Evo nacionaliza, España protesta
El gobierno de Bolivia dispuso el lunes 18 la nacionalización de Sabsa, la aeroportuaria filial de las españolas Abertis y Aena que controla las tres terminales internacionales del país. En el lapso de un año, la administración de Evo Morales nacionalizó tres firmas de origen español. “Sabsa no realiza inversiones de importancia en aeropuertos, maximizando sus utilidades y ganancias”, explicó Morales el lunes en Cochabamba, y señaló que si la estatización no se llevó a cabo hace tres años, como había sido resuelto, fue a expreso pedido del jefe del gobierno español de entonces, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que “había reclamado diálogo” y tiempo para que Sabsa invirtiera. “Hemos perdido tres años negociando para que puedan invertir y no ha habido ninguna inversión”, dijo. Según el ministro de Transportes, Vladimir Sánchez, entre 2006 y 2011 la firma sólo había invertido 5 millones de dólares en los aeropuertos, “una cifra irrisoria”. “No podíamos permitir el deterioro de nuestros aeropuertos, el mal servicio que estaban cumpliendo, fundamentalmente porque nuestros aeropuertos son pequeños”, dijo. El año pasado Sabsa ofreció invertir 36 millones de dólares hasta 2022, cuando vence su contrato de operación de los aeropuertos de Santa Cruz (este), Cochabamba (centro) y El Alto, que sirve a La Paz, pero el gobierno le reclamaba al menos 53 millones.
El presidente boliviano ordenó igualmente “el control militar de los aeropuertos en resguardo del interés público” y dijo que si “alguien” pretendiera impedir la concreción de la medida será “procesado de conformidad con el Código Penal”.
Sabsa anunció por su lado que reclamará al Estado una “justa indemnización de 90 millones de dólares”. Según la empresa europea, desde hace años trabaja “a pérdida” por “responsabilidad” del Ejecutivo boliviano, que redujo las tarifas de los aeropuertos “a niveles equivalentes a los vigentes en 2001”, y aumentó los salarios “muy por encima de la inflación”.
El sindicato de trabajadores de Sabsa, que empleaba a unas 800 personas, se declaró de acuerdo con la nacionalización decretada por el gobierno, que no afectará su fuente de trabajo. El Ejecutivo se dijo a su vez dispuesto a asumir los 53 millones de dólares que reclamaba a la empresa española para modernizar las tres terminales aéreas.
Entre mayo y diciembre pasados Bolivia ya había nacionalizado cinco empresas de electricidad gestionadas por dos compañías españolas (Red Eléctrica de España e Iberdrola) y seis años antes, en el marco de un proceso de nacionalización del sector petrolero, había afectado los intereses de la española Repsol. En Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy dijo que “se replanteará” las relaciones bilaterales con Bolivia tras “este nuevo acto inamistoso de sus autoridades”.