El caso Río Tinto

El repudio mayoritario al gobierno de facto en Paraguay está corriendo parejo con un creciente rechazo popular a las generosas facilidades que está ofreciendo el nuevo Ejecutivo para la instalación en el país de la trasnacional minera Río Tinto Alcan (rta).

Una campaña nacional “No al golpe de Río Tinto Alcan” arrancó el lunes 30 en Asunción, en la sede de Paraguay Resiste, un movimiento que está concentrando a todas las organizaciones sociales urbanas y rurales, en plena elaboración de una plataforma de lucha contra el golpe.
El depuesto presidente Lugo participó del encuentro, junto con varios de los miembros de su gabinete, en presencia de diversas delegaciones, muchas en representación de organizaciones formadas en las semanas siguientes al golpe.
La megaminera rta venía gestionando su instalación desde hace cinco años para montar una gran fábrica de aluminio, pero desde el 15 de agosto de 2008, cuando asumió Lugo, sus representantes, entre ellos el flamante viceministro de Industria y Comercio, el abogado Diego Zabala, vieron que su influencia se había debilitado al interior del gobierno y, según diversas fuentes, comenzaron a conspirar en alianza con el entonces vicepresidente Federico Franco.
A poco de asumir, Lugo designó un equipo de técnicos para trabajar bajo la conducción del viceministerio de Minas y Energías, encabezado por Mercedes Canesse, que elaboró un informe desaconsejando la instalación de Río Tinto Alcan, por juzgarla contraria a los intereses económicos, ambientales y soberanos de Paraguay.
La empresa, de capital inicial británico, comenzó a operar a fines del siglo xix en la provincia de Huelva en España, donde a principios del xx la contaminación de sus desechos industriales generó la primera huelga “ecologista” registrada en el mundo, que se saldó con varios miles de pobladores asesinados por francotiradores y la policía.
Entre los antecedentes de rta destacan, además, su persecución y entrega de trabajadores republicanos durante la guerra civil española y su sostén al franquismo en sus cuatro décadas. Desde hace meses es juzgada por tribunales en Estados Unidos por practicar la esclavitud en minas de oro en Nueva Guinea-Papúa, donde alimentó una guerra civil que arrojó cerca de cien mil muertos. África del Sur prohibió a su vez su instalación y la firma está en conflicto en Mozambique, donde ha acaparado las minas de carbón bajo régimen de explotación extrema de los trabajadores. Los países vecinos la acusan igualmente de contaminar el río Zambeze.
A la semana del golpe contra Lugo, el gobierno elevó al parlamento el “tema Río Tinto” con carácter urgente, sobre la base de un contrato de concesión por 30 años, renovable y sin reajustes, absorbiendo 11 mil gigavatios/hora por año, del total de 56 mil que produce el país, pretensión que el ingeniero Ricardo Canese interpreta como una enajenación de la soberanía energética.
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