Paraguay y una democracia de baja calidad

Tantos tableros superpuestos, innúmeras piezas y reglas que se van reinventando a medida que el juego avanza, exigen una reflexión ordenada sobre loque está ocurriendo en Paraguay. Iniciemos con dos cuestiones básicas: ¿por qué se destituyó a Fernando Lugo?; ¿qué impacto tienen estos últimos cambios en la democracia paraguaya?

 La primera pregunta requiere un doble abordaje: por un lado, hay que identificar las razones por las cuales se decidió el juicio político, a pocos meses de un período eleccionario; y por otro, es necesario saber por qué se optó por la prepotencia, en desmedro del camino de la legalidad (opción que finalmente también habría terminado en la destitución de Lugo, pero sin el estigma de la fractura institucional).

Para responder a la primera interrogante hay que recordar que el juicio político acechaba el sillón presidencial desde el primer día del actual período de gobierno. En 2008 Lugo llegó a la presidencia con una heterogénea coalición que rompió con más de sesenta años de poder del Partido Colorado, y permitió que por primera vez en la historia política del país un partido ceda el control del Estado a otro por medios pacíficos y democráticos. La fórmula se conformó con la candidatura presidencial de Fernando Lugo, sin partido propio, junto a Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (plra), como vice. La contracara de ese triunfo histórico estuvo en el frágil marco de gobernabilidad que dejó instalado: un presidente de izquierda, extremadamente débil, un vicepresidente liberal apoyado por un partido fuerte que reivindicaba los méritos de la victoria, y el ahora ya famoso artículo de la Constitución que habilita el juicio político por mal desempeño.

A esto se le agregaron factores coyunturales. En el régimen presidencialista, y debido al período fijo, los recursos que el presidente puede ofrecer a quienes cooperan con él son menos seductores a medida que se acerca el fin del mandato, y por ello disminuyó la capacidad de Lugo de atraer individualmente a los líderes del plra. Por otro lado, en los últimos tiempos el gobierno había comenzado a coquetear con un sector del Partido Colorado, lo que alarmó a todo el espectro partidario. Insistentes versiones de prensa señalan que Horacio Cartes, el líder colorado que quedaba fuera de esa posible alianza, fue el principal impulsor del juicio político.

El detonante público fue, sin embargo, la matanza del viernes 15 de junio en Curuguaty: un enfrentamiento entre policías y campesinos que ocupaban una propiedad rural terminó con 17 muertos y 80 heridos. Nunca se había registrado en el país ese número de fallecidos en un conflicto por la tierra. La acusación que se le hace a Lugo, sin pruebas mediante, es su connivencia con quienes ocuparon las tierras y la consecuente responsabilidad en las muertes.

Es razonable pensar que si no se daban todas, o gran parte de las razones anteriores, el improvisado proceso de destitución no hubiera cristalizado. ¿Por qué se eligió la opción autoritaria de la destitución? El argumento que plantean los destituyentes para fundamentar la imposición de plazos absurdamente breves es que se intentó evitar una movilización violenta que impidiera la realización del juicio. Pero este pretendido fundamento sólo muestra el temor de los legisladores a esa ciudadanía que estaban dejando fuera; en ningún caso fue una amenaza real, tal como lo demostraron los hechos posteriores. Si existía la posibilidad de una reacción violenta planificada, motivos hubo para que se concretara.

Se tomó la opción del camino ilegal cuando se tenían los votos necesarios para una destitución legal porque el juicio político fue liderado por un grupo de legisladores colorados que basan su legitimidad en el ejercicio de la prepotencia, y que se encontraban en claro declive en el apoyo electoral. El juicio político les sirvió de escenario para descargar sus frustraciones (¿qué puede haber más peligroso que un prepotente frustrado?) y para fortalecer su legitimidad en decadencia. La alianza liberal-oviedista apoyó este juicio político porque satisfizo sus ansias de ocupar cargos en el gobierno y porque, finalmente, están marcados por la misma matriz cultural hegemónica.

La dictadura de Stroessner y los posteriores gobiernos colorados construyeron un discurso desde el poder que no pretendía tanto ocultar la propia deshonestidad e ineficiencia del gobernante como asignar esas "debilidades humanas" a todos los demás, dentro y fuera del país, y así, en ese mundo de corrupción que postulaban como "natural", reclamar la virtud pacificadora y soberana de su propia prepotencia.

El Partido Colorado se mantuvo más de sesenta años cultivando ese discurso, que resultó hegemónico y que impregna hasta hoy al sistema político y los medios de comunicación. La llegada de un sacerdote al poder fue, simbólicamente, el triunfo del discurso moral frente al cinismo reinante.

Con el hábil liderazgo colorado, ese discurso de la prepotencia invadió la Cámara de Senadores el 22 de junio, y es lo que justifica que, en forma abrumadora, los parlamentarios paraguayos hayan comprado un problema tan grande como innecesario.

¿Qué impacto tiene sobre la democracia paraguaya esta atrocidad parlamentaria? La gente, en general, vive con incredulidad estos cambios y los que puedan venir. Ya lo escribió Roa Bastos: "Lo verídico es aquí lo inverosímil. Lo fantasmagórico es lo real". Pero las consecuencias están ahí. Suspendido y ninguneado (por decir lo menos) en el Mercosur, Paraguay quedó solo en el mundo. El nacionalismo se exacerba frente a lo que se percibe como una traición regional. El discurso cínico y autoritario tuvo un impulso extraordinario en estas últimas semanas. Desde el día del juicio se inició un período de letargo en la productividad gubernamental, que durará hasta el ingreso efectivo del nuevo gobierno, previsto para agosto de 2013. Quien era institucionalmente el presidente más débil de América Latina, de acuerdo a las prerrogativas planteadas en la Constitución de 1992, quedó aun más expuesto frente al parlamento y a los grupos de poder, que aprendieron en Curuguaty una nueva forma de chantaje.

Las elecciones de abril aparecen como una promesa de cambio y de legitimidad nacional e internacional, pero también serán un reflejo de este particular momento; los liderazgos que emerjan de estos ríos revueltos no serán los que mejor sostengan a las instituciones. Son altos los riesgos de que se consoliden una democracia de baja calidad, el aislamiento internacional y el retroceso social. n

* Politólogo uruguayo (Udelar). Ex colaborador de Brecha en Paraguay.