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Última actualización en 05 Abril 2013
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Escrito por: Mário Augusto Jakobskind desde Rio de Janeiro
Rio de Janeiro está en plena ebullición por los preparativos para los megaeventos que se avecinan: Copa de las Confederaciones, Copa del Mundo, Juegos Olímpicos. En dos años, de 2014 a 2016, tres enormes desafíos económicos, urbanísticos, sociales, políticos. La ciudad está inundada de obras, fundamentalmente en los barrios pobres llamados a ser transformados o al menos “pacificados”. Incluso al precio de acciones policiales violentas, más violentas que lo normal. Hace unos pocos días fueron expulsados indígenas que desde 2006 ocupaban la sede del antiguo Museo del Indio, conocida como Aldea de Maracaná y ubicada justo enfrente del estadio. Varias tribus pretendían crear en ese local un Museo de la Cultura Indígena. La Fundación Nacional del Indio no los respaldó. Dijo que no era su función proteger a aquellos que no estuvieran viviendo en sus tierras originales y que estos indígenas claramente no lo estaban. El gobernador del estado de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, del pmdb, principal aliado del pt gobernante, se sintió con las manos libres para actuar a sus anchas, y tras varias marchas y contramarchas judiciales, convocó al Batallón de Choque de la Policía Militar, una brigada que tiene entre sus principales funciones combatir el narcotráfico. Y el batallón actuó como sabe actuar: con una extrema violencia (balas de goma, gas pimienta), absolutamente desproporcionada visto el enemigo que se le enfrentaba. Hubo decenas de detenidos, entre ellos el diputado del partido de izquierda psol Marcelo Freixo. La acción policial fue denunciada ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas por la ong Justicia Global, mientras varios movimientos sociales acusaron al gobernador Cabral de actuar en favor de los intereses de los empresarios de la construcción. Antes de ser Museo del Indio, el predio, demarcado en la época imperial, era una dependencia del Servicio de Protección a los Indios. En los primeros años del siglo xx trabajaban allí el mariscal Cândido Rondon y el antropólogo Darcy Ribeiro, dos de los principales defensores de la causa indígena.
Los planes de Cabral consistirían en transformar el enorme predio en un Museo de los Deportes y en un estacionamiento para los espectadores que vayan al estadio. Otra opción es la construcción de un shopping center.
Una parte de los ocupantes del ex Museo del Indio rechazaron la oferta del gobierno estatal de ser realojados en el ya superpoblado barrio de Jacarepaguá, en la zona oeste, o en refugios destinados a gente sin vivienda. La Policía Militar fue convocada en varias ocasiones para reprimir manifestaciones de protesta.
Entretanto, la Villa Autódromo, cercana al autódromo de Rio, donde viven centenas de familias pobres, comenzó a ser desalojada para dar paso a complejos deportivos destinados a las Olimpíadas de 2016. El gobernador Cabral y el intendente Eduardo Paes, también del pmdb, se negaron siquiera a analizar un plan presentado por un grupo de técnicos que contemplaba la construcción de los complejos deportivos sin necesidad de desalojar a miles de personas.
Las minorías tampoco las tienen consigo a nivel parlamentario. Semanas atrás asumió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados un pastor evangélico integrante del Partido Social Cristiano (psc), Marco Feliciano, acusado de ser un recalcitrante racista y homófobo. La comisión está también integrada por Jair Bolsonaro, un militar retirado que defiende la instauración de la pena de muerte y justifica las torturas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar. Feliciano se ha hecho conocer por frases del tipo: “el amor entre personas del mismo sexo conduce al odio y al crimen” o “los africanos descienden de ancestros maldecidos por Noé”, y que esa maldición explica “el paganismo, el ocultismo, las miserias y los males como el ébola que afectan a África”.
Desde que el pastor asumió su cargo no hay día en que no haya alguna manifestación reclamando su renuncia. De homosexuales, de afros, de indios, de estudiantes, de artistas. El problema es que el psc forma parte de los aliados del gobierno. Se especula con que ante la multiplicación de las acciones de protesta la administración de Dilma Rousseff negocie la salida del pastor de la comisión a cambio del ingreso del psc al gabinete federal. n