Andalucía está entre las regiones más pobres de España. No de hoy, con “la crisis”, prácticamente que desde siempre. La emigración en masa de sus habitantes, hacia el exterior pero también dentro del propio territorio del Estado español, está ahí para atestiguarlo. Pero Andalucía ha sido también de las zonas ibéricas más rebeldes. “No es seguro que lo uno vaya con lo otro. No es seguro que la pobreza genere rebeldía. Muchas veces es lo contrario. La pobreza adormece, mata conciencias, produce sumisión. En Andalucía, en muchas épocas supimos sí ser resistentes”, dice Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Sánchez Gordillo es todo un personaje. A sus 63 años, el barbado y eterno alcalde de la localidad sevillana de Marinaleda y líder histórico del Sindicato Andaluz de Trabajadores (sat, un gremio de jornaleros agrícolas), además de diputado por Izquierda Unida al parlamento regional, fue protagonista, este mes, de un par de acciones que colocaron el foco en él, en su pueblito, su sindicato, su grupo político y la experiencia que conduce en el sur profundo español. El hombre estuvo en el origen de lo que la prensa presentó como saqueos y él reivindicó como expropiaciones a la vieja usanza: el asalto a dos supermercados por unas decenas de militantes sociales que llenaron los carritos con alimentos básicos para repartirlos entre los pobres. Sin eufemismos: pobres de toda solemnidad. También Sánchez Gordillo promovió la ocupación de un predio militar abandonado para “dar trabajo a unas 200 familias”. Nada de eso lo hizo clandestinamente o con violencia. Los “asaltos” fueron anunciados algunos días antes, la ocupación del predio del Ministerio de Defensa también, como anunció luego Sánchez Gordillo que habrá “más acciones” de este tipo porque “la gente tiene derecho a vivir y no puede”. Que las grandes cadenas de supermercados, además de enriquecerse en la crisis, explotan a sus trabajadores. Que los saqueos, los reales, son los que han llevado a cabo en estos años los bancos, a los que no sólo hubo que rescatarlos sino que se han quedado con las casas de miles de españoles que con su dinero han pagado los rescates a los bancos. Eso ha dicho Sánchez Gordillo.
Lo curioso del caso es que los “robos” poco menos que fueron tolerados por los responsables de los supermercados y por la propia policía: los asaltantes, encerrados dentro de los locales, negociaron su salida llevándose sus carritos cargados. Y el azúcar, la leche, el aceite, el arroz, las frutas y verduras llegaron a destino. No al pretendido en principio por Sánchez Gordillo, una ong que se encarga de comedores populares. La asociación rechazó los alimentos por la forma en que habían sido conseguidos, pero sí los aceptaron en la Corrala de Vecinas La Utopía, un bloque de viviendas de los alrededores de Sevilla ocupado hace meses por alrededor de 40 familias.
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CASA TOMADA. No tenían literalmente para comer las casi 150 personas que viven en la Corrala de Vecinas La Utopía a la que llegaron los alimentos “donados” vía Sánchez Gordillo. Irma Blanco, una asistente social de 35 años diplomada por la Universidad de Sevilla y desocupada, es una de esas vecinas. “A los bancos les sobran miles de viviendas vacías y a los españoles nos faltan casas en las que vivir. Nuestra acción de ocupar pone de manifiesto este problema que no es marginal, que afecta a todos”, dijo Blanco a la página web en español de la bbc. La Corrala La Utopía es sólo uno de los casos de ocupación de viviendas en la España actual. Muy pocos de ellos están asociados a las iniciativas “ocupas” de años atrás, conducidas más bien con fines de “experimentación social”. Hay movimientos de ocupación en Andalucía la pobre y en Cataluña la rica, en Madrid y en el País Vasco, en Galicia y en Extremadura.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah) surgió en Cataluña en 2009 y hoy tiene más de 60 filiales en todo el estado. Sus integrantes se movilizan para detener desalojos (sólo en Cataluña lograron frenar 375 hasta fines de julio pasado y 97 en Madrid en 2011) y ahora para ocupar bloques de viviendas pertenecientes a bancos. “La ley en España es una trituradora. El banco te quita la casa y además tienes una deuda con la entidad. Es entonces cuando acudimos a la desobediencia civil y ocupamos bloques de bancos que han quebrado o se han nacionalizado. Es un absurdo que las casas sean de los bancos y que los bancos se rescaten de nuestros impuestos”, declaró a la bbc Adriá Alemany, portavoz de la pah catalana.
Según cifras del Consejo General del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadísticas citadas por la web británica, hay en España más de tres millones de viviendas desocupadas. Sólo en el primer semestre de este año hubo 46.559 desalojos por deudas impagas, unos 517 al día. En 2011 los bancos desalojaron 159 casas o apartamentos por día, y entre 2008 y 2011 se quedaron con las viviendas de 150 mil familias. Los bancos, casi todos ellos nacionalizados, ni se inmutan. Claman por sus “derechos”. “Ante estas ocupaciones ilegales respondemos con demandas colectivas. Nosotros nos ajustamos a la ley”, dice Violant Flores, del Departamento de Comunicación del banco nacionalizado Catalunya Caixa.
Buena parte de los asociados en las pah son clasemedieros clásicos que hasta hace unos pocos años tenían “un buen vivir” y la crisis los arruinó. Entre otras consecuencias del desplome perdieron sus viviendas, por las que pagaban cuotas mensuales de 1.000, 1.500 euros. Ya no pueden hacerlo, ni de cerca, pero no quieren “pasar por ladrones”, según dice Alemany. Los habitantes de uno de los bloques ocupados en Cataluña llegaron a abrir cuentas bancarias en los bancos a los que pertenecen los edificios para demostrar su voluntad de pago de un alquiler razonable. Las vecinas de la Corrala La Utopía no forman parte de la pah, pero sí tienen lazos con el movimiento de los Indignados del 15-M, a cuyos servicios jurídicos recurrieron. También se ofrecieron a pagar luz, agua y alquiler, y su caso fue tomado por el defensor del vecino de la región. “Son personas que no pueden ejercer su derecho a tener una vivienda digna”, dijo el susodicho, José Chamizo. Pero el Ayuntamiento de Sevilla, dominado por el Partido Popular, no quiere saber nada. Dice que no habría “seguridad jurídica” si “ocupaciones ilegales” como la de la Corrala fueran “toleradas”. Las vecinas no tienen agua ni luz y la intendencia informó a los padres de menores que allí habitan que podrían perder la patria potestad por “obligar a sus hijos a vivir en condiciones insalubres”.
Sánchez Gordillo cree ver en las “experiencias de autoorganización social que están surgiendo”, del tipo que sean, “por vivienda o por trabajo”, “gérmenes de algo nuevo”. Y sueña con que España “aprenda de Grecia, donde se ha podido construir una alternativa anticapitalista seria”. Mientras tanto, dice, seguirá “poniéndola en práctica desde Marinaleda”. Cual Asterix. “Revoluciona tu aldea y revolucionarás el mundo”, dice.