A François Hollande la luna de miel con el electorado francés le duró apenas un par de meses. Pasado ese tiempo, su nivel de popularidad se desplomó y ya debió comenzar a enfrentar ataques cruzados, desde el sector empresarial pero también de los sindicatos mayoritarios, incluidos los afiliados a la central sindical más afín al Partido Socialista. El nuevo megaajuste publicitado el pasado fin de semana no lo va a ayudar a repuntar en las encuestas, aunque justo es decir que el plan de austeridad anunciado por el socialista, destinado a ahorrar unos 33.000 millones de euros en dos años, no es ni cerca de la misma naturaleza que los ajustes practicados por su predecesor, Nicolas Sarkozy, o por los gobiernos de derecha de otros países. Hollande subrayó que los recortes serán soportados, casi que en tres partes iguales, “por quienes más tienen”, por “las empresas, sobre todo las de mayores beneficios”, y por el propio Estado: todos los ministerios perderán, salvo los de Educación, Justicia e Interior. Será de todas maneras el mayor “ajustazo” en treinta años, reconoció Hollande al presentar su “agenda para recuperar el país, el empleo, la competitividad y construir una sociedad más solidaria”. A los más ricos el presidente socialista les pidió que “den muestras de patriotismo” y “aporten, ya que pueden, más que los demás”. En su dirección, ratificó que aprobará un impuesto de 75 por ciento a los tramos superiores al millón de euros anuales de ingresos. Pero ya uno de los supermillonarios vernáculos declaró que no responderá al llamado “al patriotismo” del presidente. Se trata de Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton y cuarta fortuna mundial según Forbes, que clamó que se irá de Francia y tomará la nacionalidad belga. Ya en 1981, cuando otro socialista también llamado François –Mitterrand– fue electo presidente, Arnault se había exiliado en Estados Unidos. “Se viene el comunismo”, dijo entonces.
En su discurso del fin de semana pasado, Hollande anunció que no subirá los impuestos a los asalariados ubicados en los dos primeros tramos del irpf (hasta 26.420 euros anuales de ingresos) y que creará 100 mil puestos de trabajo antes de fin de año, con el fin de combatir un desempleo que ya ha dejado atrás la marca de los 3 millones de personas y estimular una economía estancada (Hollande bajó las previsiones de crecimiento del pbi en 2012 de 1 a 0,8 por ciento).
Casi seis de cada diez franceses dicen sin embargo estar descontentos con el presidente al que eligieron en mayo por una mayoría cómoda. Y eso a pesar de que Hollande ya ha cumplido (él lo recordó en su discurso del fin de semana pasado) con varias de sus 60 promesas de campaña. Cumplió, por ejemplo, con el regreso a la jubilación a los 60 años; el congelamiento de los alquileres; subvenciones al precio de la gasolina; reducción de gastos suntuosos e inútiles del Estado para financiar un Fondo de Bienestar destinado a los suburbios más pobres y otro para apoyar a los institutos de investigación científica de punta y contratar a jóvenes diplomados desocupados; el recorte de 2,3 millones de euros de las subvenciones a la educación privada confesional (lo ahorrado irá a jardines de infantes y escuelas primarias estatales); la reducción de entre 25 y 40 por ciento de los sueldos de los funcionarios de mayor rango, legisladores y ministros –incluido el suyo–, y con lo recaudado la creación de un fondo de ayuda a las madres solteras pobres durante cinco años…
Pero a Hollande los sindicatos, el ala izquierda de su propio partido y su aliado comunista le reprochan no haber cumplido con una promesa mayor: la renegociación total del “pacto de estabilidad” decidido por Sarkozy y la canciller alemana Angela Merkel. También lo critican por haber mantenido la política xenófoba del gobierno anterior en relación con la inmigración, pautada por ejemplo por el desmantelamiento de los campamentos de gitanos y la expulsión masiva de clandestinos.