La vieja dama indigna

Cuando Julian Assange ingresó al edificio de ladrillo rojo en el que funciona la embajada de Ecuador en Londres, al atardecer del 19 de junio pasado para pedir asilo político al gobierno de Rafael Correa, comenzaba un conflicto político-diplomático que con el paso del tiempo fue creciendo. El fundador de Wikileaks estaba obligado a presentarse todos los días en una comisaría y a pasar la noche en casa de un amigo en la que había fijado residencia. El hombre se encontraba en libertad provisional en espera de su extradición, ya concedida por la justicia inglesa, a Suecia, que lo reclamaba para juzgarlo por una denuncia de violación que habría sido cometida dos años atrás, en 2010, cuando el australiano había dado una serie de conferencias en Estocolmo. Pero Assange negaba haber violado a nadie y sostenía que era víctima de una maquinación en represalia por su papel en Wikileaks. Su extradición hacia Suecia, decía, era el primer paso para conducirlo a Estados Unidos, que pretende juzgarlo por espionaje por la difusión de decenas de miles de comunicaciones clasificadas del Departamento de Estado en las que quedaban patentes claros delitos de lesa humanidad durante las guerras de Afganistán e Irak.
Dos meses se tomó el gobierno de Ecuador para analizar el pedido de asilo del australiano. Hasta que esta semana anunció que ayer jueves daría a conocer su decisión. El miércoles la cancillería británica ya había enviado a Quito un mensaje en el que le anunciaba que fuera cual fuese la decisión ecuatoriana Assange sería extraditado a Suecia y que para hacer cumplir ese fallo de la justicia nacional estaba dispuesto a anular la extraterritorialidad del local de la embajada y a detener a Assange, en función de una ley de 1987 hasta ahora nunca aplicada. La ley en cuestión había sido adoptada luego del asesinato, tres años antes, de una agente de la policía inglesa por disparos que habían salido del local de la embajada libia en Londres. El hecho llevó a que Gran Bretaña rompiera relaciones con el gobierno de Gaddafi, y en medio del alboroto la ley pasó prácticamente desapercibida. Ahora la página web de la bbc apunta que cuando fue votada la ley, una de las legisladoras que la promovió explicó que había sido pensada para casos “extremos”, de “ataques terroristas” como el de 1984.
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