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La muerte de Videla y la continuidad de la omertà militar

La muerte de Videla

Romper el silencio de los represores sobre las muertes y desapariciones que se llevaron a cabo entre 1976 y 1983 es una vieja aspiración de los organismos de derechos humanos, y en especial de los familiares de las víctimas. La muerte, el viernes pasado, del ex dictador Jorge Rafael Videla, al resbalar en el baño de la cárcel en la que estaba preso, según reveló la autopsia, reabrió el interrogante y las expectativas sobre el tema. Videla era uno de los que más información directa manejaba, que había ido revelando por cuentagotas, según su propia voluntad y a menudo falseando datos.

Tanto los jerarcas juzgados en 1985 durante el juicio a las juntas de gobierno como los oficiales de menor rango condenados en los diferentes procesos celebrados en todo el país se mostraron herméticos a la hora de hablar sobre archivos o documentos de aquellos años. Reynaldo Bignone, el último presidente de facto y su jefe del Ejército Cristino Nicolaides, aseguraron en 1985 y en 1999 que toda la documentación fue incinerada por disposición del propio Bignone días antes de entregar el poder al presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. Al mismo tiempo se dijo en los juicios que la idea en esos años era no dejar a nadie con los pies fuera del plato: todos debían participar de la represión. Por boca de ex detenidos y de algunos oficiales que no quisieron hundirse solos se supo que en Tucumán el general Domingo Bussi participaba de fusilamientos y obligaba a sus hombres a matar y torturar a detenidos en su presencia “para dar ánimo a la tropa”, según relataron. Algo similar ocurrió con “el carnicero de Córdoba” y jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Menéndez, quien obligaba a sus subordinados a presenciar cómo daba el tiro de gracia a algunos detenidos. Fue el marino Adolfo Scilingo quien confesó que en la Armada esa era también la política general ordenada por el almirante Emilio Massera en la temible esma.
La magnitud de la represión, no sólo por el secuestro y asesinato de perseguidos políticos sino por la apropiación de niños, los bienes muebles e inmuebles robados, los ajustes de cuentas y secuestros extorsivos, llevó a que varios magistrados concluyeran que se trató de un plan sistemático, que debía haber rastros escritos de las órdenes dadas y lugares físicos que las contuvieran.
Las especulaciones sobre archivos voluminosos fueron materia de tráfico de información por parte de los servicios de inteligencia desde 1983, cuando aún funcionaba la side, heredada por Alfonsín de la dictadura. La aparición del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires demostró que existen rastros de la represión. La posterior aparición de documentación suelta y sin clasificar en diferentes puntos del país abona la teoría de que existe mucha más información que los represores juzgados y condenados ocultan, seguramente como forma de perpetuar la tortura. Lo exhiben como un triunfo.
La figura de Videla nunca tuvo en Argentina un valor equivalente a la de Augusto Pinochet en Chile. Videla no fue ni el límite, ni el organizador del silencio militar. Tampoco reunió a secretos admiradores o viejos subordinados en los días en que permaneció en prisión, de a ratos, en los años ochenta, en los noventa y hasta el viernes pasado, cuando murió en la cárcel.
Como en tantos otros ejemplos de la vida argentina, los archivos parecen haber sido privatizados para uso personal. Varios familiares recordaron en los juicios los chantajes a los que los sometieron ex represores ofreciendo información a cambio de dinero. Desde la recuperación de la democracia, el Estado se atuvo a la política de esperar a que los responsables de la represión hablaran. En la mayoría de los casos esto no ocurrió, y los diferentes gobiernos no supieron cómo desarticular esa omertà mafiosa. Ahora, desde la derecha, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, crítico del kirchnerismo, propone “comprar” la palabra de los genocidas para “terminar de una vez con la política de la venganza, por no tener desde el Estado una política de derechos humanos”.
La Corte Suprema de Justicia por boca de su titular, Ricardo Lorenzetti, ha dicho que los juicios por delitos de lesa humanidad van a continuar hasta que el último responsable esté condenado. La presidenta Cristina Fernández dio sobradas muestras de voluntad en ese sentido, pero agregó un dato: los juicios deben terminar a más tardar en 2015. Para eso se constituyó también la red de archivos sobre las dictaduras de los países del Mercosur, y los frecuentes encuentros entre sus responsables indican avances en la decodificación y proyección de datos sobre los años de plomo. A falta de la palabra oficial de los torturadores, bienvenida la ciencia en apoyo de la justicia.
La muerte de Videla no parece traer cambios sustanciales en materia de revelaciones secretas. Sólo el lamento por otro criminal que se muere sin reconocer sus delitos.