Una ventana
Tras dificultades de último momento, al parecer originadas en que los negociadores de las farc no habían logrado las garantías de seguridad suficientes para sus delegados, comenzó esta semana en Oslo, Noruega, el cuarto ciclo de negociaciones de paz con participación de esa organización guerrillera en los últimos treinta años.
De concretarse un acuerdo –el plazo máximo que se fijó el gobierno de Juan Manuel Santos fue un año, a diferencia de diálogos anteriores en que no había límite de tiempo establecido–, sería el comienzo del proceso de desarme de la última gran guerrilla latinoamericana.
Las farc no son hoy, de todas maneras, lo que fueron: han sido reducidas a unos 9 mil integrantes, contra los 20 mil que tuvieron en los primeros años ochenta, cuando contaban con 108 frentes repartidos en varias zonas del país. Actualmente “opera en los márgenes de la geografía colombiana” y su influencia social y política también es relativamente marginal, según el analista Javier Cutiza, director del instituto Crisis Group. Otro signo de debilidad de la organización guerrillera remarcado por algunos analistas es la edad de sus cuadros dirigentes, que superan los cincuenta años. De todas maneras, el grupo conserva suficiente peso y poderío militar como para forzar una negociación política como la actual.
Entre los cinco temas centrales que estarán en la mesa de negociaciones de este proceso, que tras su inicio en Oslo se trasladará a La Habana, están las políticas de desarrollo rural –siendo Colombia uno de los países latinoamericanos con mayor proporción de latifundios–, los 3,7 millones de desplazados generados por el conflicto, en buena parte campesinos y gente que debió dejar sus tierras, y la reinserción de los productores de coca. Los otros dos tienen que ver con la participación política de los guerrilleros que se desmovilicen y las garantías que pueden recibir de parte del Estado y la indemnización de los familiares de las víctimas del conflicto.
En lo que respecta a estas últimas, un informe estatal divulgado en setiembre pasado estimó que desde 1964, año de surgimiento de las farc, los colombianos muertos por el conflicto sumaron más de 600 mil, unos 2 mil de ellos como consecuencia del estallido de minas antipersonales, a los que hay que sumar unos 15 mil desaparecidos.
Las farc reclaman al gobierno que tras la eventual firma de un acuerdo de paz comience un proceso de desarticulación de los servicios represivos del Estado, que se han inflado continuamente en estos años. Las fuerzas armadas colombianas suman hoy 431.900 efectivos, más de la mitad de ellos pertenecientes al Ejército, mientras el presupuesto de defensa está en constante crecimiento: para 2013 se calcula en 14.500 millones de dólares, contra 12.700 millones en 2012, cuando representó el 3,5 por ciento del pbi nacional. Colombia es, de lejos, el país latinoamericano que recibe más asistencia militar de Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia, que ha contribuido a la militarización creciente del país. Estimaciones del propio gobierno establecen que si el conflicto con las farc finalizara, el pbi colombiano podría aumentar entre 1 y 2 por ciento.
Antes de este proceso de negociaciones hubo otros tres con las farc que fracasaron. El primero tuvo lugar entre 1984 y 1987, cuando el país estaba gobernado por el conservador Belisario Betancur, y se frustró por la ola de asesinatos de guerrilleros desmovilizados que se sumaron a la Unión Patriótica (up), un movimiento que formaron en alianza con el Partido Comunista. En cinco años, 3 mil dirigentes y militantes de la up fueron asesinados por paramilitares ante la pasividad o la complicidad del Ejército. La última negociación fallida se extendió entre 1999 y 2001, bajo la gestión de otro conservador, Andrés Pastrana, y tuvo lugar en la zona del Caguán, un territorio de más de 40 mil quilómetros cuadrados que fue desmilitarizado con ese objetivo. Pastrana abandonó las negociaciones tras el secuestro de un legislador por las farc.
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