“Hay acercamientos”, decía la semana pasada en Montevideo (entre otros medios a Brecha) la ex senadora colombiana Piedad Córdoba para referirse a la existencia de contactos entre las farc y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues los acercamientos se confirmaron, y este lunes el propio presidente colombiano confirmó que su gobierno lleva a cabo “conversaciones exploratorias” con la principal guerrilla de su país, “para buscar el fin del conflicto” que dura hace casi 50 años. Santos dijo asimismo que el eln, la segunda fuerza insurgente, también mostró interés en participar en las conversaciones. Mientras tanto, unos y otros mantendrán sus respectivas operaciones militares. Ya hubo contactos en Cuba, facilitados por Venezuela, y los próximos tendrán lugar en Noruega a partir del 5 de octubre. La mesa de diálogo estará en Oslo, pero con antenas en La Habana. Venezuela y Chile acompañarán el proceso. La radio rcn, que accedió al documento –titulado “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que empezó a discutirse en febrero y fue firmado el lunes por ambas partes en Cuba–, indicó que los primeros puntos a negociar serán la definición de una política de desarrollo agrario integral, la inserción de la guerrilla en la vida política, soluciones al problema de las drogas ilícitas, víctimas y reparación, y verificación y refrendación del eventual acuerdo de paz. El texto señala que en la mesa podrán participar hasta diez personas por cada parte, aunque cada delegación podrá estar formada por hasta 30 miembros.
Estas serán las primeras negociaciones de paz en diez años. El diálogo con la guerrilla tiene opositores férreos, como el ex presidente Álvaro Uribe, del cual Santos fue ministro de Defensa. “Con las farc no se debe negociar sino combatirlas”, aprovechando su “debilidad”, dijo Uribe. Desde 2007 la guerrilla ha ido perdiendo a sus últimos dirigentes históricos, muertos en combate o en bombardeos del ejército. También perdió control territorial, pero en algunas zonas del país tiene una fuerte presencia. El fiscal general Eduardo Montealegre se declaró a su vez partidario de “avanzar decididamente hacia la paz”. “La salida al conflicto no está por la vía de las armas. La paz es un deber y un derecho constitucional”, afirmó, y dijo que Santos cuenta con “unos instrumentos enormes para sentarse a negociar” desde que en junio se aprobaran una serie de normas que facilitan la negociación. Esas disposiciones fueron tomadas luego de que las farc liberaran a los últimos militares y policías que tenían en su poder y anunciaran que pondrían fin a los secuestros extorsivos de civiles. La última negociación de paz que concluyó en una desmovilización guerrillera fue la que el gobierno estableció con el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1990. Varios de los dirigentes de ese grupo que se desmovilizaron fueron luego asesinados por comandos de extrema derecha. Las farc y el eln advirtieron que cualquier salida negociada debe comprender medidas para evitar el “síndrome M-19”. Entre las farc y el eln suman entre 10 mil y 15 mil combatientes.