Brecha Digital

Mi santo, qué horror

Por primera vez un organismo genéticamente modificado, el maíz nk 609 de la trasnacional Monsanto –que se apresta a entrar en Uruguay– y un herbicida, el Roundup, el de mayor utilización en el mundo, también de Monsanto, fueron evaluados en laboratorio por sus potenciales efectos sobre la salud humana. El equipo de biólogos franceses que llevó a cabo la experiencia tuvo que realizarla prácticamente en secreto, para evitar presiones y maniobras de las empresas productoras de transgénicos. Y la hicieron con apoyos financieros que se procuraron ellos mismos, ante el ninguneo de las instituciones públicas que debían apoyarla o promoverla. Aun quienes critican las conclusiones del estudio reconocen que se trata del más completo jamás realizado en la materia.

Lo que revela la investigación es al menos alarmante: los cobayos alimentados con el maíz genéticamente modificado llegaron a presentar tumores del tamaño de una pelota de ping-pong. El estudio ha vuelto a instalar el tema de los transgénicos en el tapete, así como las relaciones entre ciencia y empresas, y el papel de los poderes públicos en el contralor de un fenómeno de primera magnitud.

 

Durante varios años Gilles Eric Seralini, profesor de biología molecular y director de un laboratorio público en la Universidad de Caen, insistió ante el Estado francés para que fueran realizados estudios independientes de largo aliento sobre los posibles impactos sobre la salud humana de los organismos genéticamente modificados (ogm). “Es un tema absolutamente prioritario de salud pública, de importancia creciente a futuro, sobre el cual muy poco se sabe y sobre lo que, es peor, hay muchos que no quieren saber”, decía el científico. Seralini sospechaba que la inocuidad de los ogm, profusamente difundida y propagandeada por las empresas de biotecnología que los producen, con la estadounidense Monsanto a la cabeza, no era tal. Más aun: sospechaba de la calidad de los estudios científicos realizados anteriormente, que en su gran mayoría no habían encontrado motivos mayores de alarma. Esas investigaciones, señalaba Seralini, no habían manejado todos los parámetros necesarios para ser concluyentes, se habían llevado a cabo en períodos cortos (una duración máxima de tres meses) y gran parte de ellas habían sido financiadas por las propias empresas productoras. El biólogo avanzaba otro elemento de sospecha: la integración de algunos de los organismos públicos de contralor –incluida la Agencia Europea de Seguridad de los Alimentos, efsa– encargados de verificar la pertinencia científica de esos estudios. No pocos de sus miembros habían sido acusados –por organizaciones sociales, por grupos de productores, también por científicos– de tener lazos con grandes empresas del sector, es decir de “conflicto de intereses”, y de hecho algunos de esos organismos habían entrado en crisis. Seralini pretendía que fueran los poderes públicos –y no las empresas involucradas– los que financiaran y realizaran los estudios adecuados, que éstos se extendieran durante el tiempo necesario para poder llegar a conclusiones medianamente definitivas (dos años, la esperanza de vida promedio de las ratas de laboratorio utilizadas en estas experiencias, y el tiempo que insumen los estudios habituales para verificar la toxicidad de un producto, sea un pesticida o un medicamento) y que “todos los parámetros exigibles en este tipo de investigación fueran tomados en cuenta”.
Por un motivo o por otro, en ciertos casos atribuidos por el biólogo a la habitual lentitud y “pesadez” del Estado para tomar decisiones, Seralini nunca obtuvo respuesta a su pedido. Un día se decidió a tomar el toro por los cuernos y a intentar procurarse los medios para llevar a cabo por su cuenta, y la de su equipo de la Universidad de Caen, la investigación.
Los fondos que necesitaba no eran escasos: más de 3 millones de euros. Le costó años a Seralini conseguirlos. Uno de los apoyos que logró –inesperado en principio– provino de dos megacadenas de distribución francesas: Auchan y Carrefour. Reunidas en una asociación ad hoc, ambas aportaron el primer medio millón de euros para el estudio. Según explica el semanario Le Nouvel Observateur, que reveló al gran público la investigación de Seralini el viernes pasado, ambas cadenas de supermercados “pretendían premunirse de un nuevo escándalo alimentario” y evitar ser víctimas, con los ogm, de “golpes” como el causado por la epidemia de vaca loca en los años noventa. De todas maneras, el científico no quería “quedar prisionero de ningún interés empresarial, así fueran, en esta ocasión, empresarios ‘buenos’” y buscó respaldos independientes. Obtuvo el de una fundación suiza. Los fondos conseguidos, 3,3 millones de euros en total, fueron colocados bajo administración del Comité de Investigación y de Información Independientes sobre Ingeniería Genética (Criigen), una asociación sin fines de lucro que reúne a científicos e investigadores de todo el mundo con experiencia en misiones gubernamentales en estos temas y “absolutamente independiente de las compañías biotecnológicas”, cuyo consejo científico preside el propio Seralini.

CLANDESTINIDAD. La investigación comenzó a gestarse en 2006, como si se tratara de una operación secreta: durante cinco años los científicos codificaron sus comunicaciones electrónicas, jamás se comunicaron por teléfono por miedo a que sus líneas estuvieran intervenidas, y hasta difundieron un estudio falso a fin de despistar a eventuales espías. Todo porque temían que las multinacionales de las semillas, muy especialmente Monsanto, pudieran estar al tanto de sus avances. (Tras conocerse los resultados de la investigación, una ex ministra francesa, Chantal Jouanno, secretaria de Ecología bajo el gobierno de Nicholas Sarkozy, liberal ella y “partidaria del progreso científico”, según aclaró, aseguró comprender las “precauciones” tomadas por el equipo de Seralini: “Recuerdo todavía la presencia sorprendentemente amenazante del vicepresidente de Monsanto en mi despacho del Palacio del Elíseo en 2007”, luego de que Francia hubiera manifestado reticencias ante los ogm, dijo a Le Nouvel Observateur.)
La “operación” recibió un nombre de código (In Vivo) e incluyó “golpes” para procurarse sotto voce las semillas del NK 603 en Canadá, esperar que dieran sus frutos, trasladar la cosecha a Francia, fabricar –en el mayor de los secretos– croquetas de maíz transgénico, y suministrarlas a 200 ratas de laboratorio seleccionadas. A un grupo se lo alimentó únicamente con el maíz transgénico, en distintas dosis. A otro se le dio el maíz tratado con Roundup, el herbicida de uso más generalizado en el mundo, también fabricado por Monsanto. Y se armó un tercer grupo de animales testigo, alimentados con maíz convencional. Y a esperar.
“Menos de un año después, la hecatombe a la que asistí entre las ratas tratadas con ogm fue mucho peor de lo que preveía”, señala Seralini. Y cuenta:
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