Siete países en el banquillo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh) comenzó el lunes 26 a examinar casos de masacres, ejecuciones y otros delitos cometidos en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela. Se estima que las primeras sentencias podrían ser emitidas en 15 días.
La demanda contra el Estado venezolano tiene que ver con el asesinato del joven Néstor Uzcátegui, en enero de 2001, en la puerta de su casa. Su hermano Luis, que presenció el crimen, dijo que no tuvo connotación política y que fue cometido por un comando policial “en labor de limpieza social”. La de Venezuela es una situación particular, porque el gobierno de Hugo Chávez anunció que abandonará próximamente el sistema interamericano de derechos humanos, del que la cidh forma parte, por estimar que tiene posturas a priori contra Caracas.
Tampoco es de naturaleza política el caso por el que se acusa al Estado argentino –la muerte del niño Sebastián Furlán en un accidente en un predio perteneciente a la Fuerza Aérea–, ni el que se le reprocha a Costa Rica, la prohibición en el año 2000 de la fecundación in vitro.
Guatemala se sentará en el banquillo por la masacre de al menos 444 indígenas mayas, entre ellos muchos niños, por el ejército, entre 1980 y 1982. Los militares consideraban que los indígenas eran “aliados de la guerrilla”.
Al Estado peruano se lo juzgará a su vez por “incumplimiento de sentencia”, al no castigar adecuadamente a los integrantes de un comando paramilitar que en 1991 asesinó a 15 personas en Lima, en la zona de Barrios Altos. En 2009 la justicia peruana impuso al ex presidente Alberto Fujimori 25 años de prisión por ese crimen y por el de la Universidad de La Cantuta, donde murieron diez estudiantes en 1992, pero tres años después, hace apenas más de un mes, un tribunal le redujo la pena, así como a los integrantes del escuadrón de la muerte que actuó en Barrios Altos y al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. El tribunal consideró que no se trataba de crímenes de lesa humanidad.
En el caso de Ecuador, la cidh examinará una demanda de sanción por “falta de juzgamiento” a los secuestradores y asesinos de Marco Palma Mendoza, en 1997; y en el de Colombia, por la muerte del periodista Luis Vélez, en 1996.