Guatepeor
En Guatemala, desde el año 2000, el ejército está encargado de tareas de seguridad interna. Pues bien, la semana pasada soldados que vigilaban una marcha pacífica de indígenas terminaron masacrando a ocho manifestantes e hiriendo a decenas de otros. El presidente Otto Pérez Molina, general retirado él mismo, que en los años ochenta estuvo al mando de servicios de contrainsurgencia, dijo primero que los militares no habían disparado ni una sola vez sus armas, después afirmó que habían “tirado al aire” y finalmente tuvo que admitir que “probablemente” hubieran sido responsables de la matanza. Pérez Molina no podía ya negar lo que a esa altura era una evidencia: fotos y filmaciones mostraron a los soldados disparando, y en el lugar de la matanza se encontraron más de cien casquillos de balas de las utilizadas por las fuerzas armadas.
La masacre se produjo en la ciudad de Totonicapán el 4 de octubre. El domingo pasado miles de campesinos de todo el país marcharon en la capital para exigir justicia. “Hay un militar que dio la orden y ese fue Otto Pérez Molina”, decían algunas de las pancartas. El jueves 11 fueron detenidos un coronel y ocho soldados, entre ellos dos mujeres, acusados de “ejecución extrajudicial”. Es el primer caso de militares procesados por un homicidio colectivo de este tipo ocurrido tras el fin de la guerra, hace 15 años.
El jefe de la Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dall’Anesse, criticó duramente la utilización del ejército en tareas de seguridad pública. “La policía usa la fuerza como último recurso, pero los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden”, dijo. Algo similar dijo el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos en Guatemala, Alberto Brunori.
Da la casualidad que el uso de las fuerzas armadas en la seguridad interna fue uno de los planteos que hizo el Pentágono el fin de semana pasado en la conferencia de ministros americanos de Defensa en Punta del Este. Estados Unidos defendía esa opción para hacer frente a “nuevas amenazas” como el narcotráfico o la violencia de pandillas juveniles (al respecto, Estados Unidos acaba de poner en la lista de “organizaciones terroristas” a la Mara Salvatrucha, surgida en El Salvador). Una especificación, dijo por estos días en Guatemala Dall’Anesse, que en los hechos no se cumple: muchos son actualmente los casos en que se recurre a militares para reprimir protestas sociales a las que se acusa de estar promovidas, por ejemplo, por narcos, señaló. Los de Paraguay, El Salvador, la propia Guatemala y hasta Chile (véase la columna de Horacio Brum) podrían ser citados en apoyo del funcionario de las Naciones Unidas. Máxime cuando en Punta del Este Leon Panetta, el jefe del Pentágono, reconoció “las dificultades para reconocer las fronteras entre seguridad interna y defensa cuando se trata de responder a las amenazas de nuevo tipo”. Uno de los pocos países que apoyaron al ministro de Defensa estadounidense en este punto fue precisamente Guatemala. Días antes había sido la masacre de los indígenas.