", en especial petrolero y nuclear, y "de los intereses extranjeros", ya que España se propone importar carbón desde Alemania y dejar de producirlo localmente. "Es una más de las condiciones no escritas que se le han fijado al país a cambio del rescate europeo, como lo hicieron con Grecia, que acaba de decidir la privatización de decenas de empresas para pasarlas seguramente bajo control de firmas alemanas o francesas, como ya sucedió en ocasión de olas privatizadoras anteriores", dijo un dirigente de Democracia Real.