Brecha Digital

Genuflexão

Los familiares de João “Jango” Goulart, el presidente brasileño derrocado en 1964 por un golpe de Estado promovido por la cia, pretenden sentar a Estados Unidos en el banquillo de los acusados. La justicia de su propio país está haciendo todo lo posible para impedírselo.

 

La historia comenzó en 2002, luego de una entrevista concedida por el embajador de Estados Unidos en Brasil Lincoln Gordon al lanzar en San Pablo y Rio su libro Brasil segunda chance. A caminho do Primeiro Mundo. En esa entrevista Gordon admitió la participación de su país en el golpe de Estado de 1964 contra João Goulart. Dijo por ejemplo que desde dos años atrás la cia había destinado 50 millones de dólares a diversas acciones de desestabilización del gobierno democrático. Apenas conocidas esas declaraciones, la familia de “Jango” (sus hijos João Vicente y Denise y su viuda Maria Tereza) denunciaron a Estados Unidos ante la justicia brasileña como corresponsable del golpe que derrocó a su padre.
Inicialmente, según explicó João Vicente Goulart, la familia aspiraba a una acción afirmativa, política y de defensa de la soberanía nacional y una indemnización genérica. Pero la justicia exigió que fuera establecida una solicitud de indemnización concreta en la que se cuantificaran los daños patrimoniales generados a la familia Goulart por el acto del golpe y su posterior exilio en Uruguay. Para ello, la defensa tomó la declaración de impuestos del ex presidente en 1963, le agregó los años transcurridos y le sumó un reclamo por daño moral. Resultado: una indemnización por 2.000 millones de dólares.
El 10º Tribunal Federal de San Pablo terminó negando la solicitud al estimar que el Estado extranjero goza de inmunidad jurídica en Brasil. La pelota está actualmente en el campo de la Suprema Corte de Justicia.
La acción de la cia contra Goulart fue decidida bajo la administración de John F Kennedy. En una reunión realizada el 30 de julio de 1962 entre el mítico presidente y el embajador Lincoln Gordon, el asesor presidencial Richard Goodwin evocó la posibilidad de impulsar un golpe de Estado en Brasil “en un futuro próximo”, según consta en documentos desclasificados en 2004 por el Departamento de Estado. Kennedy temía la consolidación en Brasil de un gobierno nacionalista que afectara los intereses de las empresas estadounidenses. Consciente de lo pequeño que era el Partido Comunista en Brasil –lo que le quitaba un argumento para justificar una intervención abierta–, el presidente se inclinó por el desarrollo de acciones encubiertas a cargo de la agencia de inteligencia, una práctica que tiempo atrás, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, el Consejo de Seguridad Nacional ya había autorizado. En su resolución recomendando la realización de covers actions en el extranjero, el organismo precisaba que “las operaciones debían ser secretas para permitir que el gobierno (estadounidense) pudiera negar, de manera plausible, su participación en las mismas”. Lyndon Johnson se limitó a ejecutar una política adoptada por Kennedy pero que éste no pudo llevar a cabo al haber sido asesinado en noviembre de 1963.

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