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Ley de amnistía declarada inaplicable

Un tribunal federal del estado de Pará aceptó las denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas por la fiscalía contra un coronel y un mayor retirados del ejército brasileño. Sebastião Curió, el coronel, y Licio Maciel, el mayor, son acusados de la desaparición de cinco militantes de la guerrilla de Araguaia, organizada por el Partido Comunista de Brasil en 1974. De ser condenados (arriesgan entre dos y ocho años de prisión), serían los primeros militares en marchar a la cárcel por delitos cometidos bajo la dictadura. Curió llegó incluso a participar en la vida política en estos años, y fue electo alcalde de Curianópolis, una ciudad conocida por sus reservas en oro. Varias veces dijo Curió en entrevistas que no se arrepiente de nada.
El tribunal interpretó que el secuestro de los militantes es una práctica permanente, que no cesa hasta la aparición de los cuerpos de las víctimas, por lo que declaró inaplicable la ley de amnistía de 1978. Hasta ahora las denuncias contra militares y policías de la dictadura por violaciones a los derechos humanos habían sido archivadas por la justicia, con el argumento de la aplicación de esa ley, ratificada por la Suprema Corte hace dos años.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia de San Pablo mantuvo su decisión de 2008 de declarar torturador al coronel retirado Carlos Brilhante Ustra, quien en los ochenta, bajo la presidencia de José Sarney, fue agregado militar de Brasil en Montevideo. Ustra fue comandante de los servicios de inteligencia en San Pablo entre 1970 y 1974.
En paralelo, prosigue sus trabajos la Comisión de la Verdad creada por la presidenta Dilma Rousseff, que ha creado además “antenas” locales para acelerar sus investigaciones. En San Pablo, la comisión municipal convocó al ex ministro de Economía Delfim Neto, para esclarecer denuncias según las cuales habría sido uno de los impulsores de los escuadrones de la muerte en los años setenta. n