La larga marcha hacia atrás

Sudáfrica después de Marikana

La matanza de 34 mineros en Marikana, el 16 de agosto, seguida por un juicio a los sobrevivientes como culpables de los asesinatos –a partir de una vieja ley del apartheid de “responsabilidad colectiva”–, ha dejado al descubierto los pocos cambios sustantivos que el país ha procesado desde el fin del apartheid.

En los días inmediatos a la masacre las reacciones en el mundo entero fueron de enorme sorpresa y disgusto, y en la propia Sudáfrica se levantaron voces de indignación por la similitud de los métodos utilizados por la policía bajo un gobierno del Congreso Nacional Africano (cna) con los padecidos por sus propios integrantes durante varias décadas. La respuesta del gobierno a pocos días de ocurridos los hechos fue la creación de una comisión investigadora que tiene hasta fin de año para expedirse. Sus términos de referencia incluyen investigar el comportamiento de la mina de platino Lonmin así como el de la policía y los dos sindicatos enfrentados en el conflicto, además de varios departamentos del gobierno e individuos. La indignación fue seguida por un retorno a la realidad cotidiana en la que la violencia continúa como marca de identidad. Tanto, que las noticias sobre hechos violentos sólo llegan a la pantalla o a los titulares cuando desbordan lo que los medios, e incluso la población, han incorporado como niveles “normales”. Las estadísticas de criminalidad de la policía dan cuenta de que entre 2011 y 2012 fueron asesinadas 15.609 personas, más de 40 por día. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que 60 mil mujeres y niños son víctimas de violencia doméstica cada mes. Lo que Marikana marcó es la evidencia de la continuación del uso de la fuerza policial, llevada hasta sus extremos, para proteger grandes intereses económicos. A pocos días de la matanza, el 6 de setiembre, diversas organizaciones sociales emitieron una “Demanda por justicia y verdad” en la que analizaron las posibles causas de lo ocurrido y las responsabilidades tanto del Estado como de la compañía minera y la Cámara de las Minas en general, e hicieron un llamado en defensa de la democracia, condenando toda forma de violencia. Según plantean, la masacre se inscribe en un marco de creciente violencia y apartamiento de la legalidad por parte de la policía, caracterizado por un uso excesivo de la fuerza, falta de capacitación para responder a movilizaciones de descontento, y en consecuencia un aumento de las agresiones hacia los sectores más pobres. También mencionaron la creciente tensión en las relaciones laborales, que ha resultado en un aumento de los conflictos con incidentes violentos en un contexto de bajos salarios y pésimas y peligrosas condiciones de trabajo en las minas, en particular las de platino. IMPUNIDAD. La declaración es parte de una respuesta de varios sectores de la sociedad a lo que entienden ha sido la falta de castigo a los abusos corporativos en el sector minero, no muy distanciados de los practicados durante el apartheid. En oposición a esos métodos surgió en 1982 la Unión Nacional de Trabajadores Mineros (num). Su primer secretario general fue Cyril Ramphosa, uno de los principales líderes del cna, actual integrante del ejecutivo partidario y con aspiraciones electorales. Pero Ramaphosa, uno de los hombres más ricos de Sudáfrica, es también miembro de la Junta Directiva de la minera Lonmin y subcontratista a través de su propia empresa Shanduka. Su nombre está estos días en la palestra de la comisión investigadora a raíz de un correo electrónico que él habría enviado el 15 de agosto –día previo a la matanza– indicando que la actitud de los mineros no podía ser considerada de carácter sindical sino criminal. Esta circunstancia da cuenta de lo que Verne Harris, de la Fundación Nelson Mandela, llama la “seducción del capital” de varios de los líderes históricos del cna, que tuvo como consecuencia la continuación de las enormes desigualdades en Sudáfrica. .. PARA LEER EL CONTENIDO COMPLETO DE LA NOTA SUSCRIBITE A BRECHA DIGITAL, arriba a la derecha.