Un ideólogo
- Última actualización en 01 Noviembre 2012
- Escrito por: Fabián Kovacic / desde Buenos Aires
Diez procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en seis provincias –dos encaminados y ocho en pleno trámite– sorprendieron a Albano Harguindeguy en su lecho de muerte. Con ese currículum se fue a la tumba el ex ministro del Interior de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. Junto a su colega y futuro remplazante de Jorge Videla, Roberto Viola, fueron los dos hombres de mayor compromiso ideológico durante los siete años y medio de gobierno militar.
Harguindeguy fue además el jefe de la Policía Federal en el último tramo del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, lo cual lo colocó en inmejorable posición para saber de la Triple A y desplazarla remplazándola por sus propias fuerzas de seguridad una vez consumado el golpe. Sus decisiones respecto a propios y extraños eran implacables. No titubeó en dejar sin poder a los parapoliciales que no se adaptaran a la nueva situación de represión indiscriminada. Por haberse incorporado a tareas de seguridad en tiempos constitucionales tuvo acceso y amplio dominio sobre las actividades de partidos políticos aún legales, y fue de los primeros funcionarios argentinos en involucrarse en el intercambio de información entre las dictaduras sudamericanas en el marco del Plan Cóndor. Como jefe de la Federal firmó los convenios de intercambio de información y entrenamiento de policías uruguayos como Nelson Bardecio en Buenos Aires, y autorizó el intercambio de documentación sobre actividades políticas opositoras con Montevideo, Brasilia, Asunción y Santiago de Chile.
Manejó personalmente los principales casos de desaparecidos y asesinados, y se informaba de los mínimos detalles. Según las expresiones volcadas en Europa ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) por el ex policía federal Roberto Peregrino Fernández, secretario de Harguindeguy en su despacho de la casa de gobierno, el entonces ministro era escrupuloso a la hora de acopiar y analizar papeles y documentos. Sobre su escritorio apareció la carpeta que portaba el obispo Enrique Angelelli con las denuncias de crímenes cometidos en La Rioja, pocas horas después de que el religioso fuera asesinado en una ruta provincial en agosto de 1976.
Sobre el mediodía del 19 de mayo de 1976 Harguindeguy despidió con las manos vacías de su despacho en la Casa de Gobierno al futuro presidente Raúl Alfonsín y a Wilson Ferreira Aldunate, que habían ido a preguntar sobre lo sucedido con Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini. Cuando ambos enfrentaron a los periodistas sobre la vereda de la Plaza de Mayo fueron sorprendidos con la noticia de la aparición de los cuerpos de sus amigos en el baúl de un auto. Alfonsín fue compañero de promoción de Harguindeguy en el liceo militar en 1943 y creyó que eso le daría cierta ventaja en la búsqueda de información. No fue así.
En 1977 Harguindeguy celebró el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Walsh publicaba periódicamente unos partes informativos desde la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla), en los que difundía los aceitados vínculos del aparato de inteligencia estatal con la cia.
Antes del golpe, Harguindeguy anunció lo que se vendría. “No somos tan tontos como para tirar cuerpos en zanjas. Con nosotros no van a aparecer nunca los cuerpos”, le anunció a Roberto Perdía, líder montonero durante un encuentro secreto para negociar la libertad de otro líder guerrillero, Roberto Quieto.
Entrenado en la Escuela de las Américas, creada por Washington en plena Guerra Fría, en 2003 aceptó testimoniar ante la documentalista francesa Marie Monique Robin para su obra Escuadrones de la muerte: la escuela francesa. Sin pudor admitió los crímenes de la dictadura militar pero dobló la apuesta: lamentó haber “dejado escapar a tantos desaparecidos”. Cuando en 2006 el juez federal Norberto Oyarbide lo procesó por crímenes y secuestros extorsivos entre 1976 y 1979, Harguindeguy recién comprendió que la paz se le acababa. Pero no tuvo mayores problemas en refugiarse en su quinta de Los Polvorines, al norte de Buenos Aires, donde enfrentó como enfermo los procesos judiciales en su contra.