Democracia radical

¿Una nueva Constitución para un Islandia?

El 20 de octubre los islandeses aprobaron en referéndum la Constitución que estuvieron elaborando durante dos años. La que estaba vigente hasta ahora había sido redactada a las apuradas en 1944, poco después de la independencia y con el fin de remplazar a la monarquía por un sistema republicano. A fines de 2008, cuando el país estaba sumido en una terrible crisis financiera y política y sacudido por los primeros movimientos de “indignados” que se conozcan, anteriores a los franceses y los españoles, organizaciones sociales reclamaron la “refundación completa” de Islandia, lo cual pasaba, entre otros puntos, por la adopción de una nueva Constitución.
El proyecto sobre el cual los electores se pronunciaron  hace dos semanas fue concebido al margen de todas las estructuras políticas convencionales, bajo la supervisión de un consejo de 25 representantes de la “sociedad civil” designados en elecciones abiertas. La asamblea constituyente comenzó sus trabajos lanzando una vasta consulta interactiva en Internet y en las redes sociales. Un procedimiento inédito en los anales de la construcción democrática y que pudo tener lugar en razón del desprestigio de la dirigencia política, confirmado por un reciente sondeo según el cual nueve de cada diez islandeses descreen de su parlamento.
En la derecha, el Partido de la Independencia, que domina el escenario político, y el Partido del Progreso, se opusieron muy fuertemente a este proceso. No es raro, visto que ambas formaciones se alternaron en el poder entre 1926 y 2009, gobernando algunas veces en coalición.
DEL NEOLIBERALISMO A… Al contrario que en el modelo socialdemócrata dominante en el resto de los países nórdicos, el minúsculo Estado islandés (320 mil habitantes) abolió hace mucho tiempo las fronteras entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, lo cual instituyó un sistema generalizado de prebendas.
Entre 1998 y 2003, dos bancos estatales fueron vendidos a familiares de integrantes del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el sistema financiero fue desregulado y se incitó a la creación de instituciones privadas mientras simultáneamente el gobierno neutralizaba a la autoridad reguladora encargada de controlarlas. Los diputados que votaron las privatizaciones fueron recompensados en dinero contante y sonante, al tiempo que quedó al descubierto que diez de los 63 parlamentarios se habían beneficiado con préstamos por hasta 9 millones de euros a muy bajo interés, y sus partidos (el de la Independencia y el del Progreso) recibían astronómicas sumas de dinero.
Durante dos décadas la coalición de derecha en el poder operó una transferencia sistemática de dinero desde los sectores populares hacia los más pudientes gracias a una política fiscal que prácticamente desgravó al capital, en un contexto inflacionario que afectó en mucho mayor medida a los más pobres. El coeficiente de Gini –que mide las desigualdades– de Islandia, que en 1995 era cercano al de los otros países nórdicos, en 2005 se ubicó en un nivel similar al de Estados Unidos. El objetivo de la coalición conservadora de entonces era presentar a Islandia como un país capitalista exitoso, “a la americana”. “Debemos dejar de compararnos con los otros países nórdicos, cuando en realidad somos muy superiores a ellos”, decía en 2006 el presidente de la Cámara de Comercio.
Pero en enero de 2009, tras manifestaciones populares de una fuerza sin precedentes, el gobierno debió renunciar y en las elecciones que siguieron la izquierda accedió por primera vez al poder.

DEMOCRACIA SUI GÉNERIS. Para responder a las expectativas de la población, que reclamaba una nueva Constitución, el gobierno de unión entre la alianza socialdemócrata y los verdes decidió proceder en tres etapas: organizó un gran debate nacional, designó un colegio de expertos y convocó a elecciones para constituir una asamblea constituyente compuesta por representantes de la sociedad civil encargados de redactar el proyecto.
Mil personas, elegidas al azar, trabajaron para darle forma al texto, que fue puesto en línea para que accedieran a él la mayor cantidad posible de ciudadanos, tomando en cuenta que Islandia es uno de los países con mayor tasa de conexión a Internet. En paralelo, el parlamento designó a un colegio de siete expertos, que al concluir sus consultas presentó un informe de 700 páginas. El consejo trabajó durante cuatro meses, entre abril y julio de 2010, en sesiones a la vez abiertas y trasmitidas en directo a las redes sociales. La gente podía también opinar e intervenir sobre los artículos proyectados a través de Facebook y Twitter.
La ley votada en octubre apunta hacia la conformación de un sistema parlamentarista del tipo del canadiense, el alemán, el italiano, el indio o aun el japonés. En su preámbulo la Constitución establece: “Nosotros, pueblo de Islandia, deseamos crear una sociedad justa que ofrezca las mismas oportunidades a todos. Nuestros diferentes orígenes son una riqueza común, y juntos somos responsables de la herencia de las generaciones: la tierra, la historia, la naturaleza, la lengua y la cultura. Islandia es un Estado libre y soberano cuyos pilares son la libertad, la igualdad, la democracia y los derechos humanos”.
La reflexión de los expertos se articuló en torno a ejes como la separación y el equilibrio de poderes, el refuerzo de los mecanismos de control del Estado, y la participación ciudadana. Estas preocupaciones inspiraron diferentes artículos sobre la libertad de informar, la independencia de las principales agencias gubernamentales y el papel del presidente.
El consejo introdujo también una dimensión ambiental, a través de la noción de protección de los recursos nacionales, aplicada sobre todo a la pesca, la energía geotérmica y la industria minera. El nuevo texto llama a utilizar los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos y no del Estado, y estipula que aquellos que saquen partido de bienes comunes deberán devolver algo a la colectividad.
El texto aprobado deberá aún ser ratificado por el parlamento, lo que parece probable. Pero quedarán numerosos obstáculos. Si, como los sondeos lo indican, el Partido de la Independencia vuelve al poder en la primavera boreal de 2013, encontrará medios para entorpecer su aplicación apelando por ejemplo a la Corte Suprema, cuya composición data de los tiempos en que campeaba el clientelismo y el nepotismo.
El presidente Ólafur Ragnar Grimsson, que en julio pasado fue reelecto por quinta vez consecutiva con 52 por ciento de los ciudadanos, podría también preferir conservar un texto poco claro que le da amplios poderes. En tres oportunidades el presidente se negó a promulgar leyes votadas por el parlamento, y ha hecho campaña en contra de una Constitución que reduce sus prerrogativas e instituye el referéndum de iniciativa popular con el apoyo de un 10 por ciento de la población. n

*     Silla Sigurgeirsdóttir es docente en la Universidad de Islandia, Robert Wade es profesor de economía política en la London School of Economics.