Condenados por fumigar
- Última actualización en 24 Agosto 2012
- Escrito por: Fabián Kovacic
El martes 21 el tribunal de la Cámara I del Crimen de la provincia de Córdoba innovó en Argentina, al condenar a un productor y a un piloto aeroaplicador por fumigar con agroquímicos (entre ellos glifosato y endosulfán, prohibidos en muchos países) una zona poblada, el barrio Ituzaingó de la periferia de la capital provincial.
Casi una década llevaban los habitantes de la zona intentando demostrar, con informes médicos incluidos, cómo habían sido contaminados y afectados en su salud por los dos implicados y por otro productor que resultó absuelto. Una organización social, las Madres de Ituzaingó, se había constituido en este lapso, logrando instalar el tema de las fumigaciones ilegales en la agenda pública, no sólo en la provincia sino a nivel nacional. También Paren de Fumigar fue activa en el tema. Las organizaciones consideraron avaro el fallo (ninguno de los dos condenados irá efectivamente a la cárcel), pero por otro lado dicen que marca una frontera con el pasado. “Antes la fumigación ilegal era considerada una falta, ahora un delito”, dijo una integrante de Paren de Fumigar. La madre de una muchacha con insuficiencia renal que murió en 2002 como consecuencia de las fumigaciones, no encuentra sin embargo consuelo.
El juicio unificó dos causas. Una fue iniciada en 2004 por madres y vecinos del barrio Ituzaingó, que detectaron más de 200 casos de cáncer, lupus y afecciones respiratorias en la zona y ya habían presentado denuncia dos años antes. La otra causa, que comenzó en 2008, inculpaba a dos productores agrarios acusados por el secretario de Salud de la capital cordobesa, Medardo Ávila Vázquez, de utilizar sustancias prohibidas para fumigar. Desde fines de 2011 otra causa penal aguarda su elevación a juicio también en Córdoba por un hecho ocurrido en la Colonia Tirolesa, donde la fumigación de un campo generó más de 30 intoxicaciones entre los vecinos, que debieron ser trasladados a la capital para su tratamiento.
En junio, en pleno debate de las audiencias, el anuncio de los gobiernos nacional y provincial sobre la próxima instalación de una planta de la multinacional Monsanto para hacer estudios sobre semillas transgénicas de maíz en la provincia había agregado leña al fuego. El reclamo no tardó en estallar, y el 19 de julio unas 6 mil personas se concentraron en una esquina de la capital cordobesa en defensa del “derecho fundamental a un ambiente sano”. A la convocatoria acudió buena parte del movimiento de derechos humanos, ong locales y las diferentes asambleas regionales que desde hace una década vienen tomando fuerza a partir de otros conflictos ambientales puntuales y localizados, como fue el caso de la asamblea de Gualeguaychú, contra la instalación de la pastera Botnia, y de las asambleas cordilleranas que luchan por sacar a las multinacionales mineras de las provincias norteñas.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel reclamó durante el juicio cordobés que los delitos de contaminación con agroquímicos sean considerados delitos de lesa humanidad. “Las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente poseen la suficiente entidad para ser consideradas como delitos de lesa humanidad”, dijo. Pese a la rápida respuesta de los abogados defensores de los empresarios acusados, considerándolas “ridículas” y de “una falta de conocimiento del derecho”, las declaraciones del Nobel apuntaban a las consecuencias de largo plazo y al uso extensivo de los productos químicos. “Es imprescindible abandonar el actual modelo de producción, que sólo persigue la maximización de las ganancias por parte de las empresas multinacionales, empresarios sojeros y pools de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y del ambiente en general. Es un modelo que apunta a la desaparición de los bosques nativos, y al despojo de campesinos y pueblos originarios”, había añadido Pérez Esquivel.
Desde el gobierno nacional se insiste en la instalación de Monsanto en la provincia pese a que las organizaciones exigen generar un marco legal para la producción y uso de agroquímicos. En Córdoba la bancada del Frente Cívico, versión local del Frente Amplio Progresista, cuyo referente es el socialista santafesino Hermes Binner, presentó un proyecto para regular el uso de agroquímicos en el ámbito provincial.
En Argentina no existe una ley sobre agroquímicos. La norma nacional que los categoriza por su toxicidad es parte del texto de un manual incluido como anexo de una resolución de 1999 aprobada por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a cargo en ese momento de Felipe Solá, hoy diputado nacional del peronismo disidente. Es decir que se trata de una norma de cuarta categoría de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional: Constitución, ley, reglamento y, finalmente, resolución.
RESPUESTAS SOCIALES. En los últimos diez años surgió en Córdoba la organización Médicos de Pueblos Fumigados (mpf). Uno de sus referentes es Medardo Ávila Vásquez. “Nuestra organización apareció como respuesta al reclamo de contención de los equipos de salud diseminados en la provincia y que carecen de apoyo para tratar enfermedades ligadas a los agroquímicos y la fumigación en general”, dijo a Brecha Ávila. En Argentina, 12 millones de personas viven en áreas que se fumigan con 300 millones de litros de agroquímicos anualmente, según datos de mpf.
De acuerdo al médico, las combinaciones de agroquímicos con que se fumigan los campos en el país crecen en intensidad y potencian sus daños sobre la salud humana. “Y es muy difícil el reclamo en los pueblos, porque sobreviene el enfrentamiento con el intendente local y con los propietarios de los campos, que en general son también los vecinos más poderosos”, señaló el año pasado en una conferencia en la Universidad de Rosario.
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