Brecha Digital

Una guerra difícil de desmontar

La negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las farc, que comenzaron esta semana en Cuba, son percibidas por la mayor parte de los colombianos como una buena oportunidad para sellar la paz. El escenario es, sin embargo, bastante más complejo. El 26 de agosto el gobierno de Juan Manuel Santos difundió el “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y basado en las conversaciones que ambas partes mantenían desde febrero en La Habana. La noticia fue recibida con signos de esperanza en Colombia.
El 18 de octubre representantes del gobierno y las farc firmaron un comunicado conjunto en Oslo en el que acordaron “la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para la terminación del conflicto”, y que el primer tema a tratar sería el “desarrollo agrario integral”.
A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, esta vez la mayor parte de la población confía en que las negociaciones puedan llegar a buen puerto. Una encuesta encargada por rcn Televisión mostró que el 77 por ciento de los colombianos apoya las negociaciones y que el 54 por ciento se siente optimista con que se pueda llegar a acuerdos definitivos (Semana, 15 de setiembre de 2012).
Sin embargo, el ex presidente Álvaro Uribe, portavoz de los terratenientes y –según muchos analistas– de los grupos paramilitares, mostró desde el primer momento su disconformidad con las negociaciones, apostando una vez más a la aniquilación de la guerrilla. “La paz con impunidad es flor de un día y un mal ejemplo para la cultura del respeto a la ley”, dijo Uribe (Semana, 28-X-12).
Todavía está fresco en la memoria del país el fracaso de las negociaciones de paz durante 1998 y 2002, que incluyeron una zona desmilitarizada (“zona de distensión”) de 45 mil quilómetros cuadrados en los departamentos de Meta y Caquetá. Luego de 40 meses de debates, incluyendo audiencias públicas en las que participaron directamente 22 mil personas, el proceso de paz colapsó y se relanzó la guerra.
En realidad, ninguno de los bandos enfrentados confiaba en llegar a la paz. Las farc utilizaron el período de distensión para fortalecerse y establecer mayores relaciones con la sociedad civil. Las fuerzas armadas lo aprovecharon para “revertir la falla operacional del ejército”, ya que se llegó a las negociaciones tras varias derrotas tácticas de los uniformados a manos de la guerrilla, y adquirir tecnología aérea para neutralizarla (Desdeabajo, octubre de 2012). En ese período, bajo los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton, se sientan las bases del Plan Colombia.

LAS RAZONES DE CADA UNO. “Hay sectores de la elite que ven en el conflicto armado una barrera objetiva, un gran obstáculo para sus intereses económicos”, asegura el diputado Iván Cepeda, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Esta sería la razón de fondo que llevó a Santos, miembro de una histórica familia de las elites colombianas, a dar el arriesgado paso de sentar a la guerrilla en una mesa de negociaciones.
El sociólogo Gregory Wilpert sostiene que Santos se identifica con la elite urbana, cosmopolita y con pretensiones trasnacionales, “cuyas preocupaciones no convergen siempre con las de los grandes propietarios terratenientes”, como sucedía con su antecesor, el ex presidente Uribe (Le Monde Diplomatique, octubre de 2012). Santos escucha menos a los caciques y a los paramilitares y estaría más inclinado hacia la unidad latinoamericana en la que se proyecta el sector exportador.
Según este análisis, que viene ganando adeptos en Colombia, la nación es percibida como no competitiva en los foros internacionales frente a otros países de la región con amplios procesos democráticos y de participación social. Diversos analistas, como José Manuel Martín Medem y Alfredo Molano, aseguran que Santos negoció con “los cacaos” (el poder económico colombiano) para poner fin al “anacronismo de la guerrilla para asegurar el escenario de sus negocios” (Diagonal, Barcelona, 31-X-12).
Entre sus proyectos figura entregar algunas tierras y financiar proyectos productivos para los desmovilizados de las farc, pero estarían situados “lejos de las zonas estratégicas del país donde se desarrollan y se ampliarán los grandes negocios de la oligarquía en alianza con la inversión internacional”. Se trata de petróleo, minerales, biocombustibles, electricidad, infraestructura y telecomunicaciones.
Tanto el gobierno como el empresariado, y muy probablemente el mando militar, consideran que la guerrilla perdió su capacidad de iniciativa y ya no cuenta con posibilidades ofensivas como para desestabilizar al país. En el plano económico, Colombia está comenzando a ocupar un lugar cada vez más destacado en la región, como lo prueban los flujos de inversión extranjera directa en los últimos años.
Luego de ocupar un lugar marginal en la década de 1990, en los últimos años se constata un verdadero salto adelante. Colombia estaba en uno de los últimos puestos en cuanto al ingreso de capitales (seis veces menos que México y casi cuatro veces menos que Argentina), pero en 2011 captó 13.000 millones de dólares, muy cerca de México y el doble que Argentina, aunque el grueso de este dinero fue para proyectos de minería e hidrocarburos.
Las grandes empresas colombianas, sobre todo las del sector financiero, se han convertido en exportadoras de capital. El Grupo Sura realizó la mayor adquisición hecha por una empresa latinoamericana en 2011, al comprar por 3.600 millones de dólares los activos de la multinacional ing para administrar pensiones, seguros y fondos de inversión en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.
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