Brecha Digital

Tsunami conservador en España

Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy, presentó un proyecto de ley para modificar la ley del aborto y suprimir la causal de malformación fetal grave. De aprobarse, España se colocaría al nivel de los países europeos más restrictivos en la materia. La iniciativa de Gallardón es sintomática del avance conservador en un país que es visto, por los propios grupos “pro-vida”, como una “plataforma” para su expansión en Europa.

Suele suceder. Pese a que las fronteras entre la socialdemocracia europea y la derecha se han ido borrando, al punto de que muchas veces puede notarse cierto mimetismo, cada vez que la primera deja lugar a la segunda a la cabeza de un gobierno, las diferencias, los matices, aparecen. Sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y las “sensaciones térmicas”.
Así se ha visto en España. Desde que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue remplazado por el líder del Partido Popular Mariano Rajoy al frente del gobierno, en diciembre de 2011, es evidente que el “clima” ha cambiado en la península. “Hay un aire de restauración conservadora, de retorno de lo rancio”, decía recientemente un dirigente de la central sindical ugt al mensuario Diagonal.
Uno de los ejemplos de esa “restauración conservadora” ha sido el proyecto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para modificar la ley de salud sexual y reproductiva aprobada en 2010 bajo la administración de Zapatero, en especial en lo que tiene que ver con las condiciones para autorizar la realización de un aborto. Gallardón, que pasaba a ojos de algunos por ser uno de los ministros menos a la derecha del gabinete de Rajoy, ha dado varios pasos en las últimas semanas como para desmentirlo. Esta misma semana, por ejemplo, decidió otorgar el título de marqués al nieto del general Gonzalo Queipo de Llano, uno de los jefes militares del alzamiento contra la República española, en el 36. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (armh) lo tomó como “un insulto a las víctimas de la dictadura”, y también subrayó el clima “restauracionista” que se está viviendo en el país. “Tiene valor de símbolo”, dijo uno de los integrantes de la armh.
Pero lo del aborto pasa del terreno de lo simbólico. De aprobarse el proyecto de Gallardón, ya no sería posible interrumpir embarazos en casos de “graves anomalías del feto”, como la ley actualmente vigente autoriza hasta la semana 22, o de “anomalías incompatibles con la vida”, como lo permite sin establecer plazos, previo diagnóstico de un comité médico. España se estaría colocando así al nivel de los países más restrictivos de Europa en lo relativo al aborto, tipo Irlanda y Malta (el primero no lo penaliza únicamente cuando la vida de la madre está en peligro, y el segundo lo prohíbe en todos los casos). Ni siquiera la ultracatólica Polonia castiga las interrupciones de embarazos por malformación fetal grave e irreversible. “Se nos ha embarcado en un camino hacia la locura que aleja a España de todos los países occidentales, y que en el marco internacional nos situaría al lado de países fundamentalistas. El gobierno va directamente hacia la criminalización de la interrupción del embarazo, y con esto está atacando supuestos médicos y clínicos que nadie ha puesto en duda prácticamente en ninguna democracia. El siguiente paso es eliminar el consejo genético –las pruebas, entre ellas la amniocentesis, que se realizan para determinar si el embarazo es riesgoso o no– y que la gente vaya a ciegas”, comentó el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. “Estamos ante la amenaza de una penalización total que nos retrotrae a la clandestinidad, a la total inseguridad sanitaria y jurídica de las mujeres y de los y las profesionales”, coincidió Purificación Causapié, secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Y la ginecóloga Isabel Serrano, vocera de Decidir nos Hace Libres, una federación de 220 asociaciones civiles, dijo que el proyecto gubernamental puede “provocar problemas muy graves a las mujeres. Ningún país se plantea algo así. Se está llegando al nivel de plantear que la mujer no puede y no es capaz de decidir qué hacer ante una malformación grave. Y Gallardón no puede decir que toma estas medidas desde la ética, porque lo que está es totalmente condicionado por su ideología”.
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La ofensiva en Europa

Hungría. “Si no estás preparada para mí, dame en adopción. Dejame vivir”, dice el principal afiche de una campaña contra el aborto iniciada en 2011 por el gobierno magyar. El costo de la campaña fue bancado esencialmente con fondos provenientes de la Unión Europea destinados en principio a otros objetivos, lo que molestó a Bruselas y obligó a las autoridades húngaras a retirarla.

Rusia. El parlamento tiene a estudio un proyecto de ley, presentado por legisladores de distintos partidos, que obliga a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo a escuchar los latidos del feto y a ver una ecografía antes de la intervención, además de contar con el permiso escrito de su pareja para poder abortar.

Reino Unido. La diputada del Partido Conservador, en el poder en Londres, Nadine Dorries propuso un proyecto de ley para que las adolescentes británicas de 13 a 16 años reciban “información sobre los beneficios de la abstinencia sexual” en sus centros de estudio, entre otras medidas destinadas a “promover un cambio de hábitos en la conducta sexual” de las jóvenes.

Turquía. “¿Cuál es la diferencia entre matar a un bebé en el vientre materno y matarlo después de nacer?”, se preguntó el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. El gobernante quiere modificar la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la décima semana de gestación. Erdogan considera que quienes son partidarios de permitir el aborto “son parte de un siniestro plan para debilitar al país”. n
(Fuente: El País, Madrid)