Esa utopía llamada reinserción

Los “mareros” –integrantes de pandillas– en El Salvador son más de 60 mil. La quinta parte de ellos está en prisión. En cinco años, sólo los enfrentamientos entre pandilleros causaron casi 20 mil muertes. En marzo pasado líderes de las dos principales maras, la 18 y la Salvatrucha, iniciaron una tregua que hizo bajar abruptamente el número de homicidios, pero la sustentabilidad del alto el fuego a mediano plazo está en duda. En la siguiente nota,* autoridades, mediadores, empresarios, pastores y pandilleros –activos y retirados– hablan sobre el nuevo escenario que ha dejado la tregua.

En octubre de 2009, cuando el gobierno encabezado por Mauricio Funes daba sus primeros pasos en un ambiente de esperanza por los cambios positivos que en teoría se avecinaban, el comisionado Douglas Omar García Funes, entonces director del Centro Antipandillas Trasnacional de la Policía Nacional Civil, afirmaba que en El Salvador había “ unos 16 mil o 17 mil” pandilleros. Y decía que la cifra iba en aumento: la estimación giraba en torno a los 11 mil apenas cuatro años antes, en 2005.
A junio de 2012, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública admite sin pudor que los pandilleros son no menos de 62 mil, cifra salida de un estudio de campo que ni siquiera abarcó todos los municipios del país. Incluidas sus familias –cada vez más involucradas o dependientes de las actividades ilícitas–, la estimación oficial eleva a casi un cuarto de millón los salvadoreños ligados directamente a las pandillas. Son más de 200 mil personas, y esto sigue creciendo, ha dicho en repetidas ocasiones durante las últimas semanas Douglas Moreno, el viceministro de Seguridad Pública.
Más allá de los números, basta visitar comunidades, colonias y cantones, o hablar con sus residentes, para inferir que las pandillas se han convertido en un referente trágico e inevitable. En lo urbano marginal está más acentuado, pero también sucede en el ámbito rural. Hace poco, por ejemplo, una vecina detallaba la reciente llegada de una clica [grupo] de la Mara Salvatrucha (MS-13) a su cantón en San Rafael Cedros, departamento de Cuscatlán. Sólo las comunidades con un tejido social más sano y las residenciales de clase media-alta o alta parecen mantenerse al margen de la influencia directa de las maras, una influencia también medible en indicadores menos ortodoxos, como la desaparición de los dorsales 13 y 18 [los que identifican a las maras: 13 a la Salvatrucha y 18 a Barrio 18] de la inmensa mayoría de los equipos de fútbol salvadoreños.
Las pandillas, a las que se atribuye la mayor parte de los homicidios y de las extorsiones, se han convertido pues en un poder local. Son, además, ultraviolentas y están jurídicamente proscritas, pero nada de eso ha evitado que sigan siendo atractivas para miles de niños y jóvenes.
“En mi caso personal, yo diría que fue por la pobreza. En la casa no teníamos nada. Nada. Y así tantos jóvenes: no hay qué comer, no hay qué vestir, no hay zapatos. Y al pandillero uno lo ve bien vestido, con dinero (…) ese es un gran atractivo para un niño o un joven”, dijo “Rafa”, un ex pandillero de la MS-13 que recuperó su libertad hace cuatro años.
Los asesores presidenciales parecen haber llegado a conclusiones similares. “En los barrios pobres meterse en las pandillas es hoy por hoy la manera más fácil que tienen los jóvenes de hacer llegar dinero a sus familias”, dijo el presidente Funes en una de las reuniones realizadas en mayo para hablar sobre seguridad pública.
Con un problema de semejante tamaño, gangrenado, y con perspectivas poco alentadoras, conceptos como el de “reinserción” adquieren –o deberían adquirir– una nueva dimensión, sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada por la tregua vigente entre las pandillas mayoritarias.

 

.. PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.