“Anomia boba”

Funcionarios públicos y el aval a Cosmo en el caso Pluna

Al analizar la sociedad argentina de principios de los años noventa, el jurista y filósofo bonaerense Carlos Nino desarrolló una teoría sobre el comportamiento de la gente de su país –que bien puede valer para la de Uruguay– a la hora de respetar las normas legales, sociales y morales, entre otras. Trabajando a partir de conceptos clásicos de la sociología, como los de Durkheim y Merton, el profesor argentino identificó cierto tipo de anomalía que denominó “anomia boba”: se trata de la resistencia de las personas a ajustar su conducta a las reglas, cuando por esta inobservancia termina perjudicada toda la sociedad.
La investigación de Nino* es aplicable al uso descuidado de los espacios públicos, a la contaminación ambiental, a la naturalización de la evasión de impuestos, y también a la corrupción o actos de ilegalidad** en los aparatos estatales en detrimento del servicio público.
Si a la luz de esta teoría se analiza el caso del aval de 13,6 millones de dólares otorgado por el Banco República (brou) a la empresa Cosmo para que esta firma española pudiera participar del remate de los aviones de Pluna, es notorio el hallazgo de elementos constitutivos de “anomia boba”.
“Este fenómeno de la anomia ha jugado un papel importante en la relación del Estado con la sociedad. La arbitrariedad, la arrogancia y la personalización del poder son de alguna manera formas de no ajustar nuestra vida a reglas conocidas y aceptadas por todos. La manera de superar la anomia es fortaleciendo una cultura de aceptación y obediencia a las reglas”, señala el manual de ética y función pública, editado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).***
Un documento del área jurídica del Banco Central (bcu), realizado a partir de un pedido de informes del senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), señala que el brou incumplió normas de regulación y control del sistema financiero y también las que se deben aplicar en prevención del uso de instituciones de intermediación financiera para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto, a juicio del bcu, por no tomar los recaudos indispensables: conocimiento cabal del cliente, que permita verificar no sólo su capacidad de pago sino quiénes están detrás del nombre fantasía de una empresa, accionistas o propietarios, y qué tipo de garantías reales ofrecen para responder a la deuda y para asegurar al banco estatal que realiza un negocio con personas –jurídicas, pero también de carne y hueso– que están libres de actividades corruptas o, incluso, que no están cuestionadas por hechos presumiblemente venales.
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que decidió ocultar el informe del bcu a la sociedad al darle carácter de “reservado” (El Observador, martes 18) –lo que determina anomia en la transparencia–, fue quien en las horas previas al remate telefoneó al presidente del brou, Fernando Calloia, para señalar su respaldo al otorgamiento del aval a Cosmo. Tal intervención del ministro había sido acordada con el empresario Juan Carlos López Mena, que operaba desde las sombras –al menos para la sociedad– en coordinación con la empresa española.
Por esta razón, la justicia de crimen organizado indaga a Lorenzo, pues –de acuerdo a fuentes del sistema judicial– el jerarca pudo haber incurrido en el delito de tráfico de influencias o en el de abuso de funciones, figura que también le puede caber a Calloia, si se hallan los elementos de convicción suficientes para tal decisión: a partir del mes de febrero –luego de la feria judicial–, se prevén careos que pueden llegar a confrontar a estos dos funcionarios, y también al ministro con el empresario López Mena, dijeron a Brecha fuentes vinculadas al caso.      
“La conversación telefónica con Calloia fue para decirle que, según me había informado el señor López Mena, una empresa estaría acercándose al brou para hacer las gestiones del aval. Le pedí a Calloia que hiciera todo lo posible para que la empresa que se presentara pudiera participar y le hice expresa mención al respaldo de mi parte y del gobierno”, admitió Lorenzo (La República, jueves 13). De acuerdo a su explicación, él “tenía muy presente que faltaban pocas horas para la realización de la subasta y que la tramitación de los avales (con esos plazos y por ese monto) requería del apoyo directo del presidente del brou”.
En estos apuros, el aval otorgado por si Cosmo no cumplía con el compromiso de compra –lo que en efecto sucedió– pasa por alto el hecho de que el eventual pago de 13,6 millones de dólares por parte del brou debía ser depositado en la cuenta del fideicomiso que se creó por ley para la liquidación de Pluna: en el acuerdo firmado aparece como destinatario el Ministerio de Economía (mef), lo que violenta la norma. La desprolijidad legal que revela todo el proceso administrativo –ventilada por los medios de comunicación– es aprovechada por Cosmo para negarse a que se active su garantía del Boston de Argentina, lo que promete un juicio de carácter internacional.
El mef intimó al brou en un juicio civil que trata de subsanar el error del aval, pidiéndole al magistrado Alejandro Recarey que ordene el depósito en la cuenta del fideicomiso. Pero el proceso tiene sus complejidades en tanto el juez debe estudiar el aval y verificar posibles anomalías. No se trata de “jugar y cobrar” como se entiende en la cartera dirigida por Lorenzo.
Si se respeta la ley, el brou debe pagar y luego tratar de cobrarle al Boston. Y si al final este asegurador no cubre la deuda, la sociedad uruguaya habrá perdido otros 13,6 millones de dólares por culpa de la “anomia boba” de los funcionarios públicos. n

*     Un país al margen de la ley, Emecé, Buenos Aires, 1992.
**     Un funcionario puede asumir el llamado “comportamiento finalista” al ignorar las normas que obstaculizan los fines, aunque éstos puedan ser socialmente valiosos.
***     Ética y la función pública, Jutep, Montevideo, 2009.