Estados Unidos se planta

Mientras crece el apoyo de los estadounidenses a la despenalización del uso de la marihuana, las regulaciones que han establecido algunos estados chocan con el aparato federal. Desde 1996, 17 estados han descriminalizado el uso del cannabis y han regulado su mercado de variadas maneras y por diversos motivos, para alejar del mercado ilegal a los consumidores, para recaudar dinero y para aliviar.

Por primera vez la mitad de los estadounidenses, según una encuesta de Gallup, se mostró partidaria de legalizar la marihuana. Nunca antes quienes pretenden seguir criminalizando a los usuarios de las flores del cannabis habían quedado en minoría, llegando al 46 por ciento de los encuestados. Actualmente un tercio de los estadounidenses (unas 90 millones de personas) viven en un estado donde el uso médico de la marihuana es legal.
Tal vez el mayor debate sobre la legalización de las drogas en el mundo se esté dando en estos momentos en Estados Unidos. Desde 1996, cuando el estado de California descriminalizó el uso de la marihuana con fines terapéuticos, otros 16 aplicaron iniciativas legislativas de similares características y regularon de una manera u otra el mercado de cannabis. actualizando o creando la institucionalidad necesaria. Fueron casi todas iniciativas populares impulsadas por ciudadanos que juntaron firmas y plantearon plebiscitos estatales con el objetivo de despenalizar el uso de cannabis como forma de aliviar los dolores y las molestias que causan una serie de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, anorexia, glaucoma, artritis, hepatitis C, Alzheimer, dolores crónicos, vih o las migrañas, y en el caso californiano cualquier enfermedad a la que la marihuana alivie. El sistema funciona así: el médico recomienda el uso de marihuana –no la receta– y el usuario planta o se abastece en dispensarios y/o centros de salud, dependiendo del estado.
Una encuesta reciente afirma que 74 por ciento de los estadounidenses piensa que el uso médico de la marihuana no debería perseguirse por las restrictivas leyes federales que todavía penalizan el uso, el cultivo y la distribución a lo largo y ancho del país.
Las propiedades terapéuticas o generadoras de bienestar que tiene la marihuana no son el único asunto que preocupa a una creciente porción de la población estadounidense. Los costos de la prohibición son altísimos. Se estima que si se legalizara el cannabis los gobiernos federales y estatales ahorrarían 7.700 millones de dólares al año solamente por dejar de perseguir a los usuarios o suministradores.

DESIGUAL. Entre los jóvenes y en los estados de la costa la idea de legalizar la marihuana crece mucho más que en otras franjas etarias y el centro del país. Pero además ahora se observa que el apoyo a estas propuestas proviene de colectivos que antes ni siquiera opinaban sobre el asunto, como los veteranos de guerra, los sindicatos y sobre todo las organizaciones de afrodescendientes.
Durante 2010 hubo 853.838 arrestos en Estados Unidos por infracciones a las leyes de drogas. Un 52 por ciento tuvo que ver con la marihuana, 46 por ciento de ellos por posesión; solamente el 6 por ciento de los arrestos fue por plantar o vender marihuana. Se estima que dos tercios de los detenidos son latinos y afroestadounidenses.
“En Nueva York el año pasado hubo 51 mil arrestos por marihuana; el detenido se queda toda la noche en la comisaría y luego es liberado. El 85 por ciento eran latinos o afrodescendientes. Uno de los problemas de los arrestos es claramente la discriminación racial. La tasa de uso es más o menos la misma en todos los grupos raciales, pero los afroestadounidenses son los más arrestados”, explicó a Brecha Tamar Todd, abogada de la Drug Policy Alliance (dpa).
El porqué de esta discriminación no está claro. “Tenemos esos grandes complejos de prisiones privatizadas, y para los dueños estos presos son una gran fuente de recursos, para ellos y toda la industria de la seguridad. Los arrestos por marihuana y drogas proveen de muchos clientes, muchos prisioneros, hay mucho dinero, mucho lobby y mucha influencia”, dijo a su vez a Brecha Hannah Hetzer, responsable del programa de América Latina de la dpa.
“El otro problema es que si pasás aunque sea una noche en prisión te quedás con un antecedente en tu legajo. Y en Estados Unidos eso te acompaña toda tu vida. Cuando vas a buscar un trabajo preguntan si alguna vez estuviste detenido por uso de drogas, cuando sos estudiante y pedís un préstamo, para asegurar tu hogar, incluso en algunos estados no podés adoptar niños”, se lamenta Todd, que al igual que Hetzer visitó Montevideo invitada por la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay.
El presidente Barack Obama aseguró en las elecciones pasadas que no iba a interferir en las reglamentaciones estatales, pero ya en la Casa Blanca no ha pronunciado palabra sobre los allanamientos y las detenciones ejecutadas por procuradores (fiscales) federales y la temida unidad policial para el cumplimiento de las leyes nacionales, el Law Enforcement Administration, la policía federal.
El Congreso dispone de una comisión integrada por representantes de los dos partidos (Demócrata y Republicano) que trabaja el tema de la legalización de la marihuana. “Muchos de nuestros políticos están de acuerdo con la legalización, la gente obviamente lo quiere. Pero también están los otros intereses y actitudes que aseguran que la prohibición es el único camino y hacen carrera con ello. Si la policía federal encuentra marihuana en una casa puede arrestar a la persona, pero también puede tomar su casa y luego recibir ese dinero”; señaló Todd.
Las amenazas son reales y los estados no se involucran en el mercado de la distribución y plantación, pero encontraron la forma de permitir el cultivo en el hogar con límites que varían de estado en estado. También otorgan licencias para la producción y distribución, y en algunos existen dispensarios, en todos hay agencias reguladores, límites para la posesión, en la mayoría hay registro, todos pagan impuestos y por sobre todas las cosas le dan protección al usuario y al distribuidor. Esto evita el mercado clandestino. “Especialmente en Estados Unidos, donde está muy regulado el mercado, hay muchas ventajas para el consumidor que desestimulan comprar en el mercado ilegal. Estados sin leyes de marihuana de uso médico se quejaron de que la entran los usuarios desde otros estados. Pero es difícil asegurar que la marihuana entre de ahí o de otro lado”, manifestó Todd. Hetzer recordó que gracias a “los coffee shops holandeses el tráfico se redujo en los Países Bajos. Pero recientemente denegaron el acceso a quienes no fueran ciudadanos holandeses y el tráfico aumentó (véase nota de Daniel Gatti en Brecha, 10-X-12).

MODELOS ARMADOS. Los esfuerzos por regular el mercado dieron su fruto: en los 15 estados donde la posibilidad de ser condenado por posesión de marihuana para uso personal fue eliminada existen tres modelos claros que se han sobrepuesto a las amenazas federales.
El sistema más añejo es el de California, que está completamente descentralizado, en parte por el apoyo de las distintas comunidades que se organizaron para abastecer al usuario en organizaciones sin fines de lucro y en parte porque el estado no puede hacer mucho y deja al mercado y al usuario en libertad de acción. Se estima que el estado de Arnold Schwarzenegger recauda no menos de 700 millones de dólares anuales solamente por impuestos al porro.
Los usuarios deben conseguir una recomendación médica para evitar líos con las autoridades y pueden tener hasta ocho onzas de marihuana (230 gramos aproximadamente), seis plantas hembra cosechadas y hasta 12 en cultivo. Pero los pacientes pueden justificar ante el juez mayores cantidades si probaran que su enfermedad lo requiere.
Desde 2000, y a partir de una iniciativa popular que tuvo un 54 por ciento de aprobación, Colorado aprobó su ley para la marihuana medicinal. La oficina que gestiona el registro tiene 35 días para expedirse sobre cualquier solicitud, y si no lo hace el simple inicio del trámite le servirá al usuario para acceder a las flores pistiladas. Los usuarios pueden tener hasta dos onzas de cogollos (57 gramos aproximadamente) y también cultivar hasta seis plantas, tres de las cuales pueden estar prontas para la cosecha. Como en California, se establecen horarios para que los dispensarios ofrezcan sus productos y éstos deben estar prudentemente alejados de los centros educativos. Los menores de edad necesitan la aprobación de sus padres para consumir y la recomendación de dos médicos. Hay 593 centros médicos de marihuana en todo el estado y una industria fenomenal del cannabis que desarrolla desde insumos industriales hasta cosméticos y alimentos (la semilla del cannabis es el único elemento vegetal que posee los tres aceites omega).
“Antes dejaban que cada paciente plantara hasta seis plantas. También había cuidadores que cosechaban para los pacientes, pero no había límite en la cantidad de plantas que podían tener. En 2010 regularon un verdadero mercado. No pusieron la oficina de contralor en el ámbito de la salud sino en la agencia que regula el alcohol y el tabaco (Department of Revenue). Fue una buena cosa, porque el Departamento de Salud Pública no tiene idea de cómo regular, y además quiere reducir el uso. El Departamento de Ingresos creó experticia y un sistema sano y regulado. Es un ejemplo de un gran mercado con muchos pacientes, productores y distribuidores que trabajan y funcionan bajo una ley de regulación comprensiva”, explicó Todd.
Los usuarios de Colorado aportan 5 millones de dólares anuales en impuestos, 11,2 millones en honorarios profesionales y 8,9 por la fabricación de productos comerciales.
El tercer modelo es el de Nuevo México, donde la comercialización está fuertemente centralizada en el Departamento de Salud estatal. Solamente un pequeño número de cultivadores accede a las licencias para plantar y pueden cultivar hasta 150 ejemplares al mismo tiempo. Estos productores son también los distribuidores y se manejan con el criterio de no obtener más ganancia que la necesaria para desarrollar el cultivo más un margen de lucro personal. En los hogares es posible tener hasta cuatro plantas para cosechar y un total de 12 que estén creciendo.
En los estados donde existe un mercado regulado, el miedo de la población a la marihuana parece desaparecer. Incluso su consumo en esos estados es menor al que se da en aquellos en los que prohíben el acceso. “Si se muestra que en algunos contextos legales se regula, y se expone al público cómo es utilizado el cannabis de manera positiva, por ejemplo en el tratamiento contra el cáncer, las opiniones cambian. En estados como Colorado, que tienen la mayor cantidad de pacientes que la usan y las mayores industrias, el apoyo es incluso mayor. Sólo haciendo que la gente se familiarice con el tema se genera un cambio. La situación económica en Estados Unidos también explica en parte el cambio. Muchos estados no tienen la plata que necesitan y vieron que la marihuana medicinal genera ingresos.
Sin embargo “los estados no pueden involucrarse tanto como les gustaría en la regulación y distribución. Todos los sistemas de regulación buscan no interferir con lo federal. Muchos de los sistemas de regulación exitosos han desarrollado experticia como gobierno de cómo hacerlo bien, pero ninguno ha optimizado el sistema, a causa de las restricciones federales”, se lamentó Todd.

Las vacaciones de noviembre

Oregon, Colorado y Washington resolverán en noviembre si permiten el uso recreativo de la marihuana. Según encuestas de la semana pasada, en los últimos dos estados la aprobación ciudadana supera el 50 por ciento,“Los tres proyectos que se discuten hoy en día para permitir el uso recreativo de marihuana fueron iniciativas populares, la población juntó firmas para aprobar estas leyes. Es la misma manera en que muchas de las leyes sobre marihuana fueron creadas. La primera en California fue así. Pero las contradicciones en nuestras políticas comienzan con el hecho de que el gobierno federal está lejos de lo que siente la gente”, advirtió a Brecha la abogada Tamar Todd.

Los números de la guerra contra las drogas

Anualmente Estados Unidos destina 51.000 millones de dólares a la llamada “guerra contra las drogas” en casi todo el planeta.
Pero la guerra también es civil. Los trabajadores y estudiantes son sometidos a tests habituales para saber si consumen drogas o no. En los últimos 25 años los arrestos por drogas se triplicaron y en 2010 más de 1,6 millones de personas fueron detenidas por alguna infracción a la ley de drogas, más de la mitad de ellos por casos vinculados a la marihuana.
Como consecuencia, 200 mil estudiantes perdieron la posibilidad de ser electos en varias universidades y de recibir ayuda económica federal.
Uno de cada 100 ciudadanos estadounidenses estuvo preso. Aunque los negros son el 13 por ciento de la población, representan casi el 40 por ciento de quienes son encarcelados por drogas y el 59 por ciento de quienes finalmente son condenados por esos delitos.

América Latina en movimiento

Hannah Hetzer es la responsable de la dpa para América Latina, y recuerda que su organización hasta hace poco centraba sus esfuerzos en Estados Unidos. Pero comenzó a mirar hacia el sur.
“América Latina está liderando algunos cambios en la política global de drogas que comenzó en Europa con el asunto de la reducción de riesgos y daños. En Guatemala, Otto Pérez Molina fue el primer presidente que dijo que se necesitaba un cambio en las políticas de drogas. En junio de 2011, en la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, tres ex presidentes latinoamericanos dijeron que la guerra contra las drogas no había dado resultados y que había que buscar alternativas”, explicó Hetzer a Brecha (véase entrevista de Guillermo Garat y Daniel Gatti a César Gaviria, en Brecha, 31-X-12).
La especialista remarcó que en la última Cumbre de las Américas, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, dijo que se necesitaban alternativas, y también lo expresaron los mandatarios de Costa Rica y Ecuador. El cónclave presidencial mandató a la oea para estudiar las políticas de drogas en la región y proponer alternativas. “Pero más allá de la retórica hubo algunas propuestas, como la de Uruguay, que es tan importante”, opinó Hetzer.
La dpa viene siguiendo los procesos latinoamericanos al detalle. En 2009 participó de los debates que llevaron a las reformas para la descriminalización de la tenencia de drogas en Argentina. También en las transformaciones que hace dos años Brasil introdujo en su legislación. En Ecuador cooperó para que las penas que se aplican a los delitos vinculados a las drogas sean proporcionales a la falta cometida, ya que en la mayoría de los países del continente los castigos suelen ser iguales tanto para un gran narcotraficante como para un pequeño dealer, e incluso para los usuarios. Belice es el primer país caribeño que comenzó a estudiar la legalización de la marihuana y también allí está cooperando la dpa, acercando modelos de regulación, información validada, o simplemente manteniendo vivo el debate.
Uno de los trabajos más ambiciosos en los que está embarcada es crear centros de consumo en las áreas más vulnerables de Bogotá, en Colombia, donde no hay prácticamente cuidado de salud. El proyecto prevé construir lugares seguros para el usuario, donde se trabaje por la reducción de riesgos y daños, donde no exista estigmatización y haya otros servicios de salud. Las “casas son para que los usuarios problemáticos de drogas tengan acceso a éstas o las traigan ellos mismos. Todavía hay mucha retórica y no se sabe si el gobierno va a proveer las drogas o no”, dijo Hetzer. La discusión está en marcha en Bogotá, y esta propuesta es respaldada por el alcalde y el secretario de salud de la localidad.